Fotografía: Comité Cerezo
Alejandro fue fundador y miembro activo del movimiento de los pueblos originarios en el sur de la Ciudad de México, denunciando el despojo de tierras y recursos naturales por parte de empresas constructoras e inmobiliarias nacionales y extranjeras.
Desde ahí, interpuso, según datos de la revista Proceso, alrededor de 12 denuncias en contra de servidores públicos del Gobierno Distrito Federal, señalándolos por diversos delitos con los que buscaban despojar a los habitantes de Tlalpan y de la Magdalena Contreras. Participó en el proceso en contra de la construcción de la Supervía y en diversas protestas en contra de la instalación de supermercados de la cadena Wal-mart.
Fue torturado por al policía y la policía judicial en la vía pública, durante su traslado en el propio Ministerio Público. Su testimonio y 20 lesiones con las que ingresó al Reclusorio fueron avalados por el Manual de Investigación y Documentación Efectiva sobre Tortura, Castigos y Tratamientos Crueles, Inhumanos o Degradantes, mejor conocido como el Protocolo de Estambul.
Su detención ocurrió el pasado 2 de octubre de 2013, mientras se encontraba grabando las protestas y la represión policial, le fue robado su equipo y fue enviado al MP para luego ser trasladado al Reclusorio Norte, en donde rápidamente fue condenado a cinco años nueve meses de prisión.
Recibió el mismo trato que todos los luchadores sociales de este país, a quienes el régimen muy pronto les encuentra “pruebas suficientes”, muy distinto a lo que vemos con María de los Ángeles Pineda, esposa del exalcalde de Iguala, Jose Luis Abarca, copartícipe de los crímenes de Ayotzinapa, a quien le revocan la formal prisión por “falta de pruebas”.
Así, Alejandro pasó más de un año de proceso legal y movilizaciones. Fue liberado el 6 de noviembre de 2014, luego de que se demostrara la falsedad de las acusaciones que sustentaban sus cargos.
Participó hasta el día de ayer en el “Plantón por los 43 y por la libertad de los presos políticos del país”, ubicado en Paseo de la Reforma en la Ciudad de México, frente a las instalaciones de la Procuraduría General de la República (PGR).
Realizó 12 denuncias contra funcionarios del DF por la apropiación de tierras en Tlalpan y Magdalena Contreras, por el despojo de tierras, ninguna procedió.
Hace apenas unos días, Alejandro denunció a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y a su directora, Perla Gómez, ante la incapacidad de dicha institución para atender a su deber de emitir una recomendación al GDF sobre las detenciones arbitrarias y la brutalidad de los cuerpos policiacos al reprimir manifestaciones.
Este acto se suma al mitin que se realizó el pasado 10 de abril en las instalaciones de la Comisión a dos años de que en otra jornada represiva, el 10 de junio de 2013, 22 jóvenes fueran detenidos de forma arbitraria. Pese a las manifestaciones de “buena voluntad” por parte de los funcionarios de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF, que consisten en dar citas y atender llamadas telefónicas), la CDHDF ha guardado silencio ante la brutalidad del Estado.
La única recomendación que ha emitido la CDHDF hasta el cierre de esta edición, es la del 1 de diciembre de 2012, la cual ha sido incumplida letra por letra por el Gobierno del Distrito Federal. Alejandro falleció sin recibir reparación alguna al daño sufrido por él y por su familia. Las lesiones con las que ingresó a prisión, la dureza de la vida en la cárcel y los 56 días que mantuvo una huelga de hambre en el Reclusorio Norte debilitaron su salud. Las instituciones encargadas de procurar “justicia” demostraron que no existe tal “justicia” para los sectores populares. Los policías judiciales, granaderos y funcionarios responsables, y victimarios, siguen impunes.
¡Una vez más #FueElEstado!
José Alejandro Bautista Peña ¡Presente ahora y siempre!
06/11/1969- 28/04/2015. | 
