La propagación del nuevo coronavirus covid-19 ha llevado al sistema nacional italiano de salud al límite de su tolerancia, mostrando sus déficits e insuficiencias. Evidentemente, son los sectores más vulnerables de la población los que más la padecen, por no hablar del empeoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores sanitarios empleados en los hospitales y en las actividades de emergencia y asistencia extrahospitalarias.
No nos sorprende el colapso de la salud pública italiana
Las cifras hablan por sí solas, esta es crisis que ya estaba anunciada. De hecho, la financiación pública reservada para la atención sanitaria ha disminuido en unos 37.000 millones de euros en los últimos 10 años, la mayor parte de los cuales (unos 25.000 millones) se recortaron en el período 2010-2015.
Un recorte que se traduce inevitablemente en una disminución del nivel de atención: en los últimos 10 años se han cerrado 359 pabellones, además de los muchos pequeños hospitales que se han reconvertido o abandonado. Se estima que hoy en día hay alrededor de 1000 hospitales activos en todo el país, de los cuales 482 son empresas privadas. La disponibilidad de camas para la hospitalización ordinaria se divide en 151.646 unidades para los establecimientos públicos y 40.458 para los establecimientos privados, registrándose una reducción de unas 70.000 camas en el último decenio. Concretamente, hablando de terapias intensivas, hoy más esenciales que nunca en la lucha contra el nuevo coronavirus, el número total de camas es de unas 5.090, un 30% menos que en 2001.
Las proporciones entre el sector público y el privado empeoran si se habla de laboratorios y clínicas locales en los que el sector privado tiene cierta ventaja (alrededor del 60,4%), especialmente en el Sur, con porcentajes muy altos en regiones como Campania y Sicilia (más del 80%).
En cuanto a la contratación de personal, el escenario no cambia, sino que, por el contrario, si es posible, empeora. Los sindicatos de profesiones sanitarias informan de una escasez de más de 30.000 empleados de enfermería y la proporción de enfermeras con respecto al número de pacientes puede variar desde 1:9 en las regiones del norte de Italia hasta situaciones en el límite de lo posible con una proporción de 1:17 en los hospitales del sur de Italia (en primer lugar, los de la región de Campania).
Esto sin mencionar la antigüedad de los trabajadores de la salud empleados hasta la fecha. Por ejemplo, el 40% de las enfermeras tienen entre 40 y 49 años, el 36% entre 50 y 59 años y sólo el 14% son personas entre 30 y 39 años. De ellos, demasiados están empleados en cooperativas que trabajan sin certeza y sin protección, con salarios injustificadamente más bajos (incluso unos cientos de euros) que los trabajadores empleados directamente por las empresas hospitalarias. Por no mencionar a los trabajadores de emergencia y técnicos sanitarios que van en las ambulancias o para atención a domicilio, superexplotados en turnos de hasta 12-18 horas, que ganan cantidades mínimas de dinero, a menudo obligados a ser falsos autónomos o a ser pagados mediante un reembolso falso de los gastos, apareciendo oficialmente como voluntarios.
Los datos estadísticos nos muestran, por lo tanto, un sistema sanitario al que se han sustraído fondos a lo largo de los años, como resultado de las leyes presupuestarias austeritarias. Donde faltan las herramientas no sólo para para gestionar una emergencia como la que estamos viviendo en estos días, sino para poder satisfacer adecuadamente las necesidades de los ciudadanos en condiciones no críticas.
La escasez de fondos económicos asignados a los hospitales da lugar con demasiada frecuencia a la falta de las instalaciones necesarias para llevar a cabo las actividades de atención diaria con el equipo adecuado de protección personal, lo que expone a los trabajadores de la salud a un riesgo muy alto y continuo. La mala calidad de los servicios de salud, las agotadoras esperas en las salas de emergencia, la ineficiencia de las instalaciones por falta de fondos y medios, también expone a los trabajadores de la salud a continuas agresiones (ciertamente no justificables en la violencia), sin embargo, sintomáticas del enorme malestar de los usuarios en un momento extremadamente delicado, en momentos de sufrimiento físico y psicológico.
En resumen, como siempre, es la mayoría de la población y los trabajadores los que más están perdiendo.
