El pasado 21 de febrero, en Campo de Mayo -uno de los centros clandestinos de detención más grandes del país donde llegó a funcionar una maternidad clandestina-se realizó un acto de despedida de un grupo de militares que van a formar parte de la llamada Unficyp, donde las FF.AA. de distintos países “colaboran” con Naciones Unidas -es decir con el imperialismo- en misiones de semi ocupación y coloniaje. Allí, el presidente Alberto Fernández dijo ante los militares: “Creo que con esto toda la Argentina debe dar vuelta una página, una página que nos distanció mucho tiempo por la inconducta de algunos”.
Esto causó un repudio extendido. Fue visto como lo que es: un intento reconciliador con las FF.AA. El presidente se vio obligado a pedir disculpas, en lo que pareció más una táctica de contragolpe, como resultado de las críticas. Estas volvieron a poner al desnudo las consecuencias que la dictadura cívico-militar-eclesiástica tuvo y sigue teniendo no solo en los familiares de desaparecidos y los organismos de derechos humanos, si no en una enorme mayoría de la sociedad. Sigue siendo imposible “dar vuelta la página”.
Pero además, es imposible que eso ocurra mientras las consecuencias del genocidio sigan aquí, delante nuestro. Hoy la cantidad de juicios a los genocidas va decayendo sin pausa. Cada vez más están libres o con prisión domiciliaria. Solo algunos datos para graficar lo que decimos: la Procuraduría de Crímenes de Lesa Humanidad señala que hay 351 causas en las que aún no se dictó sentencia, de las cuales, el 44% se encuentra apenas en etapa de instrucción.
Para fines de 2019 habían sido sentenciadas en total 1119 personas, lo que representa un tercio de la totalidad (3295 personas) de quienes están o estuvieron alguna vez bajo investigación. Si tomamos como base el dato de que existieron alrededor de 600 centros clandestinos de detención (CCD) durante la dictadura, quiere decir que entre 2006 y 2019 solo se llegó a "investigar" a poco más de 5 genocidas por CCD. Nada. Esto significa que la enorme mayoría de ejecutores de secuestros, violaciones, saqueos, torturas, asesinatos y desapariciones nunca fue rozado siquiera por un expediente.
En 2015 había 1070 represores detenidos y 791 libres, mientras que en 2019 son 884 los apresados y 1590 quienes se encuentran en libertad.
En tanto no se juzguen ni condenen, se perpetúan los atroces crímenes. ¿Qué vuelta de página puede ser posible? ¿Qué vuelta mientras no sepamos qué pasó con nuestros miles de compañeros desaparecidos? Las consecuencias del genocidio viven en las Madres, en las Abuelas, en los Hijos, los Hermanos, los sobrevivientes. Si algo de justicia hubo estos años fue por la lucha incansable junto a los organismos de derechos humanos.
Qué vuelta de página podemos siquiera avizorar si aun hay 400 hijos e hijas de detenidos desaparecidos, a los que no solo les arrancaron a sus padres, sino también su identidad. Entre 2003 y 2019 recuperaron su identidad solo 55 hijos e hijas de desaparecidos. Entonces, ¿cuántos años deberemos esperar hasta que los 400 que faltan lo hagan?
Qué vuelta de página cuando los cómplices civiles casi no han sido tocados: las patronales, los partidos políticos como la UCR o el PJ, la cúpula de la iglesia o las mismas entidades empresariales.
Qué vuelta de página imagina cuando el pacto de impunidad y de silencio se perpetúa: ninguno de los genocidas procesados dio datos sobre el destino de nuestros desaparecidos ni de sus hijos. Ese pacto de silencio abarca a las conducciones de las fuerzas represivas durante los gobiernos constitucionales; a la Iglesia, a gran parte de la burocracia sindical, al sector empresario.
Vaya como botón de muestra lo ocurrido el 10 de diciembre de 2007, cuando Cristina Fernández asumía la presidencia. En una celda de la base de Prefectura de Tigre, murió envenenado con cianuro el exprefecto Héctor Febres. Sucedió cuatro días antes de que declarara como principal acusado en la megacausa ESMA, y antes de recibir sentencia en uno de los juicios emblemáticos contra genocidas. La causa abierta por la averiguación de su muerte nunca prosperó y los prefectos sospechados de haberlo “eliminado” fueron beneficiados por la “duda”, según la Cámara de San Martín. En ese entonces, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado dijo que Febres “se manejaba con absoluta libertad e incluso contaba con diversos medios de comunicación (celular, teléfono de línea y computadora), y poseía las llaves de su camarote”.
