En la retina de muchos está todavía aquella jornada del juicio del procés en que la dirigente de la CUP, Eulàlia Reguant y también el ex diputado Antonio Baños, se negaron a contestar al abogado y dirigente del partido ultraderechista Vox. Sucedió el 27 de febrero del año pasado. El juez Marchena les impuso una multa de 2.500 euros a cada uno y se inició una investigación al juzgado de instrucción número 10 de Madrid.
La desobediencia grave a la autoridad puede castigarse con penas de prisión de entre tres meses en un año y una multa de entre seis y dieciocho meses.
Reguant en el mismo momento de la declaración como testimonio afirmó que "frente a la extrema derecha, frente a un partido machista y xenófobo no aceptaría contestar".
Desde aquel momento Reguant ha hecho una defensa para combatir a la ultraderecha y define a Vox como uno partido machista y xenófobo. La dirigente de la CUP se reafirma en su desobediencia y asistirá al juzgado para explicar que su actitud “era un ejercicio de objeción de conciencia" que se encuentra amparado por el artículo 418 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece que "ningún testimonio podrá ser obligado a declarar sobre una pregunta de la cual su contestación pueda perjudicar material o moralmente".
En una reciente rueda de prensa, Reguant manifestó que "la presencia de Vox durante el juicio se tiene que entender como un elemento más del engranaje del Estado", además de denunciar que "la vinculación de la judicatura española con Vox tiene como icono la cabeza de lista a las elecciones andaluzas: Francisco Serrano, juez en excedencia".
Sin duda, la investigación judicial en turno a Reguant y Baños es parte de la ofensiva judicial contra el pueblo catalán y el movimiento independentista por la autodeterminación y la independencia. Es uno de las decenas y decenas de juicios que afectan a militantes y activistas de los CDRs y la izquierda independentista. Todo, mientras los dirigentes de Esquerra Republicana y Junts per Catalunya están dispuestos a sentar con el presidente Sánchez, máximo responsable de la persecución y coimpulsor de la aplicación del artículo 155.
Al entrar al juzgado de instrucción número 10, la ex diputada cupaire ha estado acompañada en una concentración por decenas de personas de la CUP y la izquierda independentista, así como otros grupos políticos de Madrid.
Por su parte, Baños está citado a declarar por video-conferencia el próximo 18 de marzo.
| 
