No hay norma de protocolo que sea capaz de explicar el formato del encuentro entre los representantes del Ejecutivo y la Generalitat que ha tenido lugar en Moncloa. Desde ambas partes, quizás conscientes de los escasos frutos que se auguran de esta mesa negociadora, han querido revestir el encuentro de innumerables gestos pactados que buscaban mostrar distensión.
Desde la llegada de las comitivas a Moncloa, que se ha realizado en dos partes y con paseo distendido de por medio, pasando por la mesa (en sentido físico), estrecha, rectangular, hasta la comparecencia del president Torra en la sala de prensa reservada exclusivamente para miembros del Gobierno.
¿El contenido? Un acuerdo de reuniones mensuales y la certificación de que cualquier acuerdo que se pueda alcanzar responderá a la legalidad. La legalidad de la monarquía parlamentaria española que defiende con uñas y dientes la unidad nacional, claro.
El equipo negociador del ejecutivo catalán ha estado liderado por el president Torra y por el vicepresidente Pere Aragonès, aunque estos solo participarán de esta reunión inicial. Los consellers Puigneró y Bosch, así como Elsa Artadi, Marta Vilalta, Josep Maria Jové y Rius asistirán a todos los encuentros y serán la delegación permanente.
Por parte de Moncloa el equipo negociador de esta primera sesión ha estado encabezado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y la vicepresidenta primera, Carmen Calvo. Pablo Iglesias finalmente no pudo participar indispuesto por una amigdalitis.
También estuvieron presentes los ministros de Hacienda, María Jesús Montero; Transportes, José Luis Ábalos; Sanidad, Salvador Illa; Política Territorial, Carolina Darias; y Universidades, Manuel Castells.
Tras el encuentro, que se ha alargado prácticamente 4 horas, los dos equipos han acordado un comunicado conjunto. En este comunicado se han aclarado algunos aspectos metodológicos y límites de la negociación.
En lo referente a los primeros, se han acordado reuniones mensuales en Barcelona y Madrid en las sedes oficiales que acuerden ambas partes. También la habilitación, desde este momento, de un equipo negociador permanente. Referente al segundo, una frase que resume gran parte de lo que está por venir; “cualquier acuerdo que se adopte en la mesa se formulará en el marco de la seguridad jurídica”. Es decir, en acuerdo a la Constitución del 78 y al marco legislativo que prohíbe por cualquier medio el derecho a la autodeterminación de los pueblos en el Estado español.
Al final la reunión han comparecido el president Torra como representante de la comitiva catalana y la ministra María Jesús Montero como portavoz del Gobierno.
El president de la Generalitat ha insistido en que la voluntad de diálogo, por su parte “ es franca”, si bien aseguraba que lamentablemente no tienen todavía claridad sobre las propuestas que el Gobierno central tiene sobre aspectos como la autodeterminación y la amnistía de los presos políticos.
Parece increíble que Torra no acabe de ver clara la posición de Moncloa, o al menos lo exprese así ante los medios. La posición ante la amnistía de los presos o la posibilidad de un referéndum de autodeterminación por parte del Ejecutivo de coalición es clara; un no absoluto.
En su comparecencia el president ha aprovechado para recordar a presos políticos y exiliados, asegurando que los que estaban en esa mesa “no eran los que deberían estar”, en referencia a Puigdemont, Junqueras, Marta Rovira o Jordi Sánchez.
Poco más ha podido aportar Torra en su comparecencia, y poco más ha aportado posteriormente la portavoz del Gobierno.
María Jesús Montero ha recalcado la “dificultad de la negociación”, de la cual no esperan “resultados inmediatos”. En este sentido la ministra ha reconocido, especialmente en lo relacionado con la demanda de autodeterminación, encontrarse en las antípodas de sus interlocutores.
Montero no obstante ha apostado por esta mesa de diálogo al contraponerlo a la política de “no hacer nada, que ya hemos visto que ha tenido resultados contraproducentes”. Técnicamente se podría decir que desde Moncloa no ha habido, ni con el gobierno Rajoy ni con el gobierno Sánchez, una política de no hacer nada.
Más bien ha sido la política de la represión, la política del 155, la política de los presos políticos, la de las querellas y juicios contra centenares de activistas, la política de la Fiscalía como acusación particular. En definitiva, la política del “a por ellos” lanzada con especial fuerza aquel 3 de octubre del 2017. Una política a la que se plegó sin problemas Pedro Sánchez.
También ha aprovechado la ministra para asegurar ante los medios que una de las demandas centrales que quería imponer Torra, la centrada en la participación de un mediador o relator internacional, es un punto no aceptado por el Gobierno central.
Una mesa con poco que negociar
La mesa de negociación tiene varios objetivos, pero ninguno de ellos es dar respuesta a las demandas democráticas del pueblo catalán. Por un lado, se busca iniciar una senda que desactive uno de los grandes problemas que ha atravesado el Régimen del 78, la cuestión catalana, por la vía de una vuelta pactada con las direcciones de ERC y JxCat al autonomismo.
En esta línea las dos formaciones catalanas buscarán arrancar concesiones que permitan posicionarse lo mejor posible en la disputa que les enfrentará en lo comicios catalanes, donde van a disputarse la Generalitat y ERC espera superar por fin a JxCat y al antiguo espacio convergent.
Por otro lado, se busca usar estos encuentros más para alcanzar pactos más cortoplacistas y coyunturales.
Para el PSOE es maquillaje de cara a ERC y JxCat en su objetivo de aprobación de los presupuestos. Para JxCat y ERC será un arma arrojadiza o un juguete roto que esconder si el sonrojo de los acuerdos es notorio, de cara a los comicios catalanes.
En definitiva, como viene sucediendo con esta dirección del procés, los anhelos y la lucha del pueblo catalán por decidir su futuro quedan postergados y ocultos tras unos objetivos que nada tienen que ver lo expresado el 1 de octubre del 2017. | 
