Al día de ayer el número de casos del actual coronavirus confirmados oficialmente en el país asciende a 17. Es de esperarse que en los próximos días sean muchos más, el aumento viene siendo claramente exponencial y rápido: 2 el primer día, sumando 8 el segundo día y 17 el tercero. Para nadie es un secreto el estado calamitoso del sistema de salud en el país, y como señalan varios comentarios en redes sociales, cuando hoy en Venezuela decimos ruina del sistema público de salud no nos referimos a la ruina promedio de la salud pública en América Latina, acá la situación es realmente catastrófica.
En estas condiciones, es previsible que el sistema de salud venezolano esté mucho menos preparado que otros para atender la magnitud del problema que se puede presentar, pero se agravará más si, como ya está ocurriendo, se obliga a quienes están en primera fila de la atención a la contingencia, a trabajar sin las condiciones mínimas requeridas. Es lo que sabemos, tanto por las denuncias que han trascendido como por información directa aportada por colaboradores de La Izquierda Diario. Una situación a la que hay que salirle al paso de forma inmediata.
Los primeros en tomar la palabra fueron los trabajadores del hospital Dr. José Ignacio Baldó, “El Algodonal” (Dtto. Capital). El pasado 11 de marzo, luego del anuncio del Gobierno nacional sobre que ese sería uno de los centros asignados para la atención de los casos de coronavirus, se manifestaron explicando que por lo general trabajan sin electricidad durante muchas horas del día, habiendo áreas que tienen más de un año sin ese servicio, así mismo, no hay productos de limpieza e higiene, debiendo los trabajadores llevar ellos mismos los productos para poder limpiar sus áreas de trabajo y hacerse el aseo. No contaban siquiera con tapabocas y guantes suficientes, además de no tener epidemiólogo, rayos X ni capacidad del laboratorio para hacer hematologías completas. Tampoco cuentan con agua corriente durante las 24 horas del día.
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“No nos estamos negando a trabajar ni negándole el derecho que tiene el paciente a ser atendido ante una situación –dicen–, pero nosotros también tenemos derecho a la salud y a tener protección mínima”. Otra especialista señala: “El paciente tiene derecho a la salud, y cuando viene y aquí no hay cómo atenderlo le están violando su derecho a la salud. Cuando una de las cuestiones fundamentales ante este virus es la buena alimentación para un sistema de defensa fortalecido, y aquí de comida la dan solo una pasta blanca”.
Ya confirmados los primeros casos, una situación de tensión se vive en varios ambulatorios y centros de atención primaria en Maracay (Aragua), porque la dirección regional de salud estableció un cronograma en el que los médicos y enfermeras deben prestar servicios en consultorios populares que no cuentan con las condiciones mínimas.
Estos trabajadores piden que no los envíen a esos centros que no cuentan con bioseguridad, se manifiestan totalmente dispuestos a sumarse a las labores de contingencia necesarias, pero solicitan ser dotados de cuestiones básicas como: tapabocas, batas estériles, gorros, agua y alcohol.
Solicitan insumos de primera necesidad al lidiar con un virus tan contagioso, con los que no cuentan, a pesar de que los envían a atender pacientes posiblemente infectados.
Estas solicitudes se las hicieron a sus superiores inmediatos, sin recibir por respuesta más que la indiferencia. Buscaron la manera de comunicarse entonces con la presidenta de Corposalud e, incluso, con el propio gobernador, Marco Torres. De parte del gobernador recibieron poco más que la misma indiferencia, con respuestas genéricas como “tengan calma”, “estamos trabajando duro”. La respuesta de Corposalud fue más drástica: mandarlos a trabajar en esas condiciones de precariedad absoluta, ordenándoles hacer tapabocas de tela y re-utilizarlos, además de amenazarlos con despidos si no acatan esas órdenes.
Hay centros de salud que “así no haya agua van a abrir y atender pacientes”, sentenció la funcionaria regional, a la par que les advirtió que “esas son las condiciones, lo toman o lo dejan, acatan o renuncian voluntariamente”. Caso contrario, serán pasados a la orden de recursos humanos para su despido por faltas.
