El 21 de febrero, Carla fue secuestrada y posteriormente asesinada. Aún no se sabe con exactitud cuáles fueron los motivos del crimen. Si bien el mismo día por la noche se pidió un rescate a su familia de 20.000 dólares, por lo cual se presumió en primera instancia un secuestro por extorsión, el informe forense indica que Carla habría muerto esa misma noche o madrugada. Se aprehendió a tres sujetos, Límber E.V.E., de 25 años de edad, y dos adolescentes, Juan M.R.J. y Luciano F.G., ambos de 14 años de edad. Estos últimos declararon haber intentado conducir a Carla hasta donde una “proxeneta”, pero que Carla murió en el camino producto de asfixia por la compresión de la cinta masquin que usaron para maniatarla.
La familia declara que fueron contactados el mismo 21 en la noche para transar un rescate por 20.000 dólares, que hicieron lo posible por conseguir el dinero, pero que luego de eso la comunicación con los secuestradores se cortó, por lo que al día siguiente acudieron a la policía. A partir de ahí, la policía admite haber negociado los siguientes días con los secuestradores. Lo cierto es que solo seis días después pudieron esclarecer el hecho, aprehender a los secuestradores y encontrar el cuerpo de Carla.
Los policías por otra parte dijeron que Carla había sido contactada el día viernes 21 por una mujer para “brindar servicios de compañía”. Esto ha desatado la indignación de la familia. Denuncian que las declaraciones de la policía revictimizan a Carla, y así lo hicieron saber en un comunicado público.
Además de eso, la policía declaró el operativo que hicieron como un “éxito”, cual si fuera un trámite burocrático más, desnudando la brutalidad y la impunidad con la que se abordan estos casos. Uno de los eslabones más de revictimización que viene sufriendo la familia de Carla.
Recordemos que, hasta el año pasado, estábamos en una supuesta “alerta de género” departamental, que debía prever justamente estos temas de seguridad. Sin embargo parece que esta declaratoria no fue más que un papel que se lo llevó el viento. Denunciaron que ninguna de las cámaras de seguridad instaladas en la ciudad estaban en funcionamiento. Ahora bien, sabemos que la violencia contra las mujeres y los feminicidios como expresión última de la misma es estructural. La salida, no está en "reformar" la policía, tampoco en manos de jueces que fallan en favor de quiénes compran su justicia, tampoco está en más cámaras de seguridad porque el problema es más profundo.
A raíz de este caso, el pasado viernes se declaró en Bermejo suspensión de clases en todos los colegios como medida de protesta ante este crimen y también se dieron manifestaciones a las puertas de la fiscalía que terminaron con el arresto de cinco jóvenes que protestaban contra la impunidad de los juzgados, de los fiscales y de los policías.
Con Carla, ya suman 26 casos de feminicidio en los primeros dos meses de este año. Es decir, casi una mujer asesinada cada dos días. Las cifras son alarmantes y según el último informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, Bolivia es el país donde se registran más asesinatos a mujeres en Sudamérica.
El feminicidio de Carla es un caso más que desnuda con crudeza -una vez más-, el rol de la policía y de la justicia patriarcal. La impunidad con la que actúan los aparatos represores del Estado, como la policía, revictimizan a las mujeres y a sus familias junto al sistema judicial burócrata y corrupto que niega también a las víctimas las garantías mínimas de una justicia que es para quien puede comprarla. La descomposición de estas instituciones son parte de un problema estructural que va mucho más allá de los sujetos particulares que cometen estos crímenes.
Es el Estado, capitalista y patriarcal, cuyos brazos son el sistema judicial y las fuerzas represivas, los que terminan volviéndonos a enterrar, una y otra vez después de muertas. Mientras que las familias de las víctimas tienen que peregrinar en busca de justicia, por meses e incluso años, los policías terminan siendo otra amenaza más, tanto para las mujeres como para sus familias.
Pero también tiene responsabilidad la prensa que difunde los casos de violencia contra las mujeres como un objeto para causar morbo. Sin ningún tipo de ética, reproduce constantemente las opiniones machistas de las instituciones y la crónica roja. Con tal de vender, cosifican y denigran los cuerpos de las mujeres aún después de muertas.
Las mujeres sabemos que cada uno de los derechos que tenemos los hemos conquistado con lucha, desde las calles. La complicidad entre jueces, fiscales y la policía garantizan la impunidad. Por eso sabemos que hoy más que nunca debemos organizarnos, porque la justicia por todas nuestras muertas, muchas de ellas cuyos nombres ni se conocen porque son jóvenes, niñas, mujeres trabajadoras y de sectores humildes, sólo podrá ser conquistada poniendo en pie un gran movimiento de mujeres que organizadas y desde las calles hagamos temblar esta justicia para ricos y a todos sus cómplices. | 
