La historia de la deuda argentina es la historia de un fraude, acompañada como la sombra al cuerpo por la fuga de capitales, que ha permitido que la clase dominante acumule en el exterior alrededor de U$S 400 mil millones, más que un Producto Bruto Interno entero. Solo en la era Macri se fugaron del país U$S 88 mil millones de dólares, según las estadísticas del Banco Central de la República Argentina: los recursos fugados equivalen a casi un cuarto del PIB (Producto Interno Bruto) y, con toda seguridad, su destino fueron paraísos fiscales. La deuda del Estado nacional creció en una cifra similar durante la gestión Cambiemos. Es decir, que existió un circuito en el cual el megaendeudamiento financió en gran medida la fuga de capitales, que realiza la gran burguesía local.

El megaendeudamiento de Macri constituye un acto hostil a la Nación Argentina y, por lo tanto, aplica al mismo la doctrina de la “deuda odiosa”: primero, porque la deuda fue contraída contra los intereses de la nación y del pueblo, de lo cual existe un testimonio contundente en el aumento de la pobreza, del desempleo y en la caída del poder de compra del salario; segundo, porque los prestamistas conocían esa situación y la imposibilidad de pagar los créditos otorgados, con intereses usurarios en el caso de los privados. En particular, el préstamo del FMI constituyó un aval de Donald Trump a la continuidad de Macri en el poder. La aprobación del préstamo no pasó por el Congreso. En su momento, antes del cambio de gobierno, este hecho, fue denunciado judicialmente por Claudio Lozano y Jonatan Baldiviezo. La diputada Fernanda Vallejos, del Frente de Todos, también denunció judicialmente a “Macri, Peña y Dujovne por la utilización fraudulenta para financiar fuga de capitales de los dólares del préstamo inconstitucional del FMI”. Estas denuncias sobre el incumplimiento de la legalidad burguesa en el proceso de endeudamiento realizadas por una parte de quienes hoy integran la coalición de gobierno se daban al mismo tiempo que otros componentes de la misma acompañaban en el Congreso todas las medidas de Macri. Hoy, sin embargo, Vallejos y otros votan reconocer la misma deuda que antes cuestionaban.

El FMI autorizó en abril de 2019 la utilización de reservas del Banco Central para financiar la fuga de capitales, algo que no obstante venía ocurriendo desde antes pero está prohibido en sus propios estatutos. Todas estas irregularidades, como así también la observada en la emisión del bono a cien años que realizó el ex ministro de Finanzas, Luis Caputo en beneficio de un fondo de inversión del cual él había sido accionista; o las denuncias de bonos “delivery” emitidos por el estado argentino a pedido de los fondos de inversión, son motivos más que suficientes para acreditar el carácter de “deuda odiosa” y plantear su desconocimiento soberano.

El megaendeudamiento que dejó el macrismo no es una novedad. Se observa la misma dinámica en otros ciclos de endeudamiento del país. El Banco Mundial determinó hace muchos años que el 40 % de la deuda contraída por la dictadura financió la salida de capitales, otro 30 % fue a pagar intereses de la deuda previa y el 30 % restante se destinó a la compra de armamentos e importaciones no declaradas. En los últimos años de la dictadura, Domingo Cavallo nacionalizó deudas privadas de los grandes grupos económicos, entre ellos Techint, Renault, Pérez Companc, Bridas de la familia Bulgheroni, Industrias Metalúrgicas Pescarmona (Impsa), Ford y la familia Macri. Esa deuda la terminó pagando el pueblo trabajador. En el año 2000, el juez Jorge Ballestero dictaminó en un fallo que se detectaron 477 ilícitos en la constitución de la deuda durante la dictadura. Ese fallo fue enviado al Congreso, donde duerme el sueño de los justos. El Parlamento, que nunca trató este falloni otras denuncias sobre irregularidades posteriores, votó pagar a los buitres atendiendo un fallo de un juez de Nueva York.

El Plan Baker y el Plan Brady en los años ‘80 y ’90 constituyeron renegociaciones de la deuda que facilitaron las políticas neoliberales y el despojo de los bienes públicos a través de las privatizaciones. El “blindaje” en el 2000 y el “megacanje” de Domingo Cavallo de 2001 están sospechados de fraudes con la colaboración del FMI, el Banco Mundial y bancos privados. Con el “megacanje” la deuda pública se incrementó en U$S 53 mil millones. En 2001, el desembolso del FMI que siguió al “déficit cero” se evaporó casi todo en la fuga de capitales. Existen investigaciones que indican que el 80 % de la fuga fue organizada irregularmente por el Citibank, Bank Boston, Banco Galicia, Banco General de Negocios y BBVA.

Incluso la supuesta negociación soberana del kirchnerismo de 2005 fue cuestionada no solo por la izquierda sino por Claudio Lozano (recientemente asumido por director en el Banco Nación): a esa reestructuración la llamó el “megacanje” de Néstor Kirchner, Eduardo Duhalde, Roberto Lavagna y Alfonso Prat Gay (presidente del Banco Central hasta 2004), diciendo que fue un canje inconstitucional, ilegal y sospechado. Y que, en los hechos, fue una reestructuración sin quita. Los Kirchner, recordemos, fueron “pagadores seriales” de la deuda, como ellos mismos se definieron: pagaron USD 200 mil millones durante sus gobiernos.
La definición de Lozano se puede corroborar en lo que planteó Axel Kicillof para intentar cerrar el litigio con los fondos buitre en 2014. En esa ocasión ofreció las mismas condiciones del canje de 2005 y lo explicó así: “Argentina quiere pagarles en condiciones justas a todos los bonistas. Por eso el señor Paul Singer –titular del fondo NML, principal litigante contra la Argentina– puede venir y conseguir un 300 por ciento de ganancia si compra los bonos reestructurados en las condiciones de los canjes que lanzamos en su momento. ¿Esa ganancia es poco para él? Sí, es poco, porque es un buitre”. Finalmente, Singer y los estafadores de Nueva York lograron con el macrismo ganancias aún más elevadas.

En 2014 se creó una Comisión Bicameral de investigación sobre el origen y seguimiento de las negociaciones relativas a la deuda externa pública. La Comisión se reunió muy pocas veces. Una de esas oportunidades fue en abril de 2018. Allí Kicillof se cruzó con Luis Caputo: "Usted tiene mucha información para llenarse de guita", le disparó. Hoy son parte de un nuevo gobierno de “pagadores seriales” y, en el caso del gobernador de la Provincia de Buenos Aires, su cumplimiento con los “buitres” se hace a expensas de no cumplir aumentos acordados a los docentes.