La Ley de contratos de servicios a las personas, mejor conocida como Ley Aragonès e impulsada por el vice president de la Generalitat y dirigente de ERC, no llegará finalmente al pleno del Parlament de Catalunya, y menos aun será aprobada. El pasado lunes en la comisión de Economía y hacienda los partidos de la oposición votaron en contra.
Algunos como el PP votaron en contra porque no se había asumido ninguna de sus enmiendas en el borrador de la Ley. Otros como En Comú-Podem se opusieron casi desde el principio. Sin embargo, los mismos comunes mantienen el pacto para la aprobación de los próximos presupuestos generales de la Generalitat con JxCat y ERC. La CUP, por su parte, se ha mantenido en contra de la tramitación de la Ley Aragonès en todo momento y ha impulsado las movilizaciones en la calle.
Sea como fuere, la no tramitación de la Ley Aragonès es, sin duda, una gran victoria para todos los sectores y colectivos sociales que, junto a organizaciones sindicales y políticas, han mantenido una dura lucha para impedir que la profundización de las externalizaciones de los servicios públicos llegara al Parlament. La Plataforma Aturem la Llei Aragonès que agrupa a todos estos colectivos ha mantenido el pulso en la calle en todo momento.
Sin embargo, sería una ingenuidad descartar que el Govern de la Generalitat vuelva a intentar imponer un nuevo marco para regularizar las externalizaciones de los servicios públicos y por ese camino profundizar en el empeoramiento de la calidad para con los usuarios y la merma de las condiciones laborales para miles de trabajadoras y trabajadores.
No en vano, las políticas neoliberales configuradas en las décadas de los 80 y 90 por el PSOE y el PP en el conjunto de todo el Estado sirvieron para asentar el modelo capitalista español a ambos lados del Ebro con el apoyo de los partidos burgueses y pequeño burgueses catalanes. Todo ello, a golpe de profundizar en una ultra-precariedad laboral cada vez más aguda y asfixiante.
De hecho, las externalizaciones vienen siendo una de las principales palancas para extender cada vez más esa precariedad hacia innumerables sectores de trabajadores y trabajadoras. Muy en especial, en los gobiernos municipales, las instituciones con mayor gestión pública, es donde más se ha visto esa transferencia de gestión a manos de empresas punteras del Ibex 35, aumentando, por esa vía, sus millonarios beneficios.
Pero también en las CCAA se vienen dando gran cantidad de concesiones a empresas privadas para gestionar los servicios públicos y el Govern de la Generalitat ha sido uno de los que mejor rendimiento ha venido sacando en las últimas décadas.
En ese aspecto, con los ajustes económicos durante los primeros años de la crisis económica, en Catalunya el presupuesto del Departamento de Salud pasó de 9.700 a 8.200 millones en tan solo tres años. No obstante, en el mismo periodo, el grupo privado IDC pasó a recibir más de 127 millones de las arcas públicas, tan solo por poner un ejemplo del impulso que vienen recibiendo las empresas privadas en ámbitos públicos como la sanidad.
En cuanto a la educación, en 2015 la CUP ya denunciaba el cierre de líneas de P3 de escuelas públicas en diferentes municipios catalanes, todo ello en favor del mantenimiento de los conciertos educativos de la Generalitat con numerosos centros privados.
Y en cuanto a los servicios sociales, los que se llevan la peor parte y en los que las trabajadoras y trabajadores sufren una mayor pauperización de sus condicones laborales, Concep Miró, miembro de la secretaría de comunicación de la Intersindical Alternativa de Catalunya, destacaba en una reciente entrevista que:
En 2007 se publicó la Ley de Servicios Sociales en Catalunya donde se reconocía que eran un derecho universal para las personas. Justo después, el Govern del Tripartit “de izquierdas” planteó la externalización como modelo de gestión. Los servicios sociales catalanes ya nacieron externalizados.
Ante ello, que la Plataforma Aturem la Llei Aragonès siga impulsando la lucha en las calles y sin esperar "medidas de gracia" por parte de los partidos políticos burgueses, es el primer paso para seguir defendiendo unos “servicios públicos de calidad, de titularidad, gestión y provisión 100% pública, tal y como plantean en su manifiesto.
Pero además, es de vital importancia también desarrollar una profunda movilización social para imponer la internallización de los servicios que hoy ya están en manos de grandes empresas privadas, bajo gestión de los trabajadores y usuarios. Esa es la única forma para empezar a poner los cimientos en favor de garantizar que los servicios públicos estén a la disposición de la mayoría de la sociedad y no de las ganancias capitalistas. | 
