En su discurso en la apertura de las sesiones ordinarias del período 2020 del Congreso Nacional, el presidente Alberto Fernández habló de muchas generalidades y brindó pocas precisiones sobre temas sensibles en lo que hace a derechos y libertades democráticas.
Entre los anuncios, Fernández aseguró que enviará en los próximos diez días un proyecto propio para la legalización del aborto. El proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, que fue construido por cientos de organizaciones y especialistas en la materia, que se presenta desde hace más de quince años, no parece ser el que presente el Poder Ejecutivo para que conviertan en ley las cámaras de Diputados y Senadores (esta última votó a favor del aborto clandestino hace dos años). Una vez más, la necesidad de luchar en las calles por esta demanda elemental de las personas gestantes es imperiosa.
Reforma sin tocar a la gran casta judicial
Entre los anuncios, el de la promesa de la reforma judicial era uno de los más esperados por propios y extraños. La propuesta de Fernández es ampliar juzgados y fiscalías (sobre todo en regiones donde el crimen organizado se hace más visible) y reorganizar fueros. Sin embargo, no hizo ningún anuncio que haga pensar en que se pondrá en tela de juicio a la gran casta que hegemoniza y gobierna uno de los tres poderes del Estado.
A lo anterior, el presidente le sumó (no sin sobrevaloración), algunas medidas mínimas, como limitar el rol formal en algunas áreas de los agentes de la Agencia Federal de Inteligencia y "blanquear" el uso de sus recursos. Algo que, de todos modos, lo planteó como algo a concretar en el futuro.
Promesas de no reprimir a días de haberlo hecho
Fernández aseguró en su discurso: "inauguramos un camino de prevención de la violencia a través de la negociación de la conflictividad. Por eso apostamos al diálogo entre los jefes de las Fuerzas de Seguridad y las organizaciones sociales que han contenido la conflictividad social en estos tiempos de emergencia y angustia. Ese diálogo es un mojón en la elaboración de instancias para mitigar la violencia. Se trata de anticiparnos a los conflictos, de resolverlos de manera pacífica, evitando la criminalización de grupos o sectores sociales". Y lo aplaudieron en el recinto.
Curiosamente, esta misma semana los trabajadores de Cresta Roja que vienen luchando desde hace cuatro años por sus puestos de trabajo, fueron reprimidos por la Policía Bonaerense (al mando del ministro Sergio Berni), con un saldo de varios heridos y detenidos. Uno de los trabajadores tiene un ojo comprometido por las balas de goma de la Policía que hoy está al servicio del Gobierno de Axel Kicillof.
Este domingo, en la primera fila de invitados a escuchar al presidente, al gobernador bonaerense se lo vio riendo y haciendo chanzas con el expresidente Carlos Menem, alguien más que especializado en represión y criminalización de la protesta social.
En materia de derechos humanos y libertades democráticas, Fernández nuevamente ha intentado posarse en la vereda de enfrente de las políticas más reaccionarias y represivas de gobiernos anteriores. Pero sus dichos recientes en Campo de Mayo, pidiendo "dar vuelta la página" respecto a la dictadura y hablando de meras "inconductas de algunos" en referencia a los ejecutores del golpe genocida, desnudan más bien otras convicciones que, por más intentos de retractarse, quedarán en la memoria de muchos y muchas luchadores que han mantenido en cuatro décadas su independencia del Estado.
En conclusión, el discurso de Alberto Fernández este domingo en temas vinculados con la justicia, los derechos y las libertades democráticas (exceptuando el anuncio del envío al Congreso de un proyecto propio del Ejecutivo para legalizar el aborto), no pasó de la formulación de muchas generalidades y pocas propuestas concretas. Algo que tanto él como sus funcionarios vienen ejercitando con regularidad. | 
