Las medidas autoritarias que ha tomado la UCEN se han cuestionado desde los diversos estamentos que la componen. A principios del 2019, por motivos que aún no se explican a la comunidad, hicieron una re-estructuración de las facultades que significó el despido de alrededor de 100 funcionarios, funcionarias y docentes, lo que además significó mezclar carreras de distintos rubros en las mismas facultades. Esta decisión se llevó a cabo pasando por encima de las y los estudiantes y el resto de los estamentos, que no tuvieron ninguna voz ni participación en el proceso.
El rector de la universidad, Santiago González Larraín, quien fue ministro de Minería durante el primer gobierno de Michelle Bachelet, hizo un llamado al “diálogo” después de que todo ya estaba armado al antojo de la Junta Directiva presidida por Ricardo Napadensky, una junta reaccionaria, que no es elegida democráticamente por estudiantes, funcionarios y académicos, además de gozar de sueldos millonarios y derecho a reelección.
Después de este hecho, las autoridades y mandos medios de la institución se la jugaron por mantener el normal desarrollo de las actividades académicas a pesar de demostrar su intransigencia tomando decisiones que sólo benefician a los mandatarios de la universidad.
Una vez iniciada la rebelión popular el 18 de octubre, el rector González, frente a la posibilidad de nuevas movilizaciones del estudiantado, comenzó a enviar nuevos comunicados llamando al “diálogo”, sin embargo la necesidad de organizarse estaba en la retina de las y los estudiantes, que llamaron a no tener clases mientras los militares estén reprimiendo en las calles, como también a realizar actividades de coordinación con otros sectores.
En ese marco, tras la toma protagonizada por estudiantes de derecho, las autoridades respondieron levantando sumarios a 7 estudiantes, que terminaron en las suspensión por un año, sin pruebas concretas y sin ningún escrúpulo se aplicaron estas sanciones. De esta forma el llamado a “diálogo” de González Larrain vuela por los aires.
Las y los estudiantes suspendidos han recibido el apoyo de artistas como Alex Anwandter, también de trabajadores del hospital Barros Luco Trudeau y de organizaciones sociales, como también de CIDH. Es necesario demostrar un rechazo generalizado a estas medidas, que son un claro ejemplo de persecución política a quienes se movilizan.
En ese sentido, es necesario que esta lucha contra el autoritarismo universitario de un salto hacia la lucha por la participación directa de los estamentos en cada decisión que se toma dentro de la universidad. No se puede seguir permitiendo que una casta de 6 personas (Junta Directiva) que no son electas por las y los estudiantes, funcionarios y académicos pueda seguir al mando de una institución educativa, decidiendo por encima de quienes componen la comunidad.
La lucha por el co-gobierno triestamental y la estatización sigue vigente, hoy más que nunca es necesario que la comunidad discuta cómo avanzar a levantar esta demanda para que no sigan siendo ellos quienes a su antojo mueven los hilos de toda una institución.
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