Foto: El Tribuno
Los gobernadores de Jujuy y Salta acompañados de sus respectivos ministros de Seguridad firmaron un convenio para endurecer la política de seguridad en materia de narcotráfico, trata de personas, delitos contra la propiedad, bancarios y otros de carácter interjurisdiccional sostuvieron.
“De esta manera fortalecemos nuestras políticas de seguridad, tanto en el intercambio de información para el trabajo preventivo, como para la lucha contra el narcotráfico”, sostuvo Gerardo Morales.
A su vez, Gustavo Sáenz, afirmó que “Tener la posibilidad de reivindicar este convenio es muy gratificante para nosotros”, a la vez, que destacó “la experiencia que tiene Jujuy en materia de políticas de seguridad que posibilitarán fortalecer los trabajos conjuntos”.
El reconocimiento de Sáenz, salvo por no incluir la existencia de presos políticos, es a su manera una forma de destacar el régimen policíaco montado por Morales en la provincia que tiene el saldo de presos políticos al día de hoy. Recordemos que desde 2016 perfeccionó el aparato represivo del Estado jujeño incorporando no solamente a más policías y destinado un 420% más de fondos para Seguridad, cuando para Cultura y Educación, el aumento ha sido solo de 285% hasta 2020; si no que amplió el brazo armado estatal con la creación del ministerio Público de la Acusación y el Juzgado Contravencional, ambos dependientes del Poder Ejecutivo.
Con la implementación del código contravencional redactado durante el gobierno de Fellner (PJ), el gobernador Morales, ha dispuesto de una herramienta de persecución a los dirigentes sindicales, sociales y la izquierda como también sobre los vendedores ambulantes y la juventud de los barrios populares.
Mientras Morales, uno de los principales referentes de la UCR, firmó este convenio con Sáenz, un hombre ligado al PJ (en alianza con el senador Romero), transcurre en Jujuy la primera semana del juicio contravencional contra los principales sindicatos estatales, organizaciones sociales y los partidos del Frente de Izquierda (PTS y PO). El mismo se desarrolla en el Instituto Superior de Seguridad Pública, más conocido como escuela de formación de la policía, a metros del penal federal donde estuvieron detenidos Milagro Sala y los obreros del Ingenio La Esperanza. Un símbolo de su poder policíaco.
«En» el caso de Sáenz no se quiere quedar atrás en materia de fortalecer el aparato represivo del Estado, una de sus primeras decisiones fue nombrar a Juan Manuel Pulleiro, al frente del ministerio de Seguridad. Se trata de un ex jefe militar que niega a los 30.000 desparecidos y reivindica la última dictadura. Pulleiro debutó con una brutal represión sobre una comunidad wichí deteniendo a varios de sus integrantes; mientras la policía, por su parte, fue denunciada por torturas en las comisarías.
Es en este marco donde los gobernadores de Jujuy y Salta apuestan a la mano dura, y pese a la declaración de la emergencia sociosanitaria por parte de Sáenz, no existe ningún tipo de mención, mucho menos ayuda coordinada, desde los Estados provinciales hacia las comunidades wichís que ha tenido siete niños muertos por desnutrición en lo que va del año dentro de los ocho niños muertos.
La solidaridad entre gobiernos que apuestan a coordinar el aparato represivo de Estado, no distingue banderías políticas y, contrasta con las distintas acciones del pueblo trabajador y sus organizaciones por ayudar con alimentos, medicinas, fondos y ayuda social a las comunidades wichís azotadas por el hambre, las últimas inundaciones, frente a un Estado que mediante el desfinanciamiento de la salud pública, facilitando el avance de los desmontes a pedido de los terratenientes y la represión los condena un lento y persistente exterminio. Esta solidaridad entre el pueblo trabajador y las comunidades originarias es la que se necesita para enfrentar al Estado, sus fuerzas policiales en tiempos de ajuste a favor de los grandes empresarios y terratenientes.
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