Buen ejemplo de estos nombramientos “ilusionantes” ha sido el de Rita Bosaho, feminista afroespañola de Podemos, que ha tomado posesión del cargo de Directora General de Igualdad de Trato y Diversidad Étnico Racial en el actual gobierno, después de que la concejala del Ayuntamiento de Gijón, Alba González, renunciase al cargo ante el notorio malestar que habían expresado mujeres pertenecientes a colectivos racializados por su nombramiento.
También la diputada de Podemos, Beatriz Gimeno, ha tomado cargo de responsabilidad en este gobierno asumiendo la Dirección del Instituto de la Mujer junto a Boti García como Directora General de Diversidad Sexual, ambas reconocidas feministas lesbianas y defensoras de los derechos de los colectivos LGTBI.
El hecho de que haya mujeres racializadas o lesbianas en el gobierno es un cambio simbólico significativo y sin dudas un importante guiño al movimiento feminista, que ha sido uno de los movimientos sociales más activos y masivos en el último tiempo. Pero el que ellas sean parte del gobierno genera ilusiones en muchas mujeres que llevan a “institucionalizar nuestras demandas” con consecuencias como la no convocatoria de Huelga Laboral este 8M 2020.
Pero, ¿puede la presencia de algunas mujeres feministas, por más buenas intenciones que tengan, en un gobierno social-liberal hegemonizado por el PSOE producir un cambio real en las condiciones materiales de vida de aquellas a las que quieren representar?
Es decir, su nombramiento en estos cargos no implica que se vayan a cerrar los CIES o derogar la Ley de Extranjería, ni que vaya a haber educación sin discriminación para las gitanas, o educación sexual plena en todos los niveles educativos, dejando de financiar la educación concertada religiosa. Tampoco logrará acabar con la lesbofobia ni poner fin a la aterradora tasa de mortalidad de las trans, que se apoya en cuestiones estructurales como la precariedad y la explotación capitalista. Ni mucho menos implicará cambiar de forma sustancial las condiciones de vida de las mujeres en situación de prostitución o de las trabajadoras precarias.
Todo esto no depende de que un par de personas integren un gobierno, ni de su identidad sexual, ni de su buena voluntad. Alcanzar estas demandas conlleva poner en jaque al estado capitalista atacando a la propiedad privada y las instituciones patriarcales como la Iglesia.
Las conquistas que los movimientos de mujeres y LGTBI han logrado arrancar a los gobiernos históricamente, desde el derecho al voto, el derecho al divorcio y al aborto o el matrimonio igualitario, han sido subproducto de las luchas emancipatorias, con métodos radicales, autoorganización y confrontación con el Estado, nunca han sido “migajas” regaladas desde arriba.
Pero, al mismo tiempo, esa ampliación de derechos (y no para todas, ya que las migrantes siguen sin derechos políticos y sociales), siempre contrastó con una profunda desigualdad ante la vida. Las mujeres son mayoría entre las más precarias y las más pobres.
En concreto, sin derogar reformas laborales que han ayudado a condenar a las mujeres a una vida de precariedad y doble jornada laboral, no se puede pensar en un feminismo para las más explotadas. Y eso es algo que este gobierno ya ha anunciado que no va a hacer. Y tampoco puede haber un feminismo para la mayoría de las mujeres desde un gobierno que reconoce que no piensa meter mano en los intereses de la reaccionaria Iglesia católica o la gran banca.
El gobierno social-liberal necesita darse un baño de legitimidad, y lo hace mediante estas incorporaciones, cuya presencia no cambia el carácter imperialista y capitalista, racista y patriarcal del Estado.
En vez de seguir esta lógica del “mal menor”, que tiene mucho de mal y poco de menor, ¿por qué no organizarse de una vez para luchar por un movimiento de mujeres independiente del Estado, para desarrollar la coordinación junto a otros movimientos y la clase trabajadora?
Si la tarea es ardua será mejor que empecemos cuanto antes. | 
