El sábado 29 de febrero se inauguró en la ciudad de El Alto la casa de campaña del partido Juntos que tiene como candidata a la presidencia a Jeanine Áñez y como vicepresidente a Samuel Doria Medina. Áñez inauguró oficialmente su campaña rodeada de policías. Vecinos alteños repudiaron su candidatura y detuvieron a dos personas.

El autodenominado Gobierno de transición de Áñez desplegó a más de 100 efectivos policiales uniformados para dar inicio a su campaña electoral. Según testimonios de personas que asistieron al lugar donde se realizó la inauguración de la casa de campaña del frente Juntos, fueron amedrentados por la policía “a ver, vamos a ver si se atreven a lanzar objetos o decir algo en contra de ‘la presidenta’ los vamos a agarrar y les vamos a dar su paliza, vamos a estar atentos” señaló una mujer comerciante.

Pese a tales amedrentamientos, las personas manifestaron su disgusto ante la presencia de los candidatos no gratos para la ciudad de El Alto. A raíz de ello una persona fue aprehendida solo por el hecho de haber lanzado billetes de alasitas al candidato a la vicepresidencia. Se tiene el dato de que fueron dos personas detenidas. Estas detenciones son una expresión más que sigue sumando a las medidas de amedrentamiento que el Gobierno viene implementando contra militantes y ex funcionarios del MAS pero también contra cualquiera que exprese rechazo a los atropellos y la vulneración de derechos y las amenazas a la libertad de expresión que se han venido dando desde noviembre.

También hay que señalar que la inauguración de la casa de campaña de Áñez con un importante resguardo policial pone en evidencia cómo su Gobierno está haciendo uso de recursos públicos para su campaña a pesar del Decreto Supremo 4159.

El DS 4159 establece seis prohibiciones en el uso de bienes, recursos, medios de comunicación y funcionarios públicos para la campaña electoral.Así, el numeral 4) del Artículo 3 establece que no se debe “disponer del personal, dentro o fuera de las instalaciones de las entidades comprendidas en el ámbito de aplicación de la presente norma”. Sólo una foto de la inauguración muestra que este artículo no se estaría cumpliendo. En caso de incumplimiento, norma señala que se deben iniciar acciones legales contra los responsables infractores.

Creemos que no es un delito el poder manifestar el repudio ante personas que dieron paso a las masacres en Sacaba, Senkata y sectores de la zona Sur de la ciudad de La Paz. Una masacre que no se debe perdonar ni olvidar, pero vemos que partidos cómplices de este acto genocida con su parecencia lo único que hacen es provocar y revivir todos los ultrajes que sufrió la gente más humilde.