El último día hábil de la semana que terminó, el Gobierno de Fernández presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley para modificar el sistema jubilatorio de jueces y fiscales e ir derogando paulatinamente el régimen previsional especial del Servicio Exterior.
Será tratado antes de que terminen las sesiones extraordinarias. Este próximo lunes Massa convocará a los jefes de bloques para presentar el texto del proyecto.
Modificación del régimen previsional de magistrados, fiscales y funcionarios del Servicio Exterior de la Na... by La Izquierda Diario on Scribd
Se trata de la modificación de la ley 24.018, referida a las jubilaciones de miembros del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal y la 22.731 que comprende a integrantes de sedes diplomáticas y el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Tanto jueces, fiscales y miembros diplomáticos cuando se jubilan cobran haberes de privilegio en relación a los millones de jubilados que cobran la mínima o un poco más. Esas cajas previsionales pagan jubilaciones que en promedio van entre $235.000 y $335.000 y el monto más alto que se paga puede llegar a $770.100.
Uno de los cambios en la caja previsional de miembros del Poder Judicial y el Ministerio Público es ir elevando la edad mínima jubilatoria hasta llegar a los 65 años para hombres y mujeres y elevar los aportes a dicha caja a un 7%.
Además se propone cambiar el cobro del 82% del último mejor sueldo a un cálculo que arroje el 82% del promedio de los últimos 10 años activos.
Esto último también correrá para los diplomáticos, para las dos cajas se aumentarán los años de aportes requeridos. En el caso de los diplomáticos, los nuevos ingresantes, cuando se jubilen, pasarán directamente al sistema general de jubilaciones y pensiones.
Lo que no se toca es el hecho de que los jueces (que no los vota nadie y que sus fallos pueden definir los destinos de las vidas de la población trabajadora) con sueldos exorbitantes, continúan sin pagar impuesto a las ganancias.
El Frente de Izquierda, con la firma del diputado Nicolás del Caño, desde el 2016 vino presentando un proyecto de ley para modificar las jubilaciones de privilegio. Proyecto que la Cámara de Diputados nunca le dio tratamiento y ni siquiera contó con los votos de quienes por aquel entonces eran oposición y hoy son gobierno.
El gobierno de Fernández intenta “ahorrar” para hacer frente al pago de la deuda (más allá de que la negociación se extienda, es probable que pague algunos vencimientos), sacando plata de las jubilaciones.
Con la excusa de la “Ley de Solidaridad” ya logró ajustar a quienes ganan más de $16.000 (que parece que ahora son los privilegiados y tienen que colaborar para pagar una deuda que el pueblo trabajador por supuesto no contrajo).
Este nuevo proyecto de ley parece ser más un gesto para compensar el ajuste a los mayores que cobran jubilaciones que están en la mitad o apenas un poco más de lo que cuesta la canasta básica de jubilados, cuya última medición fue de $38.000.Jubiladas y jubilados que apenas llegan al día 12 o 13 de cada mes.
Dos preguntas que surgen a propósito de este proyecto. Una es si además esto no es la antesala del intento de ir por otros regímenes jubilatorios especiales que de ningún modo son jubilaciones de privilegio, como docentes, bancarios, etc.
La segunda pregunta es por qué no se toca a los verdaderos privilegiados: los bancos, las mineras, las grandes patronales del campo (es más, a ellos se los compensa con baja de retenciones). No para pagar una deuda ilegítima y fraudulenta, sino para cubrir las necesidades del pueblo trabajador.
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