Luego de varios años de lucha contra las políticas extractivistas del Gobierno del MAS, comunarios de Tariquía denuncian que se pretende ingresar a la reserva con la empresa Chaco, subsidiaria de YPFB, para la perforación del pozo Astillero X1 en agosto. El gobierno de Áñez profundiza el avance extractivista en el país en beneficio de los intereses agroindustriales.
Una de las críticas más fuertes que se le hizo al Gobierno de Evo Morales fueron sus políticas ambientales, su doble discurso con respecto a la madre tierra y su alianza con transnacionales y agroindustriales que dieron paso a decretos como el 2366 que permite la exploración petrolera en áreas protegidas y el 3973 que autorizaba el desmonte para actividades agropecuarias en tierras privadas y comunitarias. A este último se atribuye ser una de las principales razones para los incendios que arrasaron alrededor de 5 millones de hectáreas del Chaco, Chiquitanía y Amazonas del país. La indignación legítima del pueblo ante esta tragedia ambiental, fue también una de las razones del debilitamiento del MAS en sus últimos meses de Gobierno.
Esta indignación también fue utilizada por todo el arco opositor que luego se hizo al poder, comenzando con Jeanine Áñez que en su momento criticó el actuar de Morales al no declarar desastre ambiental los incendios de la Chiquitanía. Sin embargo, Áñez ahora en el poder no hace mención alguna al tema de la abrogación de los decretos que tanto criticaron. De la misma manera el actual ministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora, al asumir el cargo dijo que “no se tocaría Tariquía”, sin embargo tampoco hizo referencia a la abrogación de los decretos señalados ni a los contratos firmados con las petroleras.
Ahora es justamente Zamora de la mano de Amador Montes, a quien posesionó como viceministro (hermano del ex alcalde de Tarija Oscar Montes para seguir con la tradición de rosca que siempre se impuso en este país), quien propicia la entrada de la petrolera Chaco, subsidiaria de YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos), al bloque de Astillero en agosto según denunciaron los comunarios de Chiquiacá.
Según difundieron algunos medios de prensa, la representante del Comité de Defensa de Tariquía, Nelly Coca, ante esta situación declaró:
“En la comunidad de Chiquiacá, parte de la Reserva de Tariquía del bloque San Telmo, estamos preocupados y en emergencia. Hemos recibido información de comunarios de San Antonio en Bermejo, de la Sección 2 de la provincia Arce, y de los pobladores de Chiquiacá que se están llevando reuniones con el viceministro, Amado Montes y la directiva de YPFB Chaco – que es subsidiaria de Petrobras – para concretar los proyectos de obras civiles en el mes de mayo; y entre agosto y septiembre estará listo para pasar a la perforación.”
Recordemos que, a manera de justificar el ingreso de las petroleras a la Reserva, el anterior Gobierno elaboró otro plan de manejo del área que rezonificaba la zona núcleo, el cual fue aprobado sin la consulta a los comunarios de la reserva, justamente para ingresar a Astilleros, que formaba parte de la zona núcleo –intocable- de la reserva. Todos estos meses lo comunarios de Tariquía han estado exigiendo al autodenominado “gobierno de transición” de Áñez que anule ese plan de manejo, a sabiendas que fue elaborado para beneficiar a las petroleras. Sin embargo Áñez y su gabinete hace oídos sordos a este pedido y ahora se justifican en la rezonificación para ingresar en agosto a realizar la perforación.
“Están totalmente desinformados. Siempre se dijo que Tariquía, Churumas y San Telmo no se tocan porque están en las venas de Tariquía, pero lo que si se ha aprobado, son las comunidades de Astilleros, de Cajón, de Bermejo. Es que la gran mayoría aprobó que se construya la mega estructura al sur, casi afuera de la Reserva que toca una pequeñísima parte”, manifestó Daniel Centeno, representante del ministerio de Hidrocarburos del departamento de Tarija.
También denuncian que las actuales autoridades están negociando nuevamente los contratos a espaldas de los comunarios vulnerando, una vez más, el derecho a la consulta previa. Mientras el Gobierno del MAS se inventaba planes de manejo y realizaba consultas previas manipuladas, los actuales representantes de la agroindustria en Palacio, según denunciaron comunarios de Chiquiacá, aprobaron la entrada de YPFB recurriendo a métodos de prevenda con grupos interculturales (relocalizados en el gobierno del MAS) y engañando a los comunarios nativos con promesas de trabajo y cattering.
Imagen tomada de la página Chiquiacá Resiste
Una vez más, para quienes aún tenían esperanzas de que el actual Gobierno iba a tener políticas ambientales responsables, queda nuevamente demostrado que quienes siguen moviendo los hilos de este país son realmente los grandes capitalistas, agroindustriales y petroleros, y que encuentran en el gobierno de Áñez aliados aún más fuertes e inescrupulosos para llevar a cabo sus intereses.
Esto ya se vio demostrado cuando la ministra de Medio Ambiente, Elva Pinckert, se reunió con los agroempresarios para hacer un plan de “reforestación” de la Chiquitanía sin tomar en cuenta a los habitantes de los territorios afectados. Ahora se vuelve a reflejar en el nuevo convenio establecido entre Capobianco, la nueva ministra de Desarrollo Rural y Tierras y la Confederación Agropecuaria de Oriente (CAO), en el cual acuerdan que los empresarios den un aporte voluntario de 10 dólares por hectárea para agilizar el proceso de saneamiento y titulación de tierras. Con esta medida buscan otorgar un derecho propietario para que los empresarios dispongan actividades productivas en todas las áreas que “les pertenecen”. Con esta medida, Jacinto Herrera, secretario ejecutivo nacional de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) denunció que se trata de un trato parcializado que les quitaría derechos propietarios a los pequeños y medianos productores.
Todos estos elementos desnudan cada vez más la alianza criminal entre los empresarios y el Gobierno, que ya existía pero que se ve cada vez más consolidada a partir de un gobierno de facto que en los pocos meses de gestión ya demostró que está dispuesto a todo con tal de proteger los intereses políticos y económicos que ahora ostentan.
