En el consenso de Washington, allá por el ’89, impulsado por organismos de crédito, se detallaban 10 recomendaciones a seguir para la salida de la crisis de los países en vías de desarrollo. Entre esas recomendaciones se encontraba la de “privatización de empresas estatales” con la premisa de que los servicios serían así más eficientes. De ahí en adelante lo único que ha sucedido es la privatización de bienes y servicios del Estado.
Gobierno tras gobierno hemos visto cómo áreas y servicios enteros se han ido privatizando de manera indiscriminada en los hospitales públicos, generándose la invasión de empresas con trabajadores precarizades; empresas que utilizan áreas hospitalarias sin control y que deterioran la atención sanitaria.
Entre los servicios privatizados encontramos principalmente el de mantenimiento de dispositivos eléctricos y electrónicos, como bombas de infusión continua, ventiladores mecánicos, dispositivos de entrega de oxígeno de alto flujo termohumidificado, entre otros. Algunos de estos elementos ni siquiera pertenecen al patrimonio hospitalario, son dados en comodato o, lo que es lo mismo, “prestados” por la empresa que los comercializa para ser usados. Además, como pago se acuerda la compra de un mínimo de materiales descartables que utilizan esos dispositivos o el pago de una especie de “alquiler”, por así decirlo.
De los aparatos en comodato, el mantenimiento corre por cuenta del proveedor. Lo cierto es que en el caso de los aparatos patrimoniados en el hospital el servicio que se ocupa del mantenimiento se encuentra total o parcialmente tercerizado y el Ministerio de Salud se ocupa de precarizar el servicio pagando de manera irregular y exigua a las empresas. También en algunos hospitales se reciben becarios de facultades que cumplen esta función de mantenimiento de aparatología. Los cuales muchas veces ni siquiera obtienen la renovación de las becas, teniendo también dificultades con el cobro de su remuneración.
La problemática es palpable y se ve reflejada en las reiteradas y extensas roturas de equipos de alta complejidad como tomógrafos y resonadores o en casos más grave como en el incendio que se produjo en el Hospital Oñativia de Rafael Calzada, en la sala de máquinas; razón por la cual el hospital aún al día de hoy no ha recuperado su funcionalidad previa al evento.
En todo este escenario se generan situaciones de falta de técnicos, falta de pago y flexibilización laboral, lo que deriva en un servicio deficiente y de mala calidad, muy lejos de la eficiencia prometida por el Consenso de Washington.
Con respecto al mantenimiento hospitalario, privatizado, se contratan empresas con trabajadores que se encargan de arreglar puertas, sillas, camas, camillas, cambiar canillas y cerraduras, colocar negatoscopios o lámparas amuradas, etc, etc, etc. Basta con pisar la guardia o estar un día internado para ver las camillas rotas, las camas de las salas de internación sin frenos, puertas de armarios con bisagras dañadas, techos rotos, y la lista sería interminable. Las empresas dependen del pago por parte del gobierno de turno para cumplir con el pago de sueldos, siendo sueldos paupérrimos y las condiciones laborales de similares características, ya que a veces ni siquiera cuentan en tiempo y forma con los materiales y herramientas necesarios para los arreglos. Una muestra más donde se puede ver que la privatización y la disminución del presupuesto para la salud solo llevan al deterioro de la atención.
Otro servicio comúnmente tercerizado es el de lavandería. De más está decir la cantidad de veces que no hay sábanas en las diferentes salas de internación de los hospitales públicos. Al igual que el mantenimiento de ascensores. Todos recordaremos que en agosto del año 2019, en el Hospital Eva Perón de Avellaneda, cayeron por el hueco del ascensor un camillero y un paciente, producto de la falta de mantenimiento. Una vez más se esfuma la promesa de privatizar para mejorar el servicio. El servicio de gases medicinales (oxígeno y aire comprimido), también tercerizado, no escapa a la misma realidad dentro del medio hospitalario, teniendo que trabajar con las instalaciones fuera de norma producto del abandono y falta de políticas que renueven las cañerías y equipos.
