A pocos días de asumir el gobierno de Omar Perotti, el 18 de diciembre, el Ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe Marcelo Saín decidió desplazar a 30 oficiales de la policía santafesina e intervenir la Unidad Regional XVII, del departamento San Lorenzo. Luego desplazó a los jefes policiales de Rosario y Reconquista. El lunes 30 de diciembre, los diputados del Frente Progresista le dieron los votos para la reforma tributaria pero rechazaron el paquete de leyes de emergencia social, económica, sanitaria, alimentaria, financiera, fiscal en las contrataciones públicas. Y también la "emergencia en seguridad", que incluía superpoderes para Omar Perotti. El escrache a la casa del gobernador en Rafaela en una movilización por un asesinato en ocasión de un robo y el ataque a balazos contra el Centro de Justicia Penal en Rosario avivó el fuego cruzado entre el oficialismo y la oposición en materia de seguridad. Una de las curiosidades de este debate es que entre Saín y el Frente Progresista se tiran sendos dardos venenosos para criticarse mutuamente, cuando hasta no hace muchos años el actual Ministro de Seguridad asesoraba al gobierno provincial progresista y era funcionario del Ministerio Público de la Acusación.
Luz verde para la mano dura
En el mes de enero hubo 22 homicidios en Rosario, con el inédito ataque al Casino City Center y la muerte del gerente del Banco Nación de Las Parejas. A partir de este hecho el gobierno provincial comenzó a relacionar las balaceras a un nuevo tipo de intimidación de sectores vinculados al narco y a negocios ilegales, molestos por los desplazamientos en la jerarquía policial. El Ministro Saín planteaba que las balaceras a edificios públicos eran parte de un "ataque terrorista urbano" planeado por Los Monos para generar conmoción porque, según las palabras del funcionario, "este gobierno tomó la decisión de romper con el vínculo histórico entre la Policía y el crimen". Además de un claro ataque al Frente Progresista esta frase es un poco autoincriminatoria ya que el poder policial y sus lazos con el hampa comenzaron a aceitarse durante los gobiernos peronistas de Reutemann y Obeid, en los cuáles Omar Perotti fue funcionario destacado.
Apoyado en este relato, el nuevo jefe de la Policía de Santa Fe Víctor Sarnaglia emitió una resolución que habilita a todo el personal de la Policía de Santa Fe a "poseer cartucho en recámara". Ahora los policías pueden salir a la calle con sus armas listas para disparar. Sin embargo lo que se olvidó mencionar el jefe de la fuerza es que estas organizaciones criminales han actuado durante todos estos años con la complicidad de los altos mandos de la "narcopolicía" santafesina. Pero eso no es todo, ya que la Policía en Santa Fe ostenta otro récord criminal: desde hace años figura en el pelotón de las cinco provincias con mayor índice de gatillo fácil del país. Las reformas y el control civil que propone el Ministro Saín ya fueron puestas en práctica por el ex ministro de Seguridad bonaerense León Arslanián, con descentralización y purgas de más de 2.000 efectivos, y demostró la total impotencia de las reformas sobre esta institución reaccionaria e irreformable.
Armando un consenso represivo
Durante estas semanas una de las dos discusiones centrales de la política santafesina (la otra es la crisis de Vicentin) fue la negociación de los representantes de Perotti para conseguir la aprobación de la ley de emergencia en seguridad. Se busca que el Poder Legislativo autorice al Ejecutivo a llevar adelante acciones sobre aspectos operacionales y de personal de la Policía de la Provincia de Santa Fe. El borrador que se está discutiendo con los distintos bloques pasan por permitirle al Ministerio de Seguridad que pueda modificar los procesos de sanción y expulsión de la fuerza policial, el manejo de gastos reservados de la Policía, la flexibilización de los límites para hacer licitaciones o compras de equipamiento, la potestad para modificar las normativas orgánicas del régimen policial y la facultad de reasignar funciones a las distintas áreas policiales.
