Una muestra aberrante de lo que son la policía y el sistema de justicia mexicano, que ha incorporado algunas tibias medidas contra la violencia de género, mientras es cómplice de la violencia estructural propia del sistema capitalista, así como permite la impunidad, la misoginia institucional y de los medios de comunicación.
Ingrid no fue la primera, como tampoco Isabel Cabanillas, activista recientemente asesinada en Ciudad Juárez. Son miles los casos de mujeres asesinadas cuyos familiares tienen que lidiar con la incompetencia, omisión y negligencia de los ministerios públicos, abogados, peritos y jueces que minimizan y solapan la violencia contra nosotras.
Para conseguir la justicia para nuestras compañeras no podemos conformarnos con el juicio y castigo a los responsables materiales de violentar y asesinar a nuestras compañeras. No son hechos aislados, ni un “distractor” como afirmó bochornosamente el presidente López Obrador. Las instituciones y los políticos responsables de esta situación de violencia no la van a resolver, son cómplices y no deben quedar impunes. La justicia para nuestras hermanas solo vendrá cuando deje de haber mujeres asesinadas.
Recientemente, las movilizaciones de mujeres contra la violencia, como las asambleas y paros en la UNAM, así como las lamentables declaraciones de AMLO y el Fiscal General de la República, han desatado un fuerte debate sobre los feminicidios; ante el cual el gobierno intenta lavarse las manos planteando su “compromiso con las mujeres” en la lucha contra la violencia al proponer generalizar el delito de feminicidio en un código penal único para todo el país, pues no todas las entidades han integrado este delito a sus legislaciones.
Sin embargo, la realidad es que aún con la tipificación del feminicidio y la implementación de la Alerta de Violencia de Género (AVG) en varias entidades, esta violencia lejos de disminuir ha ido en aumento, como demuestra el caso de Ingrid en la CDMX, dondela AVG fue aprobada desde hace un par de meses por el gobierno de Claudia Sheinbaum como medida para desalentar las movilizaciones contra la violencia hacia las mujeres que estallaron desde el 25 de noviembre pasado.
Hay que acabar con el cáncer de la violencia patriarcal
Actualmente, 10 mujeres son asesinadas en nuestro país diariamente. Eso supone, por lo menos, 3,650 mujeres al año. Un incremento del 147%, según el Fiscal General de la República, pero las mujeres tenemos otros datos. Si retrocedemos un par de décadas, de 1987 a 2012 -en un lapso de 25 años- más de 34 mil mujeres fueron asesinadas violentamente, una media de 20 al día. En 2007, la media era de 4 diarias. De 2013 a 2015, la cifra oficial era de 7 mujeres asesinadas por día. En 2017 hablaban de un aumento del 47%.
Este aumento es innegable y está vinculado directamente con la impunidad en las instituciones de justicia, con la extensión de la militarización del país y de las redes de trata, a lo que hay que sumar la degradación social engendrada por los planes de los grandes empresarios y el gobierno contra los trabajadores y el pueblo, que continúan.
Ni hablar de las cifras si estas contemplaran a nuestras hermanas migrantes, que quedan fuera de las estadísticas. O de los miles de casos aun no reconocidos, como los cuerpos de mujeres que aparecen en los ríos, en las fosas clandestinas o los que fueron desintegrados por sus asesinos. La violencia feminicida es como un cáncer que ha hecho metástasis y se expande por el cuerpo de nuestra nación y del mundo sin cura.
Por un gran movimiento de miles de mujeres en las calles contra la violencia patriarcal
Miles de mujeres hemos expresado en las calles nuestro hartazgo ante la situación de violencia que enfrentamos, y que no ha cambiado con el gobierno de la 4T, pues siguen asesinando y desapareciendo mujeres. Decenas de convocatorias han sido lanzadas en las últimas 48 horas para repudiar el feminicidio de Ingrid y alzar la voz contra al violencia hacia las mujeres.
Sin embargo, es necesario unificar, coordinar y extender el movimiento de mujeres y levantar una política combativa e independiente del gobierno, de los partidos del Congreso y los empresarios, que son los responsables de la impunidad y de las políticas que nos vulneran, como la falta de transporte seguro, de infraestructura en las calles o refugios contra la violencia para que las mujeres violentadas no estén obligadas a convivir con sus agresores.
También son los responsables de la militarización del país, ahora con el nombre de Guardia Nacional e integrada en su mayoría por militares, que multiplicó los casos de feminicidio y desaparición forzada, que ha fortalecido una cultura de violencia y dominio patriarcal en miles de familias mexicanas.
Desconfiamos del gobierno y los partidos patronales porque una y otra vez desde las instituciones han aprobado leyes en nuestra contra; en tanto que bajo la actual administración no se han resuelto demandas tales como el derecho al aborto libre, legal seguro y gratuito y se mantiene la situación de violencia estructural contra nosotras.
Cada vez que pueden, utilizan nuestras demandas como botín político, “reconociéndolas” para convencernos de dejar la movilización y la protesta, pues el gobierno y los poderosos temen que las mujeres, asqueadas del mundo que nos rodea, decidamos cambiarlo todo de raíz. Por eso, rechazamos que, sin tener ninguna representatividad ni partir de un acuerdo democrático previo, haya quienes a nombre del movimiento de mujeres se encierren con funcionarios del gobierno federal o local a negociar nuestras demandas, lo que sólo ha servido para legitimarlos y que nos sigan dando “atole con el dedo”.
Desde Pan y Rosas peleamos por poner en pie un fuerte y masivo movimiento de mujeres que conquiste, con la movilización en las calles y junto a nuestros aliados, todos nuestros derechos, como un plan integral contra la violencia hacia las mujeres, que combata la precarización laboral y que pelee por la desmilitarización del país.
Impulsamos una política anticapitalista, socialista y revolucionaria, porque sabemos que para acabar con la violencia contra las mujeres hay que acabar con este sistema de hambre y miseria. Para eso debemos confiar en la fuerza de las y los trabajadores del campo y la ciudad, la clase social que produce la riqueza y quien puede realmente impulsar la transformación revolucionaria de la sociedad, lo cual requiere luchar, en unidad con el movimiento de mujeres, la juventud y lo campesinos e indígenas pobres, por un gobierno de las y los trabajadores y sectores populares. Este 8 de marzo, te invitamos a marchar con nosotras por esa perspectiva.
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