"(...) en agosto del año 2019, en el Hospital Eva Perón de Avellaneda, cayeron por el hueco del ascensor un camillero y un paciente, producto de la falta de mantenimiento"
Con respecto a las empresas de alimentación, estas se encuentran tercerizadas en todos los hospitales de la provincia. Las empresas contratan trabajadores multitarea que pueden repartir alimento, servirlo, cocinarlos y lavar vajilla. Todo esto incluso cuando tienen más de dos meses de atraso en sus sueldos. El conjunto de alimentos que se sirven diariamente a los usuries internados en el hospital se llama dieta. La dieta diaria que paga el gobierno para cada paciente para las 4 comidas es desde hace casi 4 años de alrededor de 250 pesos. Por esto los comedores de los hospitales han restringido los contenidos de carne (pescado, carne, pollo). La salud está delimitada por el presupuesto para salud y las políticas sanitarias, las cuales no son acordes a las necesidades, tal es así que se ve afectado algo tan básico como la alimentación de los pacientes.
"La dieta diaria que paga el gobierno para cada paciente para las 4 comidas es desde hace casi 4 años de alrededor de 250 pesos"
Las empresas de limpieza poco a poco van ocupando espacio en los hospitales públicos también. El Ministerio de Salud envía tardíamente las partidas de dinero y eso provoca la falta de pago a les trabajadores, que se han visto obligados a hacer huelgas de trabajo en reclamo de sus derechos. En el Hospital Petrona Villegas de Cordero de San Fernando, durante el mes de de enero, la falta de pago provocó una invasión de hormigas en la terapia intensiva de adultos lo que derivó en el traslado de pacientes críticos a la guardia con todos los riesgos de salud que dicha determinación presenta.
Pero la mayor tercerización que se viene gestando en el país es la CUS. La Cobertura Universal de Salud fue decretada en julio de 2016. Este programa curiosamente también está impulsado por organismos de crédito, está en línea con el Consenso de Washington y forma parte del gran paquete de reformas neoliberales, que no tienen nada que ver con las prestaciones de salud; es meramente económico. La CUS es un sistema donde los “beneficiarios” del programa obtienen una credencial y tienen una historia clínica unificada. Esto emula un seguro de salud, como si fuese una obra social. Mediante esta credencial tienen acceso a un crédito que les permite hacer consultas y atenciones en centros privados, y cuando ese crédito se acaba, se vuelve al hospital público. Lo que denota que el hospital es nuestra real y verdadera cobertura universal, pública y gratuita de salud.
Entonces, ante la pregunta obvia de para qué implementaríamos algo que no necesitamos es porque en el medio empiezan a existir empresas privadas que se llevan el dinero del Estado en vez de invertirlo en el hospital público, los centros de salud y las salas periféricas, que son quienes realmente cumplen las funciones de atención sanitaria. Y tal como lo dice su decreto: “todo lo que no puede ser realizado en un hospital público será realizado en instalaciones privadas”. Es decir, con el sistema CUS, el problema es que se seguirá desmantelando el hospital público y cada vez menos prestaciones podrán ser llevadas a cabo en él.
El sistema CUS desde los años ´90 se fue implementado en países como Chile, Colombia y México y solo ha beneficiado a grupos económicos, ya que no existen indicadores sanitarios que mejoren. De hecho, una de las razones del estallido social en Chile es el sistema sanitario, y en Colombia ya se han cerrado hospitales públicos.
"(...) con el sistema CUS, el problema es que se seguirá desmantelando el hospital público y cada vez menos prestaciones podrán ser llevadas a cabo en él"
En esta lenta pero firme tarea de mercantilización de la salud, los verdaderos actores sociales son los laboratorios, los grandes prestadores médicos y el que siempre sale perdiendo es el pueblo. Reside aquí la importancia de un sistema de salud único, universal, gratuito y de calidad financiado íntegramente por el Estado siendo para esto necesario prescindir de las empresas tercerizadas incorporando a sus trabajadores al plantel hospitalario, y disponiendo de presupuestos sanitarios acordes a las necesidades. El Estado es responsable de garantizar el pase a planta permanente de todes les trabajadores tercerizados y así reducir la precarización laboral y mejorar la calidad de servicio y atención. La crisis sanitaria que hoy se atraviesa pone nuevamente sobre el tablero el problema de la privatización y el desfinanciamiento de la Salud pública. | 
