Una vez al año, antes del inicio de clases los y las docentes bonaerenses cuentan con el derecho a acceder a cursos de capacitación en servicio (justificando el día laboral) que les otorgan puntaje. Estos son brindados por el Centro de Capacitación, Información e Investigación (CIIE) en la ciudad de La Plata.
El martes a la mañana, fueron varios docentes que recibieron un mensaje de algún colega para no olvidar que abría la inscripción de este año. Sin embargo, en solo una hora se agotaron los cupos y cerró la posibilidad de matricularse. Esto no es nuevo, se repite año tras año: son miles los y las docentes que se quedan sin su derecho a la formación en uno de los distritos con más trabajadores de la educación del país.
La capacitación docente existe para mejorar las prácticas de enseñanza y la calidad educativa; a la vez que permite acrecentar el puntaje para acceder a los cargos de maestro y profesor en los listados oficiales de los actos públicos.
Sin embargo, la oferta que brinda el CIIE se queda muy corta para resolver las problemáticas que existen en las aulas. Los temas que se abordan son escuetos y no responden a una demanda de las necesidades que los profesores que transitan las aulas puedan pedir.
Por otro lado, el puntaje que otorgan es importante para poder tomar cargos o módulos. Si no es posible acceder a ellos por la oferta estatal, los docentes son empujados a pagar para acceder a estos cursos, llegando a endeudarse para sumar 2 o 3 puntos y así poder garantizarse un puesto de trabajo.
Hace años que se viene desarrollando todo un negociado de capacitación ligado a la privatización de la educación y a universidades privadas, que cobran hasta $12.000 para obtener 3 puntos. Es decir, el mismo Estado impone una lógica de que “quien quiera puntaje, que se lo compre”.
Esta situación es producto de años de desinversión en educación. Es la misma falta de presupuesto –menor al 6% del PBI- que hace que se caigan los techos de las escuelas, que no alcance la comida en los comedores y que cada docente deba comprarse su propia tiza para poder trabajar.
Es evidente que la escuela pública y sus trabajadores no son una prioridad para el actual gobierno, como tampoco lo fue para los anteriores. Sin ir más lejos, el mismo día que se agotaron los cupos para la formación gratuita, el gobernador bonaerense Axel Kicillof definió que pagará 250 mil millones de dólares a inversionistas extranjeros, utilizando recursos de la provincia.
Este gobierno también miente; en campaña incluyó a la educación dentro de sus prioridades, nombró a la formación docente, planteó que los salarios le iban a ganar a la inflación y a un mes de su gestión “salta la ficha”. Un día anuncia el pago a los bonistas y al siguiente difunde que no van a pagar la prometida cláusula gatillo.
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Nuevamente los docentes y la educación son la variable de ajuste. Con estas medidas se hacen visibles los caminos que se eligen: o se paga la deuda ajustando salarios y presupuesto o se la desconoce por ilegal, ilegitima y fraudulenta y se destina ese dinero para salud, trabajo, vivienda, educación. | 
