El pasado lunes el ministro de Trabajo y Previsión Social, Fernando Arab, y el Director Nacional del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), Juan Manuel Santa Cruz lanzaron el programa “Experiencia Mayor” en su edición 2020, el cual había sido anunciado desde junio del 2019 por Cecilia Morel y gremios empresariales. Dicho programa consiste en subsidios a las empresas que contraten a personas mayores de 60 años, bonificando un 60% del ingreso mínimo además de $400.000 para capacitación. El anuncio plantea que 505 trabajadores se verían “beneficiados” con este programa, siendo $273 millones de fondos públicos que terminarían en el bolsillo de empresarios.
Indignación en redes sociales
Si bien el programa no es nuevo (es su 2° edición) abrió el debate en redes sociales, donde el rechazo e indignación fueron la tónica.
La principal impugnación contra el gobierno y programa tiene relación con la naturalización de que las y los jubilados tengan que seguir trabajando a consecuencia de las pensiones de miseria que reciben, las cuales no les permiten vivir, donde en muchos casos los ancianos se suicidan por no poder costear su vida. Ignorando como viven las y los ancianos pobres el director del SENCE no duda en decir que “"A quién le gustaría quedarse en la casa todo el día sin hacer nada", una completa burla para la realidad que viven miles de jubilados en el país.
El negocio que no quieren tocar
La indignación expresada en redes sociales no es azarosa, menos en el Chile que despertó. Es evidente que el gobierno sigue defendiendo los interesas empresariales.
Por un lado, subsidia a los empresarios “bondadosos” que contratan a personas de la tercera edad, asegurándoles ganancias a este sector. La “bondad” de estos empresarios no es más que su sed de ganancias, que busca mano de obra barata que pueda explotar por un menor costo, y que ahora además se les asegura una inyección de dinero por parte del Estado. Un negocio redondo.
Por otro lado, mantiene sin tocar el gran negocio de las AFP. Según estudio de Fundación SOL, hasta diciembre del 2018, un 50% de los jubilados obtuvieron menos de $151.000 en sus pensiones. Por lo mismo, se ven empujados a seguir trabajando para poder vivir, en el periodo de sus vidas donde deberían descansar luego de toda una vida de trabajo. El gobierno en lugar de tocar las millonarias ganancias empresariales de quienes se enriquecen con nuestros ahorros, prefiere cargar contra los jubilados para que sigan siendo explotados.
Por los jubilados, luchemos por una Asamblea Constituyente Libre y Soberana
La demanda de No+AFP es una de las más sentidas por la población, tal como se ve en las movilizaciones abiertas desde el 18 de octubre (e incluso antes). Queremos terminar con el negocio que permite que empresarios nacionales y transnacionales se hagan millonarios invirtiendo nuestro dinero en el mercado financiero para que ellos aumenten sus ganancias, mientras a nosotros nos destinan a una vejez de miseria, con pensiones que no cubren las necesidades básicas.
Lo peor de esto, es que el actual proceso constituyente (tanto en su versión de convención mixta como constituyente) no permite tocar este negocio. Es un proceso que no da solución a una de las demandas más sentidas por la población. A este engaño de la derecha, se han sumado desde la ex Nueva Mayoría hasta el Frente Amplio.
Si queremos cambiar el actual sistema de pensiones debemos luchar por una tercera alternativa, es decir, una Asamblea Constituyente Libre y Soberana. Está demostrado que el régimen no entregará este espacio democrático en función de mantener los pilares del Chile neoliberal, por lo tanto la organización y movilización es fundamental. No será sino por la vía de la lucha, con la actuación independiente del movimiento obrero y sus métodos como la huelga general, que realmente podremos conquistarla, e incluso enfrentar quienes van a buscar mantener el actual modelo.
Son las organizaciones de trabajadores como la CUT y los sindicatos, quienes en conjunto con los espacios de autoorganización como las Asambleas Territoriales y el mismo Comité de Emergencia y Resguardo de Antofagasta, quienes impulsen además la lucha por un programa de emergencia, que tengo dentro de sus demandas centrales el fin al sistema de AFP, la lucha por un sistema de pensiones público, tripartido, solidario y gestionado por los trabajadores, que asegure pensiones acorde a la canasta básicas para todos las y los jubilados. | 
