Esta semana la crisis provocada por el CoVid19 ha escalado de manera abrumadora. Todo indica que el pico de la epidemia está todavía lejos de llegar en el Estado español. En ese contexto, sobre todo en ciudades como Madrid ha ido cundiendo un clima de creciente preocupación.
Ante este escenario uno de los colectivos más expuestos es el de los trabajadores precarizados. De esta manera trabajadores como los riders de la comida a domicilio, o quienes trabajan en el sector de la hostelería o de cara al público han estado obligados a elegir entre poner en peligro su salud o arriesgar su puesto de trabajo.
Incluso algunas plataformas como Glovo, Deliveroo, o Uber Eats han entrado en una competencia desaforada con el objetivo de aprovechar esta situación debido al aumento de la demanda.
Empresas como Uber Eats tuvieron que pedir disculpas públicamente debido a que pocas horas después de anunciarse el cierre de colegios y universidades salieron con una campaña en redes con el lema #notelajuegues. Sin embargo poco parece importarles que los riders si que se vean obligados “a jugársela” ante una empresa que ni siquiera ofrece los más mínimos derechos y mantiene a sus trabajadores en el limbo de falsos autónomos.
Por otro lado en sectores como la hostelería de forma generalizada no se tomó ningún tipo de medida sanitaria para proteger a sus empleados. Durante estas semanas esto se convirtió en un problema de salud pública, sobre todo en las grandes cadenas, ya que en los hechos esto contribuyó a que estos establecimientos se convirtieran en focos de dispersión del virus.
Desde el Gobierno su única propuesta fue la de sugerir en la medida de lo posible, trabajar desde nuestras casas. Pero son precisamente estos sectores precarizados los que no tienen la posibilidad de acogerse al teletrabajo. De hecho el 80% de los asalariados no pueden realizar su labor desde sus casas. Con lo cual estas medidas que anunció el Gobierno han demostrado tener serias limitaciones para combatir la propagación del coronavirus.
Esta ha sido la tónica durante todas estas semanas en la que las decisiones gubernamentales y el despotismo y arrogancia patronales han puesto en serio peligro a millones de trabajadores.
Hoy viernes, el Gobierno ha declarado el Estado de Alarma lo cual implica automáticamente el cierre de restaurantes, hoteles, instalaciones y diversos centros de trabajo. Sin embargo tampoco ha especificado quien va a pagar el coste de esta crisis, ni en que condiciones se paraliza la actividad laboral.
Desde luego la patronal ya ha ido ubicándose con un mensaje claro. Piden bajar los impuestos y facilitar los despidos, aunque en los hechos ya hay miles de trabajadores que están siendo echados a la calle.
Una vez más, quieren que el pueblo trabajador y los sectores populares seamos los paguemos esta crisis. Solo la organización y la pelea decidida de estos sectores por un programa de emergencia puede evitarlo.
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