Casi al comienzo del ciclo lectivo, la problemática de la falta de vacantes en las escuelas en la Ciudad continúa. Mientras el artículo 24 de la Constitución de la Ciudad dice que el Gobierno “asume la responsabilidad indelegable de asegurar y financiar la educación pública estatal, laica y gratuita en todos los niveles y modalidades, a partir de los cuarenta y cinco días de vida hasta el nivel superior”, el Gobierno dejará nuevamente a miles de chicos y chicas sin poder ir a la escuela.
El Gobierno porteño se rehúsa a dar números sobre las vacantes en la Ciudad. Mientras tanto, las organizaciones de familiares en lucha por vacantes calculan alrededor de 15.000 niñas y niños en espera, casi a comienzo del ciclo lectivo. Otros 10.000 se encuentran en edad para ingresar a jardín de infantes, a quienes el Gobierno sólo les ofrece cupo en los Centros de Primera Infancia (CPI), que se encuentran por fuera del ámbito educativo, siendo instituciones similares a guarderías.
En julio de 2019, la jueza Elena Liberatori falló a favor del amparo presentado por los diputados de la Ciudad por el Frente de Izquierda, Myriam Bregman y Patricio del Corro, junto a docentes referentes de la Corriente Nacional 9 de Abril Lista Marrón, como Federico Puy y Alicia Navarro Palacios, y a familias del colectivo Vacantes para todxs en las escuelas públicas. Un grupo de familiares autoconvocados que comenzó a fines de 2013 cuando se implementó por primera vez la inscripción online, cuya referente es Patricia Pines.
El fallo demostraba que las zonas más afectadas por la falta de vacantes son los barrios de Retiro, Villa Soldati, Villa Lugano, Mataderos, Barracas, La Boca, Parque Patricios y Pompeya (los distritos escolares 5, 13, 19, 20 y 21); denunciaba la falta de información oficial que brinda el Gobierno sobre la falta de vacantes, por este motivo, desde marzo de 2017, se le impuso una multa a la ministra de Educación, Soledad Acuña; también dejó en evidencia la mentira de las 54 escuelas nuevas que publicita el gobierno, ya que el fallo explica que son las mismas que viene "publicitando" hace más de 10 años.
El fallo también ordenaba al Gobierno pagar una ayuda económica a las familias de los chicos que vivieran a más de 10 cuadras de la escuela, una medida paliativa y transitoria pero muy importante para dar respuesta a la situación urgente y acuciantes de miles de familias.
Sin embargo, el gobierno apeló sistemáticamente este fallo, desconociendo las medidas y dando respuestas insuficientes al problema de la falta de vacantes.
También acciones judiciales llevadas a cabo por la ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia) han logrado fallos favorables, como la iniciada en 2006 y con un convenio firmado en 2011 por el que el Gobierno de la Ciudad se comprometía a garantizar las vacantes en nivel inicial; sin embargo la Asociación denunció que el gobierno nunca cumplió con lo acordado.
¿Y las 54 escuelas?
“En estos últimos 10 años de gobierno abrimos 54 escuelas y, en este período, otras 54”, afirmó la ministra de Educación Soledad Acuña, a principios de 2019.
Sin embargo, los datos de la realidad dicen lo contrario. 18 de las 54 unidades educativas se crearon para reemplazar unidades ya existentes, por lo que no todas generan nuevas vacantes. Por ejemplo, 2 de las instituciones que figuran como creaciones nuevas son reemplazos de otras unidades: el Jardín de infantes integral N°13 DE 20 con 297 vacantes y Jardín de Infantes Integral 5 DE 17 de 106 vacantes. (Fuente Chequeado)
A su vez, un relevamiento realizado por el colectivo de lucha por vacantes, detectó que del plan, 30 escuelas, que prometía tener finalizadas para fines del año pasado, sólo se concretó una decena. Y también dio cuenta de 8 escuelas en obra y 11 que aún son un proyecto.
Tan real la afirmación de la Ministra como su declaración en 2018 sobre que “no hay falta de vacantes en la educación obligatoria desde los 4 años”.
Un mundo de fantasía muy lejos de la realidad.
Problemática de larga data
Patricia Pines, referente del colectivo Vacantes para todxs, en diálogo con este diario, afirmó que desde el año 2017 el Gobierno se niega a entregar datos oficiales sobre la falta de vacantes, a pesar de las movilizaciones, y las intimaciones de la Legislatura y la Justicia.
