Los informes oficiales brillan por sus contradicciones. Las cifras no son creíbles: ¿sólo 26 personas infectadas hasta el 13 de marzo cuando durante enero pasado hubo 1,478,636 pasajeros provenientes de vuelos internacionales de acuerdo con estadísticas del AICM? Un aeropuerto donde incluso el filtro al narcotráfico ha evidenciado su vulnerabilidad.
En el intento de calmar a la población se plantean cuestiones que van en contra de las medidas elementales de prevención, como recomendar abrazarse o justificar que el flujo de pasajeros en los aeropuertos internacionales hace imposible revisarlos a todos para detectar si son positivos al covid-19 y brindarles atención médica.
El escenario en México se complejiza con la debilidad del sistema de salud, ya que el gobierno de López Obrador canceló el Seguro Popular -que de por sí ya presentaba escasa cobertura de enfermedades, tenía numerosos servicios subrogados para "atender" los intereses de los hopitales privados en lugar de aquellos que no están afiliados ni al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ni al Instituto de Servicios y Seguridad Social de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)-. En su lugar creó el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) que aún no empieza a operar.
Mientras la recomendación oficial es que la gente que tiene síntomas no vaya a trabajar, eso no es una opción para las y los trabajadores del sector informal, así como quienes trabajan bajo contratos de simulación con pagos por honorarios. Ellos viven al día, si no trabajan, no les pagan. No tienen ni siquiera chance de incapacidad porque carecen de seguridad social, y quienes cuentan con los servicios del IMSS, cuando les dan incapacidad, si no es por accidente o enfermedad contraída en el lugar de trabajo, reciben sólo el 60% de su sueldo.
En la actualidad hay 31.7 millones de trabajadores en el sector informal (al cuarto trimestre de 2019), de un total de 57.7 millones de personas consideradas como parte de la población económicamente activa (15 años o más). Según datos del IMSS, hasta fin de enero hubo 12,327,845 personas que recibieron atención médica en ese instituto. Millones de trabajadoras y trabajadores no cuentan con servicios gratuitos de salud pública.
Esta situación se suma al desabasto de medicinas, como antibióticos y fármacos para tratar distintos tipos de cáncer. Solo entre diciembre y fin de febrero, la Comisión Nacional de Derechos Humanos recibió 552 denuncias por falta de medicinas. A su vez, recientemente se dieron a conocer 6 casos de personas fallecidas y más de un centenar en tratamiento intensivo por la administración de heparina contaminada en un hospital de Pemex ubicado en Villahermosa.
De la mano de esto, la precarización laboral de parte importante de las y los trabajadores del sector salud empeora el panorama, como sucede en el caso de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, que tiene personal contratado por honorarios, servicios profesionales, eventuales, nómina 8, subcontratados, etcétera. Y que al negarles la basificación, la plantilla laboral del sector se encuentra en desventaja frente al gobierno para enfrentar cualquier crisis de salud.
Según un modelo matemático desarrollado por el doctor Gustavo Cruz, del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas (IIMAS) de la UNAM, entre el 20 y el 30 de marzo se espera que se expanda exponencialmente el covid-19.
Ante esto, es necesario que se tomen medidas de emergencia para evitar un escenario así, que podría provocar muchas muertes, como en China, en Italia o en Irán.
Ante este panorama, no se puede esperar que el gobierno de López Obrador, el cual con los recrtes de la "austeridad republicana"contribuyó a profundizar la crisis preexistente del sistema de salud, garantice un plan confiable ante esta crisis sanitaria; el sistema de salud ha sido menguado una y otra vez por recortes presupuestarios y negocios millonarios de los gobiernos del PAN y del PRI con los grandes laboratorios y las empresas productoras de insumos médicos.
Es necesario que los sindicatos que se reivindican “democráticos”, junto con las y los trabajadores que enfrentan el plan de “austeridad” de la 4T y los despidos, impongan un plan de emergencia ante esta crisis sanitaria.
- 1) Hay que obligar al Estado a garantizar una provisión masiva de los test de detección temprana. Ante los primeros síntomas de la enfermedad o exposición al virus toda la población, tenga o no seguridad social, tiene que acceder a las pruebas para ver si está afectada o no. Así se puede diagnosticar y aislar el virus. Todas las instituciones de salud públicas o no -hospitales, clínicas, centros de salud- deben tener disponibilidad de los insumos para realizar las pruebas de manera gratuita.
- 2) Basta de salud de primera, de segunda y de tercera que se rige por las condiciones socioeconómicas de la población. El Estado tiene que centralizar de inmediato toda la infraestructura y los recursos existentes en materia de salud tanto del sector público -Insabi, IMSS, ISSSTE, Pemex- como del sector privado -el Ángeles, el ABC, Vivo, Mosel, Médica Sur, Salud Digna, etcétera-, incluyendo los consultorios médicos de las cadenas de farmacias como Dr. Simi, Farmacias del Ahorro y San Pablo. En el caso de estos consultorios, deberán ser acondicionados y abastecidos para que puedan diagnosticar y canalizar a las personas infectadas a otras instituciones de salud, con el fin de garantizar atención inmediata para todas y todos.
- 3) Para la atención de toda la población es necesario el abastecimiento no sólo de los test para la detección oportuna, sino de todas las medicinas y equipo técnico necesario como equipos de asistencia respiratoria y de intubación. Sólo así se podrá garantizar la vida de los trabajadores, sus hijos, los pequeños comerciantes, los campesinos y principalmente de quienes viven en mayor grado de vulnerabilidad como los ancianos (que viven con pensiones miserables y trabajos ultraprecarios) o las personas que viven en situación de calle. Todos los servicios deben prestarse de manera gratuita.
