Los gobiernos autonómicos catalán, gallego y murciano han anunciado que a partir de mañana se cerrarán todos los centros educativos en sus respectivas comunidades, desde 0 años hasta la universidad. El gobierno vasco por su parte que extendería esta medida, ya vigente en Gasteiz, a las otras dos provincias restantes. En Miranda de Ebro, localidad burgalesa cernana a Vitoria, también se han cerrado escuelas e institutos, y lo mismo en Oviedo.
Una drástica decisión, que ya se ha implementado en toda la Comunidad de Madrid -afectando a un total de un millón y medio de estudiantes – y La Rioja, afectará enormemente el día a día de las familias más humildes. Aquellas que ni pueden pagarse un servicio de canguro, ni sus trabajos permiten ni el teletrabajo ni consiliar sin penalización con el cuidado de menores.
En todos estos lugares la medida sigue sin estar acompañada de otras que no hagan por lo tanto recargar sus concecuencias en los bolsillos y la salud de las familias humildes, en especial de sus mujeres.
Muchos de estos menores quedarán a cargo de sus abuelos y abuelas, uno de los grupos de riesgo que quedará expuesto al contacto continuado con otro de los grupos que muchos expertos han señalado como diseminadores silenciosos del virus, por no mostrar o mostrar muy pocos síntomas. Otros tendrán que quedar a cargo de alguno de sus tutores, si es que logra algún acuerdo con la empresa para cambio de turno o reducción horaria, con la correspondiente merma salarial.
El gobierno central ha prometido poner en marcha unas ayudas para paliar estas consecuencias que son toalmente insuficientes, y que además se cargarán sobre las cuentas públicas y la Seguridad Social, en ningún caso a los beneficios empresariales o de la banca.
La única solución realista sería obligar a las empresas a que permitan el goce de licencia con sueldo a uno de los miembros de la unidad familiar para el cuidado de menores. Una licencia que no debería implicar ningún tipo de perjuicio ni reducción salarial.
En el caso del cierre universitario, ninguna autoridad ni autonómica, ni del ministerio de Educación o los equipos de gobierno universitario, han aclarado que va a pasar. ¿Cuando y como se recuperarán las prácticas obligatorias? ¿como se avanzará la materia o la teleformación? ¿se retornará el dinero de las matrículas de los créditos no cursados? ¿se penalizará los suspensos como si nada de esto estuviera pasando y afectando al día a día de los estudiantes? ¿quien pagará las semanas o meses extra de alquiler y manutención de los estudiantes de fuera si el curso de alarga? Interrogantes que, junto a la falta de transparencia y participación de la comunidad universitaria en la toma de decisiones, ya están siendo cuestionadas por estudiantes y colectivos. | 