En la declaración también se crea una Comisión Bicameral de Seguimiento de la Emergencia en Seguridad, la que estará integrada por 3 senadores y 3 diputados nominados por simple mayoría de legisladores presentes y sujetos a remoción por idéntico procedimiento. Que los representantes de los gobiernos peronistas y progresistas que ampararon, avalaron y financiaron a la policía involucrada de manera evidente en el crimen organizado, sean los que estén a cargo del seguimiento de la emergencia no pareciera ser una alternativa creíble.
Estas medidas se suman a la coordinación de tropas federales, ya un "clásico" que cruzó a los gobiernos de Cristina y de Macri, y de Bonfatti y Lifschitz, sin que muestre un solo resultado en la disminución de las cifras delictivas y sí habiendo pruebas notables de que esas tropas también participan de la actividad ilegal, como se vio en los múltiples escándalos que envolvieron a sendas cúpulas de la Policía Federal al mando de Patricia Bullrich en la región. Otro "decretazo" de Omar Perotti y el ministro Saín modifica el régimen de licencias del personal policial que data de 1979. A partir de esa medida los uniformados de las jerarquías superiores podrán ocupar cargos en los tres poderes del Estado, sin renunciar a su carrera policial. Le otorgan derechos políticos a la jerarquía de una institución donde la descomposición policial y el involucramiento de “La Fuerza” con la organización del crimen organizado es inocultable. La detención de Hugo Tognoli, jefe máximo de la Policía Santafesina, fue la primera de una serie de detenciones y escándalos que involucraron a la jefatura “azul” de la Santafesina S.A, heredera de Feced.
Pero la peripecia para otorgar plenos poderes al gobernador y al Ministro Saín, y para aumentar el poder de fuego para la Policía se basa en una interpretación intencionada de las cifras de homicidios: los índices oficiales indican que la mayoría de los crímenes recientes ocurren en ámbitos privados o entre conocidos, por lo que la saturación policial no solo es una medida indeseable sino que además es inútil y no efectiva. Se trata de llenar de policías, las excusas no importan tanto.
Bala en la recámara en la capital del gatillo fácil
Por otro lado, el gatillo fácil, es una verdadera marca registrada de todas las fuerzas represivas del Estado, tanto a nivel nacional como provincial. Lo mismo le cabe a la tortura (muchas veces seguida de muerte) en comisarías y cárceles, como sucedió con Franco Casco y María De Los Ángeles Paris. La triste lista de víctimas de violencia institucional, sigue resonando en las movilizaciones en Rosario y la región: desde Pocho Lepratti asesinado en el 2001 bajo el gobierno de Reutemann y sigue con Jonatan Herrera, Gerardo Pichón Escobar, Carlos Godoy, Jonatan Ojeda, David Campos, Alejandro Medina, Brandon Cardozo, Alejandro Ponce, Maximiliano Zamudio, Alexis Berti, Michel Campero, Sergio Giglio, Iván Mafud, Cristian Ordóñez, Dante Fiori, Maximiliano Rosasco, Jimena Gramajo, Kevin Pacheco, así como en la complicidad policial en la desaparición de Paula Perassi, muestran una práctica policial extendida y sanguinaria de control social y criminalización de la juventud de las barriadas. La bala en la recámara de Sarnaglia y Saín, a poco de anunciarse, casi se cobra una víctima fatal de 20 años en la comisaría 29 de Villa Gobernador Gálvez.
Muchas veces nos hemos encontrado en las calles peleando por justicia por estos pibes y pibas asesinados por la policía, hay datos concretos que muestran que no hubo un solo año, desde 1983 a la fecha, en el que ese índice de terror haya dejado de crecer.
De lo que no se habla
Los que apoyarán las medidas de Perotti y Saín no dicen ni una palabra de que el Gran Rosario es una de las regiones con más desocupación del país, con niveles altísimos de precarización laboral y de las condiciones de la vida entre los más jóvenes. No se menciona que las medidas de ajuste del cual el actual gobierno es continuador y que agravan las condiciones sociales que hacen que, lamentablemente, sectores de pibes vulnerables sean cooptados por las bandas narcos o directamente forzados a ser soldaditos. Hay cifras que indican que hay un 14,3% de desocupación, incrementado un 4% entre el cuarto trimestre de 2017 y el cuarto trimestre de 2019, llegando al 20,3% en los menores de 29 que, según el propio Ministerio Público de Acusación, son la población con mayor riesgo de muerte. ¿No tendrá nada que ver esto y los salarios literalmente de indigencia con el aumento de la violencia y la facilidad de reclutamiento de diversas bandas narco y narco-policiales?