Ninguna página se puede dar vuelta mientras se mantengan bajo llave los archivos del genocidio que nos permitirían conocer toda la verdad y a todos los que fueron parte de esa maquinaria y no solo a una pequeña parte que pudo ser reconstruida gracias a los testimonios de los sobrevivientes. La apertura de los archivos de la dictadura es un reclamo unánime, negado sistemáticamente por todos los gobiernos.
Las consecuencias políticas, sociales y económicas de la dictadura se perpetúan y se han profundizado durante los gobiernos constitucionales: endeudamiento, precarización laboral, pérdida de conquistas obreras, sumisión al imperialismo.
A un año del golpe genocida, Rodolfo Walsh escribía su genial Carta a Abierta a la Junta Militar: “Estos hechos (las torturas, violaciones, desapariciones, NdeE), que sacuden la conciencia del mundo civilizado, no son sin embargo los que mayores sufrimientos han traído al pueblo argentino ni las peores violaciones de los derechos humanos en que ustedes incurren. En la política económica de ese gobierno debe buscarse no solo la explicación de sus crímenes sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada (…) En un año han reducido ustedes el salario real de los trabajadores al 40%, disminuido su participación en el ingreso nacional al 30%, elevado de 6 a 18 horas la jornada de labor que necesita un obrero para pagar la canasta familiar, resucitando así formas de trabajo forzado que no persisten ni en los últimos reductos coloniales. (…) Dictada por el Fondo Monetario Internacional (…), la política económica de esa Junta solo reconoce como beneficiarios a la vieja oligarquía ganadera, la nueva oligarquía especuladora y un grupo selecto de monopolios internacionales encabezados por la ITT, la Esso, las automotrices, la U.S.Steel, la Siemens, al que están ligados personalmente el ministro Martínez de Hoz y todos los miembros de su gabinete”. Sobran las palabras y cualquier parecido con la actualidad no es pura coincidencia.
Un debate con Horacio Verbitsky
El pasado domingo 1° de marzo, el escritor y periodista tituló su editorial en el portal El cohete a la luna “Dar vuelta la página”.
Es incuestionable que Verbitsky ha hecho grandes aportes a la lucha por memoria, verdad y justicia. Muchas de sus investigaciones aportaron información muy valiosa para sacar a la luz secretos de los genocidas, hechos, fechas, nombres. Denunció como nadie el rol y las bases ideológicas de la jerarquía eclesiástica, que estuvo siempre junto al poder político y militar y hasta demostró lo que pocos querían: la complicidad del hoy papa Francisco con el terrorismo de Estado. Tiene el mérito también de haber sido de los pocos aliados al gobierno de Cristina Fernández que criticó duramente la designación de César Milani como jefe del Ejército y de haber denunciado y señalado al infiltrado “canoso de barba”durante la protesta de los trabajadores de Lear el 30 de julio de 2014.
Por eso, que en su pluma se lea que hay que “dar vuelta la página” respecto a aquel nefasto período de la historia reciente, merece ser analizado y debatido de forma honesta y frontal.
Verbitsky, en su editorial, respalda las repudiadas declaraciones del presidente en Campo de Mayo.
Primero pasa revista sobre un aspecto acotado de la biografía de Alberto Fernández: por ejemplo, cita 20 puntos sobre el genocidio que forman parte del libro Juicio a la impunidad, publicado en 1985 y que el actual presidente escribió junto con los periodistas Mona Moncalvillo y Manuel Martín. Esto, casi por decantación, lo volvería inmune a la búsqueda de reconciliar a las Fuerzas Armadas con la sociedad, como intentaron todos los gobiernos.
Sin embargo, en todo el relato sobre el pasado del presidente, olvida señalar que en 1982 presidió la juventud del ultraconservador Partido Nacionalista Constitucional fundado por Alberto Asseff y luego formó parte del gobierno indultador de Menem.
Concédannos el beneficio de la duda sobre si realmente para Fernández no hay que reconciliarse con las Fuerzas Armadas y dejar atrás el “pasado”.
