La Asociación de Trabajadores Judiciales Bonaerenses (AJB) volvió a exigir la destitución del fiscal general de Mar del Plata y exagente de inteligencia de la Dippba durante la última dictadura.
Ana María Martínez era una joven obrera y militante del PST. El 4 de febrero de 1982 fue secuestrada por un grupo de tareas mientras volvía a su casa en Villa de Mayo (donde se había radicado luego de sufrir un allanamiento en su casa de Mar del Plata) y apareció asesinada unos días después.
Por su secuestro y desaparición están condenados a prisión perpetua los militares Jorge Norberto Apa y Raúl Muñoz, quienes cumplían tareas como responsable del batallón de Inteligencia 201 y Jefe de Personal de Campo de Mayo, respectivamente. Su condena fue un triunfo que se consiguió con una dura lucha de los familiares y amigos de Ana María, que desde hace ocho años conformaron una comisión en su memoria.
Pero Apa y Muñoz no actuaron solos. Hay pruebas de que Fabián Fernández Garello, el actual fiscal general de la ciudad de Mar del Plata y en ese entonces oficial de inteligencia de la Policía Bonaerense, realizó operaciones conjuntas con el Ejército en la zona norte del conurbano bonaerense, entre ellas la que llevó al secuestro, tortura y asesinato de Ana María.
A 38 años de su asesinato, miembros de la comisión de Familiares y Amigos, junto a diversas organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos, participaron de una asamblea convocada por los trabajadores de la AJB para exigir, una vez más, la realización de un jury contra Fernández Garello y su destitución.
Marcelo Roldán, hijo de desaparecido y militante del CeProDH y PTS/Frente de Izquierda, participó de la asamblea planteando que “El PST sufrió enormemente la represión, ya desde antes del golpe con la Triple A, y Ana María fue la última compañera de los cerca de 100 detenidos y desaparecidos de esa organización. Da una enorme vergüenza ver que han pasado casi cuarenta años y seguimos rodeados de los mismos genocidas, civiles militares, de la policía, que organizaron y perpetraron en genocidio contra nuestros compañeros y familiares”.
“Sabemos que muchos de ellos, como hoy Fernández Garello, pero como también otros funcionarios y hasta empresarios, siguen en funciones en democracia aunque tienen las manos manchadas de sangre. Por la memoria de Ana María Martínez, militante obrera y socialista, seguiremos peleando hasta que haya justicia”, finalizó.