Cambiaron los gobiernos nacionales y provinciales de color político y siguen siendo los barrios pobres los que sufren las consecuencias de este negocio ilegal, que creció amparado por los poderosos. Claro: a esos barrios se los militariza.
No es salida para la crisis social fortalecer a la policía: en todo el mundo hay una juventud precarizada y estigmatizada como la de Chile que se despertó e hizo caer el relato del éxito del “modelo chileno”, en Francia los trabajadores y trabajadoras del transporte decretaron con la huelga contra la reforma jubilatoria de Macron, el fin del relato sobre el “fin de la lucha de clases”. Todos ellos se enfrentan directamente a los gobiernos y sus políticas represivas. En ese sentido es que la pelea que dimos, en nuestra provincia, con todas nuestras fuerzas durante el año pasado junto a los trabajadores y trabajadoras de Electrolux contra los despidos. Son los primeros ejemplos de trabajadores que deciden no dejarse pisotear por las patronales. Cada vez que levantan la cabeza también deben enfrentarse a las políticas de los gobiernos, los ministerios y la burocracia sindical. Nosotros nos unimos a estas luchas porque peleamos para que la clase obrera entre en escena con sus demandas, junto a los jóvenes y las mujeres, contra el despotismo patronal y la precarización, en la perspectiva de forjar la fuerza social capaz de tirar abajo las bases sobre las que se sustenta este sistema de opresión y explotación.
Que Del Frade y Ciudad Futura no convaliden la política de mano dura
El compañero y diputado Carlos Del Frade en la audiencia pública realizada en el Concejo Municipal rosarino además de acompañar públicamente las medidas de Saín, atacó a los bancos que "son absolutamente intocables en este sistema y ahí lavan el 30% de la guita de estos negocios".
Coincidimos con esto último. La historia de la privatización del Banco de la Provincia de Santa Fe - llevada adelante el gobierno peronista de Jorge Obeid y la participación directa de Omar Perotti en 1996, cuando él pasó a ser Director del Banco para llevar adelante el proceso de entrega a los hermanos Rohm- es sólo una ínfima parte de un entramado que, junto a los puertos de Rosario, muestran la verdadera cara de este negocio. ¿Por qué funcionarios involucrados en esos gobiernos mágicamente van a querer oponerse a mafias a las que ampararon? ¿Por qué no se menciona ninguno de esos entramados empresariales y capitalistas pero sí se habilita a políticas represivas?
Fueron semanas de una campaña mediática descollante, donde se preparó el terreno para pedir un refuerzo con fuerzas federales para saturar los barrios de zona sur y oeste de Rosario, mientras los grandes medios ocultan la responsabilidad estatal en el delito organizado, igualan pobreza a delincuencia y utilizan los casos de muertes en ocasión de robo, terribles expresiones de degradación social, como las excusas perfectas para endurecer el poder de fuego de un Estado responsable.
El mismo Estado que garantiza la desigualdad, que niega el derecho a la vivienda, a la salud y a la educación a generaciones enteras, y que apuesta a la marginalidad estructural de sectores de la clase trabajadora, impulsa una agenda de mano dura y fortalecimiento represivo. Eso hablamos cuando se nos habla de “inseguridad”.
El apoyo oral que, hasta ahora, Carlos Del Frade y Ciudad Futura han dado a Saín, el ministro de Perotti, y su política de llegar a acuerdos para garantizar la gobernabilidad, supone una utopía: primero, controlar desde el poder legislativo a una fuerza cuya función orgánica es el control social y la represión. Y, por otro lado, que peronistas, radicales, socialistas, macristas y hasta la fuerza de Amalia Granata (!!) reformen la fuerza policial para que combata el delito organizado, cuando en realidad es la principal organizadora del delito. Más aún, una referente de Mala Junta y Patria Grande, integrante del Frente Social y Popular, Natacha Guala, viene de asumir en la flamante subsecretaría de Bienestar y Género en la Policía, del Ministerio de Seguridad. Una cobertura progresista a una fuerza irreformable.
