El Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos ha dado este martes el pistoletazo de salida a la tramitación, vía propuesta de ley, de la puesta en marcha de dos nuevas figuras fiscales, las denominadas “tasa Google” y “tasa Tobin”, que tratarán de dar algo de aliento progresista al nuevo Gobierno en el terreno de la fiscalidad, igual que la ley regulatoria de la eutanasia lo intenta en el espacio de lo social.
Esta iniciativa legislativa de carácter fiscal tendría un aparente sello “progresista” por tratarse de dos nuevos impuestos que intentan hacer frente a lo que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha denominado “las nuevas realidades económicas del siglo XXI”, que obligan a “modernizar y adaptar el sistema tributario español anclado en el siglo XX”.
En los hechos es un intento muy tímido y moderado -por demasiado escaso en la obtención de recursos y de muy complicada aplicación efectiva- de recuperar la recaudación fiscal perdida sobre las grandes empresas tecnológicas y financieras, consecuencia directa de la liberación transfronteriza de los movimientos de capitales y la digitalización de la economía del último período, acentuado tras el contexto de la crisis económica de 2008.
La obtención de mayores recursos fiscales para el gasto público del Estado resulta un reto esencial para poder sostener el pacto social del denominado Estado del Bienestar. Un modelo nacido tras la II Guerra mundial que se encuentra prácticamente en bancarrota, mientras la concentración de la riqueza y el desmantelamiento de los gastos sociales -acompañado del fraude y la evasión fiscal generalizada de las élites sociales- se ha extendido como la pólvora.
Así pues, este tipo de iniciativas fiscales trataría de establecer mecanismos de contribución de las grandes empresas y entidades financieras a las necesidades económicas del erario público, haciendo recaer supuestamente el esfuerzo, en alguna medida, sobre los sectores más privilegiados.
O al menos esta es la idea que se trata de “vender” desde el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos, junto con otras medidas fiscales basadas en algunos incrementos de los tipos aplicables en el IRPF a los mayores perceptores. Todo ello, en realidad más como producto de marketing político que otra cosa, dado que apenas afecta al 1% de los contribuyentes y las cuantías a obtener resultan totalmente ridículas e insuficientes. Como veremos, lo mismo que está previsto que ocurra con las tasas Google y Tobin.
Cantidades ridículas y resistencia de las “Big Tech”
La recaudación prevista por ahora el propio Gobierno, apenas llega a los 1.800 millones de euros entre los dos nuevos impuestos a implementar. Serían 968 millones de euros por el impuesto sobre las empresas tecnológicas y apenas otros 832 millones obtenidos gracias a las transacciones financieras.
Cuantías que suponen ya una rebaja respecto a lo que se preveía alcanzar el año pasado, tras la posibilidad de lograr un acuerdo con Unidas Podemos para aprobar los nuevos presupuestos de entonces y antes de que se acabaran truncando definitivamente, llevando a elecciones anticipadas. En ese momento se calcularon unos ingresos de 1.200 millones solo para la “tasa Google”. Es decir, que la rebaja ha sido sustancial (un 19,3% nada menos). La ministra Montoro ha achacado esta modificación de las previsiones sobre los recursos a obtener al cambio del ciclo económico, con una importante ralentización de la economía en el Estado español. Y según la experiencia por su implantación en otros países, básicamente en el caso francés. Sin embargo, y aunque todo esto es cierto, lo que ocurre es que también se está tratando de reducir el impacto todo lo posible, si es que al final se lleva a cabo, por la reacción contraria que se espera de Donald Trump y las resistencias de las propias empresas tecnológicas afectadas.
El impuesto consistirá en gravar tan solo en un 3% a los gigantes tecnológicos, lo que parece una broma cuando al trabajador se le grava por ingresos de hasta 12.450 € brutos anuales nada menos que un 19%, por ejemplo, a los ingresos por la prestación de servicios de publicidad, la intermediación de servicios on-line y la venta de datos de los usuarios a otras empresas. Pero, además, esta fiscalidad solo afectaría a empresas con unos ingresos anuales de más de 750 millones de euros en todo el mundo y con una facturación de al menos 3 millones en el Estado español.