¿Cuáles son las soluciones adoptadas por el gobierno para hacer frente a la crisis?
Teniendo en cuenta que la contratación de personal sanitario es insuficiente con respecto a las necesidades del sistema, el Estado prevé ahora "la posibilidad de proceder a la contratación de profesionales sanitarios (también de médicos especialistas inscritos en el último y penúltimo año), con contratos de una duración máxima de 6 meses, prorrogables en función de la duración de la emergencia".
Además, a pesar del cierre de escuelas y universidades, no se han suspendido ni las pasantías incluidas en el plan de estudios de las carreras de las profesiones sanitarias (para las que no hay remuneración de ningún tipo) ni las previstas para los médicos en formación especializada. Esto, por supuesto, garantizará un ejército de estudiantes-trabajadores que ayudarán a compensar, como siempre, la escasez de personal.
Para superar la necesidad de camas, por su parte, las empresas privadas están proporcionando unos pocos cientos de unidades para apoyar el servicio público. Lo mismo se ha pedido a las instalaciones sanitarias militares que, además de unos pocos cientos de camas, están enviando personal médico y paramédico para ayudar al personal sanitario ya presente en algunas instalaciones hospitalarias.
Sin embargo, estas medidas dejan claro que la situación actual sólo se está tratando de forma contingente, en medio de la emergencia causada por la propagación del nuevo coronavirus, y no para atender al colapso estructural del sistema de atención de la salud que saca a la luz los efectos de años de políticas perversas. Esto queda demostrado por el hecho de que todas las medidas adoptadas son absolutamente provisionales. La contratación de personal, por ejemplo, será temporal y precaria, obligando a una parte de los graduados muy jóvenes a desplazarse, incluso a cientos de kilómetros de su casa, gastando parte de lo que será un salario mínimo para mantenerse. Los fondos asignados para la resolución de la crisis sanitaria, por lo tanto, no forman parte de un plan de continuidad para mejorar el servicio de salud y serán un recuerdo lejano cuando, una vez resuelta la crisis, la salud pública se vea abocada a las mismas condiciones precarias que antes de la emergencia.
¿Qué programa necesitamos para resolver la crisis en el sistema de salud ante la emergencia del covid-19 y más allá?
La resolución de la crisis del servicio nacional de salud no puede resolverse sólo dentro de los límites de la emergencia covid-19, sino que debe abordarse en su conjunto como un elemento central del sistema capitalista en el que los beneficios son más importantes que la salud de los ciudadanos, con medidas que deben mantenerse más allá de la situación de emergencia. Pero para la situación actual, algunas medidas urgentes son fundamentales:
La confiscación sin compensación de todas las instalaciones médicas privadas (clínicas, laboratorios, hospitales, asilos, vehículos de socorro...) y la industria farmacéutica para que estén bajo control público: ¡la salud de la gente vale más que cualquier beneficio!
La unificación del sistema sanitario nacional, superando su actual división en regiones, rechazando cualquier proyecto de autonomía diferenciada, y el aumento del gasto sanitario, como mínimo, al 9% del PIB, la media de la UE;
El mantenimiento por tiempo indefinido de todas las figuras profesionales que se contratarán durante la emergencia; la creación de planes de contratación para cubrir la escasez de personal en el menor tiempo posible, superando el chantaje económico de las cooperativas;
La remuneración de las prácticas universitarias, empezando por las de las profesiones de la salud, que ven a los jóvenes en primera línea para hacer frente a la crisis de la salud: ¡no al trabajo gratuito, no más superexplotación!
Unificación del servicio de emergencias extrahospitalario a nivel nacional, superando el sistema explotador de falso voluntariado y trabajo ilegal, con ajuste salarial según el CCNL [convenio nacional de trabajo de este sector].
La historia de recortes, corrupción y malas prácticas incluso en el sector público sólo confirma que no basta con fortalecer la salud pública. Todo este proceso de estructuración y relanzamiento de la salud pública debe ser dirigido y controlado por comisiones formadas por sindicatos y profesiones de la salud, comités de empresa, asociaciones de pacientes y usuarios de la salud, que garanticen un sistema de atención sanitaria al servicio de las necesidades de la clase obrera y los sectores populares. | 
