Hoy se cumplen 14 años de la tragedia de Pasta de Conchos, una mina en la zona carbonífera de Coahuila concesionada a Grupo México, propiedad de Germán Larrea, en donde la falta de condiciones adecuadas de seguridad produjo una explosión que dejó sepultados a 65 mineros. Un homicidio industrial que continúa impune.

La conferencia mañanera de hoy inició, tras una breve introducción de AMLO, con un informe de la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, sobre los trabajos que se vienen llevando adelante para el rescate de los cuerpos de los mineros, exigencia que vienen haciendo los familiares de las víctimas desde el 2006.

Tras los estudios de viabilidad que se han realizado a partir de un convenio con el Servicio Geológico Mexicano, que entregará un dictamen en marzo, con lo cual se podrá iniciar la ingeniería básica y de detalle del nuevo inclinado para acceder a la mina. A partir de ahí comenzaría el proceso de licitación y se espera iniciar el nuevo inclinado para principios de octubre.

La secretaria también informó que ayer, Grupo México dio a conocer que entregaría al gobierno mexicano el título de concesión de El Olivo, lugar donde ocurrió el “accidente”.

Respondiendo a una pregunta sobre si Grupo México pagará algún tipo de indemnización (más allá de las que se vio obligada a pagar a los familiares) o si habrá algún tipo de castigo para la empresa, pues durante mucho tiempo se negó al rescate de los cuerpos, Alcalde informó que desde la Secretaría que dirige no se sigue ningún tipo de procedimiento administrativo o penal.

Por el contrario, lo que celebra la funcionaria es que, voluntariamente, Grupo México regresa la concesión al gobierno mexicano; es decir, la concesión de una mina abandonada –que obviamente no le reporta ganancias a la empresa- precisamente por el derrumbe ocasionado por la explosión de hace 14 años.

A su turno, López Obrador vuelve a resaltar la importancia de que Grupo México haya accedido a entregar la concesión de la mina: “Esto lo tenemos que reconocer”, dijo, pues si no se iba a iniciar un proceso jurídico.

Así, aunque el Presidente diga que la entrega de la concesión no limita el derecho de los familiares de las víctimas a sus procesos de indemnización o a cualquier reivindicación laboral o social, queda claro que el gobierno de la 4T seguirá garantizando la impunidad de los responsables de la tragedia.

Aniversario del Ejército

Hoy también es el aniversario del Ejército mexicano, cuya historia, relatada brevemente por AMLO en la mañanera, se remonta a la Revolución mexicana, cuando en 1913 fue creado por Venustiano Carranza el Ejército Constitucionalista para enfrentar el golpe de Estado contra Madero. Ni una palabra, dicho sea de paso, del papel decisivo de la División del Norte de Pancho Villa para derrotar al ejército de Victoriano Huerta, tras lo cual sería combatido por las fuerzas carrancistas.

Con este relato, el mandatario anunció para hoy un homenaje al Ejército en el Zócalo, continuando así con la operación ideológica de limpiar la imagen de este cuerpo castrense, abrumadoramente denunciado por la violación de derechos humanos, involucrado en la desaparición de los 43, responsable de masacres como las de Tlatlaya e Iguala (por citar sólo unas recientes) y actor central de la militarización del país, con todas sus nefastas consecuencias; militarización que continúa bajo la 4T bajo la forma de la Guardia Nacional, nutrida precisamente, en su mayor parte, por el Ejército mexicano.

Adultos mayores empacadores

Ante una pregunta sobre la situación de los adultos mayores que empacan en las cajas de los supermercados, dado que ya no se dan bolsas y las empresas no les pagan salarios, Luisa María Alcalde explicó que se están buscando mecanismos, pues uno de los requisitos para empacar es ser jubilados, por lo que no se les puede considerar como trabajadores. Es decir, si se les reconociera como trabajadores, perderían su derecho a recibir una pensión.

Entre las alternativas mencionadas por la Secretaria están las jornadas flexibles (de menos de ocho horas) o la posibilidad de ir o no ir a trabajar. Queda pues, fuera de toda duda, que este sector seguirá trabajando en condiciones precarias, y que entre los planes del gobierno no se contempla un aumento de las pensiones, con lo que los adultos mayores no tendrían que seguir trabajando hasta la muerte.

Feminicidios en la 4T

López Obrador se pronunció a favor de las medidas coercitivas necesarias para enfrentar el problema del feminicidio, como el aumento de la pena por este delito a 65 años, votado ayer por los diputados. Además, no descartó la propuesta de crear una fiscalía especializada en feminicidios.

Junto a ello, insistió en que “lo principal es luchar por una sociedad mejor”. Como si las políticas de su gobierno, entra les que se encuentran los despidos y recortes en salud y educación producto de la austeridad republicana; la preservación del trabajo precario en la nueva reforma laboral y en programas como Jóvenes Construyendo el Futuro; la imposición de megaproyectos con el consecuente despojo a comunidades y las afectaciones ambientales; o la utilización de la Guardia Nacional para reprimir migrantes, apuntaran en ese sentido.

Pero la realidad es que mientras se imponen esas políticas, escudados en la “autonomía” se preservan elevados sueldos de jueces y altos funcionarios, como la burocracia universitaria; y los intereses de los grandes empresarios quedan intactos, por ejemplo, al no aumentarse impuestos a los que más ganan. Todo lo cual está en la base de preservar la desigualdad que da lugar a la descomposición social y a fenómenos aberrantes como el feminicidio.

Paro estudiantil en la EDPA

Por último, respecto al paro que realizan las y los estudiantes de la Escuela de Derecho Ponciano Arriaga desde este lunes, exigiendo entre otras demandas la destitución de su directora, López Obrador se mostró paternalista y condescendiente: “¿En qué universidad no hay movimiento?, los estudiantes son la levadura”, dijo, minimizando esta lucha y el problema que refleja.

Sin conocimiento de los hechos, dijo que todo se puede conciliar mediante el diálogo y que se le va a pedir a Raquel Sosa (Coordinadora de las 100 universidades del bienestar) que regrese para responder a la organización Mexicanos contra la corrupción, que ha mostrado su oposición a este proyecto educativo desde una posición privatizadora.

Se le indicó al Presidente que las y los estudiantes ya sostuvieron una reunión con Raquel Sosa y que ahora piden su destitución. En aquella reunión, como denuncian quienes sostienen el paro en la EDPA, la actitud de Raquel Sosa fue de prepotencia y ninguneo, llamándolos incluso rechazados.

Y como si no tuviera idea de la situación de carencias, precariedad e irregularidades del proyecto de las “100 universidades”, el jefe del Ejecutivo aseguró que sí están reconocidas (algo que cuestionan los estudiantes), para externar más delante que: “Para nosotros es uno de los mejores programas, a mi me llena de satisfacción que los jóvenes no sean rechazados y que tengan la posibilidad de estudiar”.

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