Las elecciones gallegas y vascas serán por tanto el 5 de abril. Feijóo ya había anunciado este mismo lunes que decidiría y comunicaría de inmediato un posible adelanto electoral en Galicia, comunidad que ha ido de la mano de Euskadi en las tres últimas convocatorias electorales.
Urkullu ha adelantado las elecciones para desmarcarse del conflicto catalán y de la posibilidad de los comicios vascos pudieran coincidir con los catalanes. Las elecciones vascas provocan un arrastre en la política gallega: desde 2009, cada vez que en Euskadi se anuncian elecciones, en el PP gallego hacen lo mismo.
Globalmente, tras los adelantos anunciados por Urkullu y Feijóo se encuentra el deseo de que sus urnas no se abran a la par que las catalanas. Al apretar el botón electoral se diferenciarán de la campaña en el territorio que ha marcado la vida política en el Estado español en los últimos años, pero también acortan al mínimo el ciclo sin elecciones en el que se había instalado el país desde el pasado 10 de noviembre.
Esa circunstancia va a obligar a todos los partidos a recalcular sus estrategias: el periodo de negociación de las reformas legislativas que llevan años pendientes va a estar afectado por una nueva campaña electoral. Algunas, aquellas que implican grandes consensos, serán directamente inabordables hasta que se cierre el nuevo carrusel de elecciones. Y ahí están esperando cambios en Radio Televisión Española o el Poder Judicial, por citar algunos de los más urgentes.
El presidente gallego Alberto Núñez Feijóo reconoció que este adelanto electoral se suma a los cuatro que se celebraron en 2019 —dos elecciones generales, las municipales y autonómicas y las europeas– y que él tiene en mente reducir al máximo el período electoral el número de citas electorales. Por eso, ha dicho, convoca las elecciones a la vez que las vascas.
Además, ha argumentado que con este anuncio evita "un período preelectoral de seis o siete meses y lo reducimos a tan solo 54 días". Ha añadido que con los Presupuestos aprobados y en vigor, con lo cual el Ejecutivo de la Xunta que surja de las urnas el 5 de abril "tendrá todas las herramientas para seguir trabajando".
"Ahorramos a la ciudadanía una campaña permanente de ocho meses", había dicho antes Urkullu para anunciar que los comicios vascos.
Urkullu confirmó el adelanto electoral este lunes tras un fin de semana de reflexión en el que han pesado varios factores. Por un lado, el deseo de distanciarse de las elecciones en Catalunya; por otro, el día a día en el parlamento vasco. PNV y PSE gobiernan en minoría y los jeltzales se han encontrado en las últimas semanas con una oposición feroz que se ha agarrado a sus últimos casos de corrupción para atacar al Gobierno.
El clima electoral que "se ha instalado en Euskadi" hace "muy difícil" aprobar los proyectos en tramitación, ha argumentado Urkullu en su rueda de prensa, después de informar de su decisión a Pedro Sánchez y a los presidentes catalán y gallego, los únicos que tenían en su mano la llamada a las urnas.
La decisión termina de trastocar el calendario de un año electoral en el que también estaban fijadas las gallegas y a las que se ha sumado Catalunya, aún sin fecha, pero cuyos comicios –los quintos en una década– se convocarán una vez aprobados definitivamente los presupuestos autonómicos, un trámite previsto para el próximo 18 de marzo.
Así lo anunció Quim Torra en su comparecencia del pasado 29 de enero, después de que el Govern se rompiera por el choque entre Junts per Catalunya y ERC sobre cómo responder a la inhabilitación del president como diputado autonómico tras su condena por desobediencia: los primeros partidarios de desobedecer, los segundos dispuestos a acatar. El President de la Generalitat anunció entonces “que la legislatura no tiene más recorrido político” y expresó que en cuanto se aprueben los presupuestos dirá la fecha de las elecciones anticipadas en Catalunya.
A sólo 34 días de la investidura presidencial del nuevo gobierno de coalición PSOE – Unidas Podemos, se abre un nuevo ciclo electoral en las comunidades históricas (Catalunya, Galiza y Euskadi), que lejos de ser unas elecciones autonómicas más, tendrán profundas implicancias en el mapa político estatal y, especialmente, en la agenda legislativa del gobierno que tendrá que negociar con dos de las formaciones que lo sostienen (PNV y ERC), cuando estas tendrán un ojo puesto en su electorado, e incluso con el PP.
Aparte de las iniciativas ya presentadas en el Congreso, otros temas pendientes como la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Constitucional -que exige mayoría de tres quintos del Congreso, o sea, necesita el concurso del PP-, o la renovación de RTVE, paralizada desde hace años, estarán condicionadas por este contexto.
La “mesa de diálogo” en Catalunya pendiente de las elecciones
El nuevo ciclo electoral también afectará a las conversaciones sobre Catalunya, que el Gobierno y la Generalitat van a abrir una vez se habían superado todas las citas con las urnas.
De hecho, la mesa de diálogo que iba a comenzar después de la investidura a punto estuvo de saltar por los aires con el anuncio de que las elecciones se convocarían tras los presupuestos. Una reunión en la Moncloa entre Sánchez y el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, evitó que las conversaciones entre Gobierno y Generalitat se pospusieran sin fecha.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat, Quim Torra, acordaron el pasado jueves que esa mesa para abordar "el conflicto político” eche a andar este mismo mes. Pero lo hará en un clima preelectoral con una tensión palpable entre los socios del Ejecutivo catalán.
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