Alberto Fernández reafirmó que enviará al Congreso una iniciativa propia sobre el derecho al aborto. Tras las declaraciones de la Conferencia Episcopal, el gobierno aclaró que se trataría de la despenalización porque hay que ir "de a pasos". Las negociaciones con las iglesias y el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo.
Luego de largos silencios y contradictorias declaraciones, Alberto Fernández se convirtió en el primer presidente argentino que anticipa el envío al Congreso Nacional de su propio proyecto sobre el derecho al aborto.
En el marco de ese viaje, que la semana que viene tendrá un nuevo capítulo con la llegada del organismo al país, Fernández volvió a hablar del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) y afirmó que el aborto es “un extraño delito”, en referencia a que -según su opinión- “casi nunca se condena a una mujer” por esta causa.
Así, mientras el ministro de Economía Martín Guzmán y la Directora del FMI, Kristalina Georgieva, recibían bendiciones del Jefe del Vaticano, las declaraciones de Fernández se instalaban en los medios hasta confirmar que a comienzos de marzo, cuando se reabra el período de sesiones ordinarias del Congreso, el oficialismo enviaría una propuesta propia para su debate en el recinto. Junto a ese proyecto, el propondría además una iniciativa “complementaria” para asistir a mujeres embarazadas que no tengan recursos y que quieran ser madres.
Una trama conocida...
Según Página 12, el proyecto en cuestión se redacta en la Secretaría de Legal y Técnica a cargo de Vilma Ibarra, y cuenta con colaboración de los nuevos Ministerios de Género y Diversidad de la Nación y la Provincia de Buenos Aires, conducidos respectivamente por la abogada Elizabeth Gómez Alcorta y la secretaria de Género de la CTA, Estela Díaz, una de las referentes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto desde su fundación en 2005.
La Conferencia Episcopal, como era de esperarse, salió rápidamente al ruedo y llamó a manifestarse "por la protección de la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural". Con el lema "Sí a las mujeres; sí a la vida", convocaron a asistir a la Basílica de Luján el próximo 8 de marzo, "en el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer y con motivo del anunciado tratamiento legislativo del proyecto”.
Las declaraciones del Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, aclarando que “primero” se avanzará en la despenalización -que hoy regula el vetusto Código Penal de 1921- “y después en la legalización”, buscaron poner paños fríos a la reacción de la curia y llegar a “un entendimiento” entre “las distintas posturas”. Un gesto que anticipa que el debate 2020 no tendría como protagonista al proyecto que reclamaron millones en las calles.
... y una alianza inviable para las mujeres y disidencias
El “entendimiento” al que se refirió Cafiero habla de la alianza que en 2018, año de la marea verde, impidió que sea ley el reclamo de las mujeres. La unidad entre “pañuelos verdes y celestes”, entre el reclamo de las calles por el derecho a decidir y el afán de la jerarquía religiosa por impedir que se conquiste, se volvió a demostrar incompatible.
Los derechos y libertades que el Estado debería garantizar a todas las personas, como la anticoncepción gratuita, la educación sexual integral y el aborto legal, encuentran en la injerencia de las Iglesias y en el poder que se les da sobre las políticas públicas, un obstáculo insalvable.
Que muchos de los legisladores y legisladoras que encabezaron la cruzada contra las mujeres hoy vuelvan a sentarse en esas mismas bancas, u ocupen nuevos cargos en el gobierno nacional y en los gobiernos provinciales, vuelve a mostrar que ese interés cuenta con aliados en todas las fuerzas mayoritarias: desde la UCR y el macrismo al Frente de Todos y el PJ.
Que los sectores antiderechos hayan logrado, tras las elecciones de 2019, tener una mayor su presencia parlamentaria, es un alerta que la marea verde deberá tener presente para arrancar su reclamo, sin más dilaciones ni maniobras, en esta nueva etapa.
El proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que integran más de 700 organizaciones, fue presentado 8 veces consecutivas y mantiene con sus actualizaciones una vigencia incuestionable. No hay tiempo que perder ni agenda que revisar: el derecho que ya se ganó en las calles, la legalización del aborto, sólo pudo ser revertido por esa antidemocrática alianza. Por eso la confianza en la propia fuerza, la organización independiente de todas esas variantes, será fundamental.
Que no hay tiempo que perder ni “etapas” que contemplar, lo muestran los propios datos oficiales: en Argentina se practican 354.627 abortos al año, 29 mil interrupciones al mes, 985 al día, 41 abortos clandestinos cada hora. El equivalente a las 98.500 interrupciones que se habrán realizado clandestinamente al finalizar -próximamente- los primeros 100 días del nuevo gobierno de Alberto y de Cristina Fernández.
A diferencia de la simple despenalización, o de una legalización “a medias”, ese proyecto reconoce el derecho de todas las personas gestantes, independientemente de su edad, su nacionalidad, su orientación o su identidad sexual, a acceder a la práctica ante su sola decisión, sin ninguna otra intervención, de ningún tipo. Además, propone la inclusión de la IVE en el Plan Medico Obligatorio y en todo el sistema de salud, “de forma gratuita en hospitales y centros de salud públicos y con una cobertura del 100% si tienen obra social, mutual o prepaga”.
El tiempo de las 14 semanas de gestación para acceder al derecho se amplía a la sola demanda ante casos de violación, riesgo de vida o de salud, sin plazos ni denuncia judicial necesaria. Tampoco contempla la objeción de conciencia, otro de los reclamos interpuestos por los sectores antiderechos, porque consagra la práctica “como un derecho, cuyo ejercicio no puede negarse ni vulnerarse por creencias o posiciones personales, religiosas o morales”. De acuerdo a la iniciativa del movimiento de mujeres, la IVE debe realizarse dentro de los 5 días corridos en que se solicita el aborto. El único requisito es el consentimiento de la persona gestante.
Esa, como demostraron las calles, es la única forma de garantizar que efectivamente haya Ni Una Menos, que no haya más presas ni muertas por abortar, ni niñas obligadas a parir, como Belén, como Ana María Acevedo, como Lucía, como tantas otras.
Confiar en la propia fuerza
La derrota que impusieron “los dinosaurios” del Senado a la demanda de las pibas no terminó con su reclamo. En 2019, con masivas movilizaciones como la del 8 de marzo, y con una agenda que logró colarse en el debate electoral, aunque fuera silenciado en el Congreso, esa demanda histórica demostró su vigencia.
La estrategia para conquistarla, está a la vista, sigue en debate. Y ese debate se reactualiza en lo inmediato con las declaraciones del gobierno, anunciando el envío de un proyecto propio sobre el derecho al aborto, y las realizadas por las máximas autoridades de la Iglesia, llamando a movilizarse contra el derecho a decidir.
El próximo 19 de febrero, con un nuevo pañuelazo en todo el país, la Campaña Nacional por el Derecho al aborto relanzará su demanda a las calles. Allí, el movimiento de mujeres tiene el desafío de multiplicar sus fuerzas y preparar con todo una enorme movilización de cara al Día Internacional de las Mujer, el próximo 8M, para dar un mensaje contundente y exigir la aprobación de su proyecto, el de la Campaña Nacional por el aborto legal.
Cientos de organizaciones y activistas empiezan a reunirse y debatir sobre la preparación de un nuevo paro por los derechos de las mujeres de cara al 8M. Para arrancar su reclamo, el de la legalización del aborto, el de la separación de las iglesias del Estado, el de la educación sexual y la anticoncepción gratuita, ese paro tiene que convertirse en un paro efectivo, para que se multiplique la fuerza de la movilización, para que nadie deje de llevar su apoyo, para que la tierra tiemble de verdad y para que de una buena vez, el aborto sea legal, seguro y gratuito, sin maniobras y sin más vueltas.