- 4) Se debe garantizar en forma efectiva la provisión alcohol en gel, guantes, cubrebocas y jabón. Los trabajadores y las trabajadoras debemos organizarnos para imponerles a los laboratorios y las empresas fabricantes de medicamentos o elementos de cuidado y prevención que pongan su producción en función de combatir la pandemia. Ante esta crisis no puede haber lugar para el lucro.
- 5) La alimentación nutritiva y suficiente es un derecho elemental al que lamentablemente no accede una parte importante de la población. Frente a esta crisis sanitaria se vuelve indispensable garantizarla, pues es un factor importante para que en caso de contagio el riesgo de desarrollar neumonía o morir sea menor. Por ello exigimos la instalación de comedores populares que preparen y repartan los alimentos a las poblaciones más vulnerables.
Hay que exigir la prohibición de la especulación de precios y acaparamiento de alimentos e insumos necesarios para enfrentar la emergencia sanitaria por parte de las grandes tiendas y supermercados. El gobierno debe instituir controles de precios y toda empresa que sea detectada violando estos controles y beneficiándose de la crisis debe expropiada y puesta bajo el control de los trabajadores, para que se garantice el reparto de alimentos y todos los artículos necesarios para la disminución de los contagios.
- 6) Hay que exigir la inmediata basificación de todas y todos los trabajadores en activo, personal médico, de enfermería, técnicos, de intendencia, incluyendo a residentes y a estudiantes que estén haciendo el servicio social. Junto con esto, se debe recontratar a todas y todos los despedidos del sector en años previos, y actualizarlos en caso de que hayan estado fuera de servicio por un tiempo.
- 7) Ante la crisis humanitaria que encarnan los campamentos de migrantes en la frontera norte y el tránsito de migrantes a través de México, que buscan llegar a Estados Unidos, así como aquellos a los que el Estado mexicano detuvo en los centros migratorios, es fundamental que todas las personas migrantes tengan acceso irrestricto a todos los servicios de salud que se requiera, desde los estudios para detectar si se infectaron de covid-19 hasta la hospitalización en todos los casos que se requiera. Ello implica que el gobierno suspenda toda deportación de migrantes. Sus vidas valen más que las exigencias de Donald Trump.
- 8) Se debe prohibir el hacinamiento en estaciones migratorias, en cárceles, en centros de internamiento para adolescentes, en orfanatos. En todas las instituciones de reclusión se debe garantizar atención sanitaria para todas las personas detenidas, también desde la detección del virus hasta la hospitalización y el aislamiento en condiciones de salubridad y dignas en todos los casos que se requiera.
- 9) Es indispensable garantizar que el aislamiento se pueda llevar a cabo en condiciones óptimas para quienes lo necesiten:
a) Todas las personas que resulten contagiadas.
b) Para evitar contagios en la población más vulnerable ante la pandemia, se deben otorgar estas licencias a las todas personas mayores de 60 años.
c) Así como las madres o los padres que deban cuidar a sus hijos ante una eventual suspensión de las clases.
Las personas que requieran aislamiento deben recibir el pago de la incapacidad al 100 % si cuentan con seguridad social, y en caso de no tener este derecho, el Estado y las empresas deben garantizar la percepción del salario completo.
El aislamiento puede coadyuvar a controlar el virus. Por eso el Estado debe garantizarlo, en especial para las personas que viven en condiciones precarias o en hacinamiento -cuando varias personas conviven en un espacio pequeño-, como sucede en el caso de las familias de los sectores populares más empobrecidos.
- 10) Se deben prohibir los despidos mientras dure la pandemia. No es responsabilidad de los trabajadores. Si hay licencias o suspensiones por cierre de establecimientos, éstas tienen que ser pagando el 100 %, sin afectar premios o el reglamento de puntualidad. Toda empresa que despida, o que suspenda a sus trabajadores sin garantizar el 100% de sus salarios, debe ser expropiada y nacionalizada bajo control de sus trabajadores.
- 11) Hace falta crear comisiones de seguridad e higiene bajo vigilancia de los trabajadores que garanticen la correcta aplicación de protocolos ante el brote y la provisión de elementos de cuidado y prevención como alcohol en gel, guantes, cubre bocas y jabón.
- 12) Para que la crisis sanitaria no la cargue el pueblo pobre y trabajador con muertos y familias en el desamparo con despidos y paros técnicos, se vuelve indispensable que la crisis sea sostenida por los grandes empresarios que saquean nuestros recursos y “generan” sus obscenas fortunas con la explotación de las y los trabajadores que dejan sus vidas en las fábricas, maquilas, oficinas, servicios de transportes, etcétera. Por ello es urgente el impuesto a las grandes fortunas que permita el recaude de recursos necesarios para la implementación de las medidas antes enlistadas.
- 13) Además, necesario suspender el pago de la ilegal y fraudulenta deuda pública. Tan sólo el presupuesto asignado para ésta en el 2020 equivale al 420 % del presupuesto a salud. Todos los recursos nacionales deben estar puestos en combatir la pandemia, asegurando la salud de la población trabajadora y de los sectores populares.
Ante las grandes crisis, son necesarias grandes medidas.
Las trabajadoras y los trabajadores, sindicalizados y no sindicalizados, informales, contratados por honorarios o por cualquier otra forma de simulación de contrato que ha impuesto el Estado, tienen que unirse entre sí, así como con el movimiento de mujeres que inundó las calles para enfrentar la violencia feminicida y con las comunidades y pueblos originarios que resisten el avance de los megaproyectos, para luchar por este programa de emergencia.
Para enfrentar una crisis sanitaria de esta magnitud es necesario afectar las ganancias de los empresarios. La vida de las familias trabajadoras y de los sectores populares vale más que las ganancias de los magnates como Carlos Slim.
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