Una larga tradición de resistencia frente al extractivismo caracteriza a Argentina, con movimientos que se oponen al fracking petrolero, a la megaminería, a un modelo agrícola basado en agrotóxicos, al avance de la frontera agropecuaria a costa de los bosques nativos y a pagar los platos rotos de una crisis climática que ya muestra consecuencias en el país. A pocos días del inicio del gobierno de Alberto Fernández, una enorme movilización popular derrotó en las calles el intento de habilitar la megaminería utilizando sustancias tóxicas como cianuro, mercurio y ácido sulfúrico mediante la reforma de la ley 7722 en Mendoza. Movilizaciones similares ocurrieron en Chubut contra el intento de avanzar contra la ley 5001, que prohíbe la megaminería en esa provincia.
A estas movilizaciones le han seguido una frenética actividad para intentar dotar de una “fachada verde” al gobierno del Frente de Todos: reuniones a nivel ministerial, creación de agencias gubernamentales y declaraciones de buenas intenciones. Este despliegue no puede ocultar dos hechos concretos: las actividades extractivas y la megaminería en particular cuentan con el firme apoyo del gobierno de Alberto Fernández, como fue manifestado por el propio presidente. En este marco, los rumores sobre la modificación de la ley nacional de glaciares, la designación de funcionarios como Alberto Hensel, exministro de minería de la provincia de San Juan, y de José Luis Gioja, exgobernador de la misma provincia, no deja lugar a dudas sobre la política a seguir. Como tampoco deja dudas la baja a los impuestos por retenciones a la actividad efectuada por el gobierno dentro de su megapaquete de ajuste “solidario”.
Esta constituye una verdadera política de Estado mantenida en el tiempo, y que puede remontarse a las leyes pro mineras y la modificación del Código de Minería sancionadas durante el gobierno de Carlos Menem y continuado con beneficios tributarios, convenios y legislación favorable otorgada por los gobiernos de Fernando de la Rúa, Eduardo Duhalde, Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri. Un sistema de escandalosa protección, como quedó en evidencia con los derrames de agua cianurada en la provincia de San Juan. Como evidenció la votación en la Legislatura Mendocina, esta política es sostenida tanto por la coalición de Juntos por el Cambio como por el Frente de Todos.
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La comunidad científica no ha sido ajena al debate político sobre el extractivismo. Junto a las asambleas contra la minería y contra los agrotóxicos que se desarrollan a lo largo y ancho del país, fueron muchos los científicos que denunciaron los efectos negativos en el ambiente, las comunidades locales y otras actividades económicas como la agricultura.
Particularmente, una serie de notas aparecidas en el suplemento Cash de Página 12, junto a solicitadas y documentos, reflejan este debate. Estos pronunciamientos, de forma implícita o explícita, señalan la presencia de dos posiciones aparentemente irreconciliables sobre el tema minero. Una de ellas se centra en sus efectos negativos en el ambiente, las comunidades locales y otras actividades económicas como la agricultura, mientras la otra señala los beneficios económicos como la generación de empleo y el incremento de las exportaciones.
Dentro de este debate, cabe señalar un reciente documento de integrantes del colectivo CyTA (Ciencia y Técnica Argentina) propone que la solución al conflicto entre la megaminería y el ambiente podría ser brindada por el Estado nacional, e indica una verdadera “hoja de ruta” que incluye actividades de planificación, ordenamiento territorial, la creación de agencias públicas de control y mecanismos de participación de la población local para una política... que continúe promoviendo la megaminería. De forma similar, en un artículo en Página 12, la Dra. Anabel Marín señala que se deben “crear las instituciones y los procesos que permitan construir un acuerdo social que sirva de base para el desarrollo de la actividad de manera sustentable.” Este debate en la comunidad científica no es nuevo, y puede mencionarse el antecedente de la discusión por la aceptación de los fondos provenientes de Minera La Alumbrera por parte de autoridades universitarias en el año 2009.
Este domingo, una declaración elaborada y firmada por decenas de investigadores, la cual reproducimos abajo, constituye un aporte más a desmontar estos argumentos que solo encubren una agenda que pretende continuar y ampliar la instalación de proyectos megamineros en el país. Esta declaración señala falacias de los promotores de la megaminería. En primer lugar, señala que la megaminería es sólo una forma de la minería existente, y de reciente aparición. No puede afirmarse que “ha existido siempre” como justificación. Luego, señala la inevitabilidad de los daños ambientales y sociales de la actividad megaminera, desmontando el mito de la “megaminería bien hecha” y señalando que parte de estos daños son irreversibles. Sobre la necesidad de obtener metales para otras actividades económicas, señala que la extracción de metales preciosos (principal objetivo de los emprendimientos megamineros) se utiliza, principalmente, para acumulación de riquezas y reservas, mientras que los usos tecnológicos podrían suplirse mediante la reutilización y el reciclado. Finalmente, muestra que la megaminería no genera desarrollo ni empleo ni diversifica las economías regionales y que existen alternativas que podrían promover el desarrollo local.
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Esta declaración es un avance frente a las operaciones que intentan blanquear la actividad megaminera apelando a una supuesta sustentabilidad y a la falacia de la moderación, donde un punto intermedio entre “ambiente” y “progreso” es presentado como la posición óptima. Operaciones que intentan legitimar una forma de extractivismo basado en el saqueo de los recursos naturales y la contaminación y destrucción del ambiente y las comunidades. Este consenso o punto medio entre la defensa del ambiente y los beneficios económicos de la actividad minera oculta que los daños ambientales son absolutamente reales y tangibles. Tan tangibles como glaciares desplazados del mapa y un enorme gasto de agua en provincias semiáridas con crisis hídricas de más de diez años. Tan reales como los pasivos ambientales que permanecen indefinidamente una vez que la actividad minera cesa, verdaderos crímenes ambientales. Los continuos desastres de la megaminería, como el de la minera Vale en Brasil y la propia experiencia de las provincias mineras, como San Juan y Catamarca, muestra abrumadoramente que los supuestos beneficios económicos no solo son relativos, escasos y siempre efímeros, si no que producen directamente daños graves e irreversibles al planeta.
Ni la especulación financiera basada en la acumulación de oro, ni la obsolescencia programada de los bienes industriales, ni la sed de ganancias de las multinacionales mineras merecen nuestro sacrificio. El ambiente y nuestros recursos naturales no puede seguir siendo consideradas meras mercancías a extraer y destruir. La movilización, como lo mostró el pueblo de Mendoza, marca un camino para enfrentar desde abajo la avanzada extractivista.
Declaración y enlace para adherir
Documento completo:
La falacia de la megaminería “responsable” by La Izquierda Diario on Scribd
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