Este miércoles el Tribunal Oral Federal 1 resolvió la liberación de Julio De Vido, ex ministro de Planificación Federal. Los jueces Adrián Grünberg, José Michilini y Ricardo Basílico consideraron que no existe peligro de fuga o de entorpecimiento de la causa.
Estamos hablando de la causa conocida como “Río Turbio”, donde está acusado por una presunta estafa vinculada con fondos destinados a los Yacimientos Carboníferos que se encuentran en esa localidad.
El ex funcionario se hizo presente hoy en Comodoro Py, donde tramitan distintas causas en su contra. Tras firmar su libertad dijo ante los medios que "la justicia va a triunfar por sobre la persecución. Todo fue orquestado por el lawfare".
Es que el proceso a De Vido ha sido motivo de debate en los últimos meses. Con el lawfare se ha definido a la “guerra” judicial y mediática destinada atacar a determinados sectores políticos. Esa disputa incluye, por ejemplo, el abuso de las prisiones preventivas para causas que aún no tienen sentencia firme.
De Vido aprovechó la decisión del Tribunal para ir más lejos. Dijo ante los periodistas que "el peritaje es trucho, es falso, es todo parte de una persecución, si hay justicia la causa de Once se va a caer".
Se refirió así a otra de las causas que pesan sobre el ex ministro: en octubre de 2018 fue condenado en el marco de la causa que se sigue por la Masacre de Once.
Esa sentencia, que lo condena a 5 años y 8 años de prisión, no está firme. Debe ser ratificada o rechazada por la Cámara de Casación Penal tras la apelación presentada por la defensa de De Vido. En la misma fueron condenados funcionarios como Juan Pablo Schiavi y empresarios como Claudio Cirigliano.
Hay que aclarar que De Vido no estuvo en prisión preventiva por esta causa.
Recordemos que el 22 de febrero de 2012 una formación del FFCC Sarmiento chocó en la estación Once, causando la muerte de 51 personas y dejando a otras 789 heridas. Para millones que usaban todos los días el servicio ferroviario fue la crónica de una masacre anunciada. Mientras las empresas privatizadas se llevaban cientos de millones de pesos con los subsidios, las condiciones del servicio eran desastrosas.
En ese momento De Vido era Ministro de Planificación, organismo del cuál dependía la Secretaría de Transporte. En octubre de 2018 fue condenado por administración fraudulenta, aunque zafó de la acusación de estrago doloso que pedían las querellas. Según el tribunal, De Vido tuvo “a su cargo el manejo, la administración o el cuidado de bienes o intereses pecuniarios ajenos, y con el fin de procurar para sí o para un tercero un lucro indebido o para causar daño”, violó sus deberes de funcionario.
Conociendo la situación del servicio ferroviario y en particular del FFCC Sarmiento, De Vido y otros funcionarios del Estado no habían hecho nada para cambiar esa situación y evitar lo sucedido.
¿Cuál es la estrategia judicial de De Vido? Pedir que la causa se anule apuntando a un expediente por falso testimonio abierto contra Juan Brito, el perito que dijo que los frenos del tren del Ferrocarril Sarmiento no funcionaban. El único responsable de la masacre sería entonces el maquinista Marcos Córdoba. Los funcionarios, los empresarios y el sistema de negociados con el transporte quedarían impunes.
A pesar de que la apelación presentada por la defensa de De Vido ya lleva un año y 5 meses de espera, la Cámara de Casación Penal no ha dado respuesta. La justicia sigue midiendo los tiempos políticos. Cómo fallará en esta nueva etapa política, está por verse.
Los familiares de las víctimas de Once sacaron en las últimas horas un comunicado donde exigen que la Cámara de Casación se expida sobre el fallo dictado en octubre de 2018. | 
