Los datos de la extensión de casos de coronavirus (o Covid-19 por su nombre científico) todavía no son preocupantes en el Estado español, en comparación con otros países como Italia, Irán o China, origen de la pandemia. Sin embargo, desde que hace algunas semanas comenzaron a producirse casos diagnosticados, no ha parado de crecer el número de afectados. Y la progresión es continua, con el primer fallecimiento confirmado en la noche de este martes -un paciente de Valencia fallecido el 13 de febrero que tenía coronavirus-, 7 pacientes graves pero estables ingresados en la UCI y 165 casos positivos, según ha informado el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón.
Fernando Simó, ha señalado, además, que la situación “no ha variado sustancialmente desde ayer”, lo que indica que la tensión es máxima puesto que podrían producirse cambios bruscos en el enfoque y el protocolo para abordar el control de la expansión de la enfermedad. Esto es debido a que más allá del número de contagiados, preocupa especialmente el desconocimiento del origen de al menos dos focos del virus. Uno en la Comunidad de Madrid, en Torrejón de Ardoz y otro en Vitoria, teniendo como epicentro, además, en este caso, dos hospitales de la ciudad, Txagorritxu y de Santiago.
Mayores riesgos para el personal sanitario y destrucción de empleo público
Mientras se espera que el número de casos aumente en los próximos días, puesto que todavía hay muchos afectados a los que no se les ha realizado prueba médica alguna y muchos de los positivos aún tienen origen conocido un elemento del que se da muy poca cuenta en la prensa tradicional es la incidencia del contagio del virus entre el propio personal sanitario.
Las y los trabajadores de la sanidad no sólo se encuentran expuestos a mayores riesgos, sino que al mismo tiempo esta situación podría dificultar la acción terapéutica sobre los enfermos. Ya conocemos que del total de contagiados actual, al menos 13 son profesionales sanitarios. La mayoría, salvo dos, han contraído el virus realizando sus funciones profesionales. Pero el problema sobre todo es que el personal sanitario requiere de un protocolo diferente, por encontrarse en contacto directo en su quehacer diario con personas muy vulnerables al contagio, enfermos de diverso tipo. Lo que hace que su aislamiento preventivo tenga que ser más riguroso, quedando desde el principio de los indicios ante la posibilidad de tener el virus, inhabilitados totalmente para la actividad médica.
Esto mismo ya está incidiendo con cierta gravedad en el caso de Euskadi, lo que se demuestra por qué el Gobierno vasco ha decidido mantener en aislamiento nada menos que a 100 profesionales de la sanidad por el coronavirus, y convocar de manera urgente una selección de médicos para cubrir las plazas. Mediante una convocatoria en la que no se solicitarán requisitos hasta ahora exigidos siempre como haber realizado el MIR, sino dirigida a simples licenciados o grados en Medicina, de cara a disponer de una bolsa de trabajo de la que tirar para los próximos seis meses, ante lo que podría acontecer respecto a la dificultad de mantener en activo a muchos de los profesionales médicos que van a atender a posibles contagiados.
En este marco, el sindicato de funcionarios CSIF ha denunciado este martes en una nota de prensa la pérdida de 18.320 puestos de trabajo en el sector sanitario público, solo en lo que va de año. Para demostrar esta afirmación se remite al número de parados registrado en el INEM que se ha publicado este mismo martes. CSIF ha señalado que esos niveles de destrucción de empleo público en la sanidad no se conocían desde los momentos más álgidos de la crisis allá por el año 2013.
La denuncia ha sido acompañada de la constatación de la enorme bolsa de precariedad existente en la Sanidad Pública, dado el elevadísimo nivel de contratos temporales, interinos, que hay actualmente en el conjunto de las administraciones públicas, muy especialmente en el sector sanitario donde se dan retrasos en las contrataciones de más de dos años, según han denunciado.