Los empresarios y las fuerzas represivas tienen, con creces, partidos que los defiendan y justifiquen. No necesitan a fuerzas como la de Del Frade y Ciudad Futura más que para legitimar por izquierda una agenda de derecha. No hay que darles ese gusto. Una izquierda en serio no puede mezclar las banderas con la política de militarización: le corresponde defender los intereses pospuestos por décadas, los de la educación, los de viviendas dignas, la de la salud, la de un trabajo que cubra lo que cuesta vivir la vida. El apriete de que “hay que responder a lo urgente”, es la invitación a militar la agenda de los partidos del orden.
Hay que rechazar la demagogia que encubre el rol de las fuerzas represivas. Nunca pediríamos más miembros ni autos para la fuerza que mata a nuestros jóvenes en los barrios. Sería un error que el diputado Carlos Del Frade y la diputada Damaris Pachiotti avalen con su voto la emergencia de seguridad y las políticas de Seguridad del gobierno de Omar Perotti, plagado de funcionarios del asesino gobierno de Carlos Reutemann.
Hay otra política
En las últimas semanas hemos impulsado una importante declaración de organizaciones políticas, sindicales, sociales, de derechos humanos, con la propia AMSAFE Rosario, APDH Rosario, Celeste Lepratti, Aceiteros, ATE y CTA Rosario, COAD, PTS-Frente de Izquierda Unidad, familiares de Jonatan Herrera y Ramón Casco, padre de Franco, denunciando lo que consideramos una política de mano dura: la orden de llevar armas con una bala en la recámara y el desembarco de tropas federales.
Creemos que no es salida fortalecer a la misma policía cómplice. La narcocriminalidad y sus ganancias extraordinarias se sustentan sobre bases que ningún gobierno se ha atrevido a tocar: los puertos en manos privadas que facilitan el transporte, el lavado de dinero (a través del negocio inmobiliario y los bancos), o la propia ilegalidad de las drogas otorgan un terreno perfectamente abonado que se complementa con la compra de jueces, policías y demás funcionarios del Estado. Desde el PTS en el Frente de Izquierda Unidad venimos planteando que la ilegalidad es el negocio de los narcos. Por eso nosotros proponemos la legalización integral de la marihuana para terminar con la persecución de muchas pibas y de muchos pibes, hay que avanzar con la estatización de los Vicentin (para terminar con ese fraude), con impuestos progresivos a las ganancias de las grandes empresas que manejan la economía nacional y dar de baja de manera inmediata las concesiones sobre los puertos que pertenecen a la provincia y hoy están en manos privadas, además de otras medidas de alcance nacional, como ponerle fin a la sangría del pago de la deuda externa ilegal e ilegítima. Además proponemos la urgente reestatización del Banco de Santa Fe. Estas medidas, de fondo pero necesarias, no están sobre la mesa.
La vida precaria a la que se condena al pueblo trabajador, en barrios alejados y sin servicios básicos puede y debe acabarse mediante una reforma urbana integral que comience por un plan de obras públicas, infraestructura y viviendas solventado con impuestos progresivos a las grandes fortunas, permitiendo además la creación de miles de nuevos puestos de trabajo bajo gestión de los trabajadores y las organizaciones barriales populares, los únicos que tenemos las manos limpias de toda corrupción. Esto es lo contrario a la agenda represiva
Llamamos a los compañeros a no avalar esta agenda hipócrita y de mano dura del gobierno de Perotti y a seguir peleando por los derechos postergados del pueblo trabajador. La defensa de nuestros derechos no pasa por el cabildeo con las fuerzas del régimen: las trabajadoras y los trabajadores tenemos que movilizarnos de manera independiente en defensa de nuestras condiciones de vida y contra la impunidad policial amparada por todos los partidos tradicionales. |
