En una nueva audiencia del juicio contravencional contra los sindicatos, organizaciones sociales y los partidos del Frente de Izquierda –PO y PTS- declaró como testigo Marcela Perelman, Directora del área de Investigaciones del Centro de Estudio Legales y Sociales (CELS), quien viajó desde Buenos Aires.
Perelman comenzó refiriéndose al "uso de figuras contravencionales cada vez más gravosas en el marco de acciones colectivas”. Destacando la preocupación de organismos de derechos humanos nacionales así como organizaciones internacionales por la violación de derechos en Jujuy, recordando la visita de miembros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en marzo del 2017. En ese sentido expresó que “la CIDH ha llamado la atención y mostrado su preocupación por estos hechos, sosteniendo que buscan desincentivar la organización social y política, así como la protesta misma”.
Durante su testimonio sostuvo que “es un dato comprobado que la utilización de balas de goma a una distancia menor a los 2 metros incrementa los riesgos y la lesividad es muy alta”, así como también que siendo lanzadas “a corta distancia y disparadas sobre los cuerpos de las personas los riesgos se acercan a la utilización de armas letales”, generando “padecimientos físicos extremos”.
La investigadora del CELS puso particular énfasis en destacar los Protocolos Operativos vigentes para manifestaciones públicas como la Resolución del Ministerio de Seguridad de la Nación conocida como “Los 21 puntos”, que fija criterios mínimos para la actuación de las fuerzas de seguridad y prohíbe expresamente la utilización de balas de goma para dispersar manifestaciones públicas. “Esta Resolución se encuentra ratificada por la Provincia de Jujuy y por lo tanto es de cumplimiento obligatorio para el gobierno” refirió Perelman.
“Las declaraciones de la integrante del CELS ratifican, una vez más, que en Jujuy existe un régimen policíaco, que utiliza el Código Contravencional para perseguir y criminalizar a quienes reclaman, como forma de disciplinamiento. Es necesario pelear por su derogación y para ello la clave está en mantenerse en las calles y organizados para enfrentarlo”, sostuvieron los abogados del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ce.Pro.D.H.), abogados defensores del apoderado del PTS Gastón Remy en la causa. | 
