Pasados 46 años de sus crímenes, que se cobraron 40 vidas de militantes y luchadores, entre ellos el emblemático caso de David "Watu" Cilleruelo, el único estudiante asesinado dentro de una Universidad Nacional, llegan al banquillo los primeros acusados en la causa "Triple A": Se trata de Raúl Roberto Aceituno (asesino de "Watu"), Juan Carlos Curzio, Héctor Ángel Forcelli y Osvaldo Omar Pallero. Héctor Oscar Chisu falleció impune a fines de 2019.
Los acusados llegaron al recinto del Aula Magna de la Universidad Nacional del Sur, donde se realiza el juicio, una hora antes de la convocatoria, para evitar el repudio del centenar de familiares de víctimas, activistas, docentes, estudiantes, militantes de DDHH que se concentraron en las escalinatas para manifestarse por el Juicio y Castigo a los responsables.
Lucas Cuenca, militante de Tesis XI/Juventud del PTS y la Secretaría de DDHH del CEHum
La banda paraestatal fue comandada en Bahía Blanca y la zona por el Secretario General de la CGT y Diputado Nacional del FreJuLi, Rodolfo “Fito” Ponce, y el Rector Interventor de la Universidad Nacional del Sur, Remus Tetu.
En diálogo con La Izquierda Diario, Alberto "Carucha" Rodriguez, testigo del asesinato de "Watu", explicó cómo aún faltan muchos de los responsables políticos, sindicales y empresariales en ese banquillo, y también denunció como las mas de 4 décadas de demora de la causa hicieron que fallecieran muchos de los testigos además de plantear la necesidad de que se abran los archivos secretos del terrorismo de Estado antes y durante la última dictadura cívico-eclesiástica y militar.
Alberto "Carucha" Rodríguez
También se hizo presente Daniela Rodríguez, dirigente de Pan y Rosas y el PTS, que venía de acompañar a Rosalía en una audiencia en la que su defensa, ante el rechazo del pedido de habeas corpus, solicitaba la prisión domiciliaria ya que se encuentra en una cárcel en Azul. Mientras tanto sigue la pelea por su libertad y absolución. Es todo un cuadro de la justicia burguesa y patriarcal el contraste entre este caso aberrante de criminalización de las mujeres pobres y el tardío juicio a la Triple A con todo su manto de impunidad y silencio.
Sobre este caso Daniela Rodríguez señaló la necesidad de juzgar a los civiles, sindicalistas cómplices e interventores de la UNS. También reforzó la exigencia de apertura de los archivos que, contra todo intento de "dar vuelta la página", nos permitirían echar luz sobre el terrorismo de estado, restituir la identidad de las nietas y nietos expropiados, y terminar con el olvido y la impunidad.
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