Enormes recortes en sanidad
Los tremendos recortes en Sanidad que hemos sufrido, fundamentalmente desde los Gobiernos del PP de Rajoy de 2011 y 2016, y que han continuado prolongándose en el tiempo -sin que se haya producido en lo fundamental su reversión por los Gobiernos de Sánchez-, tienen y van a tener incidencia, sin duda, sobre el estado de salud de la población ante esta crisis. Algo que tiene una relación directa con la capacidad de resistencia de la población a cualquier pandemia, como la que nos ocupa, además de con la capacidad para hacer frente a las consecuencias de la misma una vez se ha desencadenado el proceso.
Los datos hablan por sí solos. Desde el año 2009, según denunció la denominada Cumbre Social en 2018, se había producido una reducción de entre 15.000 y 21.000 millones de gasto en la sanidad española. Produciéndose durante todo el período de la crisis un recorte de un 1% anual per cápita. Alejándose en ese período del 8% del PIB de media del gasto de los países de la UE, siendo en el Estado español de tan solo el 6,34% sobre su PIB, unos 16.000 millones menos de euros.
Además, el recorte de plantilla también ha resultado significativo, estimándose en 9.400 puestos de trabajo menos en hospitales entre 2010 y 2014 y 5.600 camas menos en ese mismo período.
Pero más allá de los fríos números, todos recordamos perfectamente, por ejemplo, la infamia y el deleznable racismo que supuso la medida del Gobierno neoliberal del PP de Rajoy de sacar fuera del sistema público y universal de la sanidad a los inmigrantes sin papeles. ¿Podríamos ser capaces de vislumbrar las consecuencias que podría suponer para la salud de todos en una situación como la actual, dejar fuera del sistema público de salud a cientos de miles de personas? También podemos recordar el copago sanitario vigente desde julio de 2012 y que todavía pervive con el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos. O el cierre o la reducción horaria de ambulatorios, sobre todo en la llamada eufemísticamente España despoblada y en la Comunidad de Madrid, respectivamente. O, también, el no suministro de la vacuna contra la hepatitis C, hasta que los enfermos lograron imponer la vacunación con sus protestas, aunque muchos de ellos fallecieron antes.
Todo esto ha hecho que la situación de la sanidad en el Estado español se haya deteriorado profundamente en el último tiempo, con enormes bolsas de espera para poder ser intervenido quirúrgicamente, plazos inasumibles para asistir a un especialista, masificación de las urgencias y en la atención primaria, sobre todo en picos por procesos endémicos como los que provoca la gripe, y con enfermos en camas en los pasillos. Mientras no ha cesado el desmantelamiento de camas y salas enteras en los hospitales y con una privatización incesante de los servicios que son desviados hacia la sanidad privada, para facilitarles un boyante negocio sobre la base de la enfermedad y el dolor humano. Todo en un contexto de corrupción política y empresarial, recordemos los cargos ofrecidos en el sector privado de empresas privadas sanitarias concesionarias de servicios públicos a antiguos consejeros del PP, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid.
La urgente vigencia de la lucha por una sanidad pública, de calidad y verdaderamente universal
Ante esta situación, la llegada de una enfermedad producida por un virus absolutamente desconocido, de muy fácil transmisión, aunque, por suerte (y por ahora), con poca incidencia de mortalidad sobre los contagiados -en torno a un 2,5% de los infectados-, puede desencadenar situaciones complicadas en el sistema sanitario público del Estado español para atender a estos enfermos y solventar la crisis de salud que se puede llegar a generar. Sobre todo, si la situación termina transformada en una pandemia, más allá de la benignidad o no de la enfermedad.
Esto pone de actualidad y en primer plano la necesidad de desarrollar e impulsar de nuevo una fuerte lucha desde todos los colectivos sociales y políticos en favor de una sanidad pública verdaderamente de calidad y universal, gestionada por los propios trabajadores y usuarios que incremente la inversión y el gasto en función de las necesidades reales de la clase trabajadora y las clases populares. Una lucha que ante la posibilidad de un desarrollo descontrolado de la pandemia del coronavirus debe comenzar por plantear la expropiación inmediata y sin pago de todo el entramado de la sanidad privada para ponerlo bajo control de médicos y trabajadores de la sanidad en un plan general centralizado para enfrentar las consecuencias de esta crisis.
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