El pasado 22 de Febrero autoridades de la comunidad de La Quiaca Vieja, su Presidente Marcial Trejo y la Vicepresidenta Noemí Calizaya, recibieron una cédula de notificación firmada por el Secretario de Calidad Ambiental Pablo Bergese, integrante del Ministerio de Ambiente de Jujuy, el cual establece:
Cédula de Notificación: Por la presente se hace constar que en las actuaciones Ref. Expte nº 1100-288-j-2019 iniciado por JEMSE asunto “S/Calificación Ambiental Proyecto Construcción, Explotación y Administración de la Zona Franca La Quiaca", se procedió a dictar el siguiente proveido que resuelve: “San Salvador de Jujuy, 19 de Febrero del 2020. En vista de la negativa de los representantes de la Comunidad Aborigen de La Quiaca Vieja, Sr. Marcial Trejo y Sra. Noemí Calizaya a recibir el estudio de impacto ambiental” y “(…) teniéndose presentes los antecedentes presentados por JEMSE, realizado todo lo requerido por parte de la Secretaria de Pueblos Indígenas. (…) Se puede dar por cumplimentada la etapa de participación y socialización del proyecto, bajo el entendimiento que el conflicto generado en la zona no guarda relación con cuestiones ambientales sino que obedece a otro tipo de motivadores. Encontrándose cumplido el procedimiento de evaluación de impacto ambiental (…)”.
Por lo tanto “(…) los presentes obrados se encuentran en condiciones de proceder a la emisión del acto administrativo de factibilidad ambiental para la etapa constructiva de la obra, y que la misma se producirá a las 48 hs. de notificada la comunidad aborigen de La Quiaca Vieja”.
Con esto se da por hecho “la etapa de participación y socialización del proyecto”, siendo que el estudio de impacto ambiental se realizó de manera unilateral por el Estado Provincial por medio de JAMSE, y en complicidad de la Secretaria de Pueblos Indígenas, institución esta, que se supone debe garantizar los derechos de la comunidad ante su vulneración.
Por lo que se trata de una maniobra violenta y autoritaria de proceder del estado, en definitiva amenaza con empezar la construcción ya que dispone: “los presentes obrados se encuentran en condiciones de proceder a la emisión del acto administrativo de factibilidad ambiental para la etapa constructiva de la obra, y que la misma se producirá a las 48 hs. de notificada la comunidad aborigen de La Quiaca Vieja”.
Significando el despojo, desalojo, atropello y violencia para con los vecinos de dicha comunidad ya que han denunciado públicamente el rechazo de ese emprendimiento, pese a las propuestas miserables del gobierno de pagar un terreno de 3 hectáreas a cambio de 2 mil pesos en carácter indemnizatorio, intentado comprar su dignidad más que el terreno, situación que ha generado el repudio total de la comunidad.
El patriotismo de la oligarquía de Morales
Hace un par de semanas, salieron por los medios varias declaraciones en referencia al patriotismo Jujeño ante un debate con una periodista de BsAs., donde el mismo Gobernador se expresaba:
"… que el pueblo del norte fue el que garantizó nuestra independencia para que hoy usted y yo podamos con orgullo decir que somos argentinos. Pero especialmente a Jujuy le tocó un rol que a ninguna otra provincia, porque fue justamente nuestro territorio el que fue tomado como teatro de operaciones por nuestro ejército y las tropas realistas. Es que… a nosotros durante 15 años nos mataban toda una generación de jóvenes que entregaron su vida para que usted hoy pueda decir que es Argentina".
Argumentos que conducen afirmar, de boca del Gobernador, que las comunidades preexistentes al Estado Argentino no le interesan, que solo fueron sangre de cañón en su propio beneficio. Que a pesar de la lucha que dieron aquellos habitantes, hoy se lo desconoce totalmente. Es el caso de la comunidad de La Quiaca vieja que se ve amenazada del desalojo impulsado por el gobierno.
En la actualidad, lejos de reconocer derechos, la institucionalización de las comunidades por medio del reconocimiento de “Persona Jurídica”, implicando ello el reconocimiento de su territorio “legalmente”, es un claro medio de control, opresión y manipulación de nuestros territorios por parte del Estado a su antojo, que actualmente, y en conjunto con la Secretaria de Pueblos Indígenas sus objetivos de despojo son más concreto para favorecer proyectos empresariales privados o en otros casos mineros.
La lucha actual por la tierra y territorio no ha cambiado, la oligarquía naciente allá por 1810 es la misma que en la actualidad despoja comunidades. Es por ello que queda en el vacío y una formalidad el reconocimiento Constitucional en cuanto dispone:
”Reconocer la personería Jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones".
El estado representa los intereses de los terratenientes, las oligarquías provinciales y los grandes empresarios, que se apropian y saquean nuestro territorio.
La lucha contra el avasallamiento sobre los territorios de las comunidades originarias, sobre nuestros derechos, debe ser parte de la lucha común de todos los explotados que sufrimos las políticas de este gobierno, y el sistema. | 