Y todo ello, teniendo en cuenta, además, la enorme bolsa de fraude fiscal y de evasión fiscal que vienen generando estas empresas tecnológicas que apenas pagan impuestos en el Estado español. Así, Google, aunque se calcula que factura al menos mil millones paga poco más de seis millones. Mientras que Apple ingresa un mínimo de 400 millones, pero apenas cotiza trece millones. Y Amazon que gana más de cuatro mil, apenas tributa. En cambio, Facebook se declara en pérdidas. Donde en realidad vienen tributando, aunque muy poco por ser un paraíso fiscal, es en Irlanda, Luxemburgo u Holanda, valiéndose de ingeniería fiscal para atribuir prácticamente todos los ingresos de sus delegaciones en esos países ubicados en paraísos fiscales ubicados en el pleno corazón de Europa. Todas esas cifras, por otra parte, basadas en meras previsiones por encima, muy probablemente facturen mucho más en realidad.
Pero es que, además, debido a esas importantes resistencias, no solo se han disminuido las expectativas de ingresos, ya muy escasas desde el principio, si no qué, además, se va a implantar un sistema de recaudación en el primer año que renuncia a las liquidaciones trimestrales, limitándose a la liquidación anual que llevará la recaudación a finales de año. De este modo, o habrá ningún ingreso hasta por lo menos el 20 de diciembre, mientras se especula con la posibilidad de llegar a algún acuerdo sobre este impuesto, dado que existen negociaciones entre la OCDE y el G20 para establecer algún tipo de gravamen de este tipo.
Amenazas de Trump, negociaciones y promesas “progresistas”
En las negociaciones entre la OCDE y el G20 forma parte el Gobierno de Estados Unidos que ha venido amenazando con aplicar tasas de importación del 25% sobre vehículos importados de países que aprueben esta fiscalidad sobre sus empresas tecnológicas.
Si se produjera el acuerdo y el impuesto lograse el beneplácito de las élites económicas, incluido Estados Unidos - único modo de que, por otra parte, se llegue a poner en marcha-, sin duda quedaría en evidencia lo inútil del nuevo impuesto como mecanismo “progresista” para redistribuir la riqueza
El Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se ha alineado con Francia (que ha sido amenazada con tasas de hasta el 100% sobre sus productos de exportación a Estados Unidos), retrasando todo lo posible la aplicación del nuevo impuesto si acaba viendo la luz, para evitar males mayores. Por si hubiera alguna duda sobre las intenciones del Gobierno, la ministra de Hacienda ha señalado que “adaptará su legislación interna cuando se apruebe un impuesto a nivel internacional” y que “primaremos que haya una legislación global”.
La “tasa Tobin” y la tibieza del Gobierno con los bancos
Respecto al tributo que repercutirá sobre las entidades financieras, conocido como “tasa Tobin”, el Gobierno tampoco se ha mostrado muy atrevido respecto a su concepción tributaria, tanto en cuanto al nivel de recaudación estimado como a la profundidad sobre el volumen de los ingresos que debería actuar, dados los enormes beneficios de la banca y, sobre todo, las cuantías ingentes de recursos y ayudas públicas recibidas por el sector financiero de carácter directo e indirecto.
Así, la ministra Montoro ha reconocido que “el sector financiero recibió apoyo durante la crisis por parte de las administraciones públicas” y que debido a ello y a la necesidad de la “modernización del sistema tributario” es necesario implementar este nuevo impuesto. Impuesto que consistirá en un impuesto indirecto que gravará las transacciones de acciones de empresas con una capitalización bursátil de más de mil millones de euros, que será pagado por el intermediario que intervenga, normalmente entidades financieras, y cuya recaudación prevista será de tan solo 850 millones de euros.
Si bien, aquí se mantiene la cuantía respecto a la prevista hace un año, es evidente, lo escaso de la ambición cuando se trata de un impuesto indirecto y cuando los niveles de volumen de negocio y de transacción exigidos para aplicar el impuesto son tan enormes que afectaran tan solo a una pequeña minoría y con poca incidencia recaudatoria.
En definitiva, no parece que este Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos pueda ni quiera enfrentarse con los intereses de las grandes corporaciones y los bancos, como le supondría llevar adelante una política fiscal que extrajera suficientes recursos de las grandes fortunas, las grandes empresas y las entidades financieras para avanzar en una fiscalidad redistributiva y socialmente justa, imponiendo que los más ricos sean los que paguen más.
Para que de ahora en más la crisis la paguen los ricos y no la clase trabajadora y los sectores populares, hace falta construir una izquierda que no se subordine a los poderes fácticos del capital. | 
