El pasado 9 de marzo el gobierno bonaerense de Kicillof realizó una nueva oferta dirigida a los trabajadores y funcionarios del poder judicial bonaerense.
La oferta abarcaría solo el tramo del primer trimestre del 2020. La misma consistió en un aumento del 9% sobre el salario básico a partir del mes de marzo y una suma fija (remunerativa y no bonificable) de $3.000 para los que tienen cargos y salarios más bajos, $4.000 pesos para los intermedios y por último de $5.000 para los cargos más altos y funcionarios. Este aumento es a partir de marzo, dejando fuera del aumento los meses de enero y febrero.
En la reunión, el gobierno habría dejado en claro que no reconocería la pérdida del salario sufrido por la inflación de los últimos años y la falta de convocatoria a paritarias del 2019 del gobierno de María Eugenia Vidal. Sin embargo, el gobernador Axel Kicillof reconoce la deuda con los bonistas especuladores a quienes les paga la totalidad de esa deuda que ellos mismos consideran usuraria. Asimismo, mantienen los privilegios de una casta de jueces y magistrados que cobran sueldos obscenos comparados con los del pueblo trabajador.
En reuniones anteriores con los funcionarios del poder ejecutivo, las y los dirigentes de la Asociación Judicial Bonaerense habían rechazado directamente ofertas similares, por ser insuficientes y no contemplar retroactividad alguna. Pero esto, no ocurrió esta última oportunidad.
Las dos fuerzas mayoritarias se solidarizan con el Gobierno
La dos fuerzas que dirigen el gremio en las distintas departamentales (Verde/Celeste y El Encuentro-JUB) convocaron a asambleas para el 10 de marzo en las 19 departamentales, proponiendo la aceptación de dicha oferta, sin exigir cláusula gatillo y avalando la pérdida salarial de años anteriores, con el argumento de que la misma se igualaría a la inflación del primer trimestre. Este planteo no solo desconoce la verdadera brecha entre precios de la canasta básica y salarios que crece a diario, sino que además legitima un bono por fuera del salario y que para las categorías más bajas (entre ellos los ingresantes) que no llegan a cubrir la canasta básica, es de menor valor dividiéndonos según categoría.
Resultados de las asambleas
Dicha propuesta término siendo aceptada mayoritariamente pero, rechazada en distritos como el de la ciudad de La Plata por 41 votos contra 19 y en los de Azul, Necochea y San Nicolás.
Las y los integrantes de la agrupación Marrón Clasista en judiciales intervinieron en las distintas asambleas reclamando que la deuda de la provincia no es con los bonistas especuladores, sino con las y los trabajadores que vienen perdiendo ante la inflación. Que toda oferta salarial debería cubrir la canasta básica de todos los trabajadores y que se debe terminar con la flexibilización laboral de la corte y el gobierno con el pase a planta permanente de tercerizados, contratados y pasantes.
Nuevamente, como sucedió años anteriores, nuestro salario queda devaluado, con una propuesta vergonzosa que debiera haber sido rechazada de plano en la reunión salarial.
Además, las corrientes que dirigen nuestro sindicato sigue ignorando y dejando pasar la flexibilización laboral mediante la tercerización de limpieza, los contratados y pasantes, que comparten los mismos espacios laborales que los empleados judiciales, siendo los primeros los sectores más golpeados por la inflación y las condiciones de trabajo.
Mientras la pobreza aumenta en amplios sectores de la provincia, con salarios a la baja y condiciones de trabajo indignas de todos los sectores de la administración pública (estatales, judiciales, salud, educación), los gremios que no dan combate, se alinean al gobierno que utiliza sus fondos para pagarles al FMI y a los fondos buitres.
La prioridad es clara, la deuda sigue siendo con las y los trabajadores, mientras que las conducciones sindicales fomentan y extienden discursos desmoralizantes para no salir a dar batalla. | 