Vayamos al nudo del editorial: “dar vuelta la página”, expresión que para Verbitsky tiene un valor altamente positivo a diferencia de una gran parte del movimiento de derechos humanos. En su argumentación, los ecos del genocidio ya no se escuchan dado que no quedan en las Fuerzas Armadas militares que hayan actuado durante la dictadura. El dato en sí podría calificarse como importante.
Pero la cuestión no es el dato en sí mismo, sino la forma en que esto ocurrió: lamentablemente fue la biología la que “limpió” de genocidas a las Fuerzas Armadas, no la política de ningún gobierno.
“El nuevo jefe del Ejército, Juan Martín Paleo, tenía 14 años cuando se produjo el golpe de 1976, y egresó del Colegio Militar en 1983”, señala Verbitsky.
Y sí, los años pasan, los niños crecen y el personal militar se renueva. No parece muy épico. Pero el presidente del CELS -que en la nota hace un pormenorizado relato de las acciones de su organismo en los últimos años-, ensalza como un triunfo el hecho de que el tiempo pase y los “viejos” que estuvieron en la dictadura hayan pasado a retiro. Entre ellos el mismo Milani. Sobre este punto, el periodista evita recordar que fue el CELS quien impugnó la designación de ese genocida al frente del Ejército en el último gobierno de Cristina Kirchner.
Señala que “quienes trabajamos durante décadas en la depuración de las Fuerzas Armadas (…) esperábamos con ilusión el momento en que ya no quedaran en actividad oficiales y suboficiales que actuaron en aquellos años sombríos. Ese día ha llegado y es legítimo celebrarlo. Descargar de los hombros de las nuevas generaciones castrenses la mochila atroz debida a sus predecesores es una obligación de la democracia”.
Pero esta reivindicación deja de lado toda referencia a la impunidad y a las consecuencias del genocidio a las que hacíamos referencia más arriba.
El hecho de que haya pasado a retiro el último jefe del Estado Mayor Conjunto que integró la camada generacional de la dictadura no exculpa ni libera a las FF.AA. de su herencia y razón de ser. La larga historia del Ejército Argentino y de las Fuerzas Armadas demuestra que, bajo eufemismos como la “defensa de la patria” y el resguardo de los “valores y patrimonios nacionales”, esas tropas han sido el brazo armado de las clases dominantes.
Esta idea de que hay unas “nuevas” Fuerzas Armadas choca con lo que sucede con el resto de las Fuerzas represivas. Gendarmería, Prefectura, las policías -tanto la Federal como las provinciales- están plagadas de asesinos y torturadores. La enorme mayoría de esos efectivos no fueron parte de la dictadura. Incluso recibieron cursos y capacitación en derechos humanos como parte de su currícula. Esta política fue llevada adelante en los gobiernos kirchneristas con el mismo fin: relegitimar a estas instituciones represivas. Sin embargo, queda en evidencia que nada ha cambiado.
Los asesinatos de Santiago Maldonado (Gendarmería) y Rafael Nahuel (Prefectura) son los que más crudamente muestran lo que son esas fuerzas federales. Según el último informe de Correpi, cada 19 horas una persona es asesinada por fuerzas de seguridad. Dicho sea de paso, informado por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a pedido de la diputada del PTS en el Frente de Izquierda, Myriam Bregman, se conoció que hay282 policías que actuaron durante la dictadura en funciones. La cifra evidencia el nivel de impunidad existente.
¿Porqué tenemos que creer que el “nuevo” Ejército es casi un grupo de boy scouts que no tocaría ni a una mosca? ¿Por qué no tiene en sus filas personal que haya sido parte del genocidio? Difícil de sostener.
A 20 días de un nuevo aniversario del golpe genocida, vamos a volver a las calles. Porque en la lucha contra la impunidad y la represión de ayer y de hoy no hay vuelta de página. Porque exigimos cárcel común y efectiva a los genocidas militares, empresarios y eclesiásticos. Por la apertura de los archivos de la dictadura y la restitución de la identidad de los jóvenes apropiados.
Contra las persecuciones y cárcel por luchar. Porque decimos no al FMI y al pago de la deuda externa que nos somete a la miseria, y no al ajuste de los gobiernos nacional y provinciales.
¡30.000 detenidos y detenidas desaparecidos, presentes!
No olvidamos. No perdonamos. No nos reconciliamos. | 