“Por lo tanto, lo único que podemos hacer es un cálculo progresivo, y estimar que son alrededor de 15 mil los que quedaron fuera este año. A ese número le sumamos 10 mil más, que asisten a los Centros de Primer Infancia (CPI), que no pertenecen al Ministerio de Educación sino al Ministerio de Desarrollo Social, y por lo tanto la gente a cargo de los grupos no necesariamente es docente, y son contratados de forma muy precarizada de marzo a diciembre”.
Por su parte Alejandrina Barry, diputada porteña del Frente de Izquierda y operadora social, señalaba: "Al no formar parte del sistema educativo, los CPI terminan funcionando como guarderías en lugar de escuelas. El Gobierno porteño los muestra como parte del plan de construcción de las 54 escuelas, pero es sólo una ’fachada’ con la que pretende sortear y evadir el profundo problema educativo de la Ciudad".
"Esto también implica una problemática no sólo pedagógica sino de fuerte precarización laboral para la gente que trabaja en estos Centros: la mayoría tiene contratos de locación o tercearizados con ONG, con sueldos muy por debajo de la canasta básica familiar de la Ciudad", denunció Alejandrina Barry.
Patricia Pines también agregó: “Estamos ahora en plena lucha por la Escuela Infantil 6 del D.E 6, que funciona en el Hospital Ramos Mejía en Balvanera. Son 350 vacantes que el Gobierno había prometido hacer en manzana 66, que queda a 7 cuadras de distancia de ese edificio, y a poco de terminar la obra y ser inaugurada la escuela decidieron de forma unilateral y arbitraria, cerrar la escuela del Ramos y mudarla a ese nuevo edificio. De esta forma no sólo se vulnera el acceso a la educación pública de los 350 niñes que se quedan afuera de la nueva escuela cerrando la otra, sino además se vulnera el derecho a la lactancia, porque este fue claramente un logro de les trabajadores del Hospital, y tiene casi 35 años el jardín funcionando”.
Otras denuncias que vienen haciendo desde el colectivo es por las condiciones edilicias de las escuelas: “esta semana estuvimos divulgando la escuela 12 del distrito 5, que estuvo todo enero y lo que va de febrero sin agua, en condiciones de insalubridad y con el riesgo de que más de 800 niñes no puedan comenzar las clases, que además implica que no pueden acceder al servicio de comedor, que en la villa 21-24 es un tema sumamente importante”.
Más plata para policía y menos para educación
En los años de gestión de Rodríguez Larreta, se recortó el presupuesto en los derechos básicos como salud y educación, a la vez que se aumentaron los gastos en seguridad, y se mantienen los subsidios a la educación privada y religiosa.
El presupuesto para educación pasó del 27,8% del total en 2011, al 22,2% en 2015 y al 18,5% en 2017. En 2019, lo destinado a educación representó 55.642 millones de pesos, es decir el 17,3% del total. El presupuesto para 2020 mantiene el mismo porcentaje, equivalente en la actualidad a 83.467 millones de pesos.
En salud en 2019 el presupuesto fue de 14,65%, 47.913 millones, y para 2020 se reducirá a 14,58% del presupuesto general.
Mientras, los subsidios a la educación privada representan 14.100 millones. En 2018, en la Ciudad de Buenos Aires, el Estado destinaba más de 1200 millones de pesos para sostener el funcionamiento de los 64 colegios que dependen del Arzobispado y los 240 que pertenecen a las diferentes congregaciones del culto católico.
A su vez, se invertirá en la construcción de nuevas comisarías 3499 millones de pesos mientras que el monto asignado a infraestructura escolar es de 2900 millones. Plata para comisarías hay, para escuelas no.
No sobran pibes, faltan escuelas
En la Ciudad más rica del país el gobierno porteño deja en evidencia cuáles son sus prioridades.
Este año comenzó adeudando sueldos a los capacitadores docentes, amenazando con despedir a los que reclaman, además de los problemas ya mencionados por la referente del colectivo de Vacantes, respecto a la gravedad de la situación de la infraestructura escolar.
Desde el Frente de Izquierda se han presentado proyectos en la Legislatura porteña, con un plan integral para que se construyan 33 escuelas en zona sur y Retiro, junto a un plan de ampliación y desarrollo de infraestructura de los establecimientos ya existentes.
Hay que cambiar las prioridades: para garantizar los derechos básicos a la educación, a la salud, a la vivienda y al trabajo en la Ciudad, hace falta un presupuesto acorde, afectando los intereses de los grandes empresarios, bancos y especuladores, y no pagando la deuda ilegítima y fraudulenta.
Los docentes, estudiantes, familias y toda la comunidad educativa se continúan movilizando y reclamando para que la educación pública sea la prioridad. | 