Una completa irracionalidad, pues si médicos y demás personal sanitario se contagia, no solo se ponen en peligro ellos y sus familias, sino al resto de la población que pueda entrar en contacto con ellos, propagando aún más el virus que deben contener. Una irresponsabilidad enorme, más aún cuando lo que se necesita es justamente la mayor cantidad de trabajadores de la salud, ¡no renuncias ni despidos!
De vuelta en Caracas, en el hospital Dr. Miguel Pérez Carreño, por donde ya han pasado dos pacientes con sospechas del virus –uno de los cuales sigue internado allí–, hay personal que no cuenta con agua, alcohol ni jabón. Solamente les distribuyeron un poco de jabón líquido a cada trabajador cuando llegó el primer caso sospechoso la semana pasada, lo que les alcanzó para poco más de un día, luego de lo cual no les han proveído nuevamente de jabón, no hay agua corriente y no les han suministrado por lo menos alcohol.
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Violentando disposiciones elementales de la OMS y derechos básicos establecidos en la ley
Además de las cuestiones básicas que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS), y de la lógica elemental, el gobierno está en estos casos pasando por encima de sus propias leyes. El artículo 53 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (Lopcymat), en su numeral 5, establece el derecho del trabajador o trabajadora a no desempeñar una labor que manifiestamente represente un riesgo para su salud y su vida. Señala que el trabajador tiene derecho a:
“5. Rehusarse a trabajar, a alejarse de una condición insegura o a interrumpir una tarea o actividad de trabajo cuando, basándose en su formación y experiencia, tenga motivos razonables para creer que existe un peligro inminente para su salud o para su vida sin que esto pueda ser considerado como abandono de trabajo”.
La OMS recomienda el uso de las mascarillas, prioritariamente, para el personal de salud y personas enfermas, sin embargo, el Gobierno no está garantizando seriamente eso a los trabajadores y las trabajadoras de la salud, así como otros implementos básicos, tal como venimos mostrando.
¿ "Combatir la pandemia" sin garantizar suministros masivos al pueblo ni condiciones mínimas a los trabajadores de la salud?
El Gobierno ha declarado obligatorio el uso del tapabocas en el transporte público, pero ha dejado su suministro, al igual que el de los demás insumos básicos, a merced de las cadenas de farmacias privadas y comerciantes que, de manera oportunista, han respondido especulando con los precios, aumentado hasta en más de un 200% en algunos casos.
Estos insumos básicos para prevenir el contagio y combatir la pandemia, deberá costearlos el pueblo trabajador de su destruido bolsillo, y por lo visto, incluye también a los trabajadores de la salud, ya que no se los suministran, y quienes, al igual que resto de la clase trabajadora, tienen salarios totalmente míseros.
Mientras el salario mínimo de todo un mes, sumando el ticket de alimentación, representa unos 6 dólares, una sola mascarilla la venden en 4 dólares –Farmatodo anunció que ofrecerán pronto otras “más accesibles”–, un alcohol mediano sale en 1 dólar, y un frasquito pequeño (100 ml) de antibacterial con alcohol ronda los 3 dólares.
El gobierno no ha tomado la medida fundamental de traspasar de forma planificada las existencias actuales en el mercado privado a la red de atención sanitaria pública que requiere urgentemente de insumos, para garantizar la distribución masiva a la población y, con particular énfasis, a las/os trabajadoras/es de la salud y personas con mayor riesgo (mayores de 60 años, diabéticos, pacientes con HIV, etc.). En medio de la emergencia, se limita a “acordar” con los fabricantes privados que pongan “precios solidarios”, lo que mantiene el circuito de ganancias exorbitantes del capital comercial, que lucra con las compras inusitadas, mientras que a los trabajadores les exige salir a exponerse totalmente, poniendo en riesgo sus vidas, y pudiendo contribuir a la catástrofe social con nuevos contagios completamente evitables.
En los hechos, como en estos largos años de crisis, siguen primando el lucro privado y el autoritarismo gubernamental por sobre las necesidades sociales urgentes. ¡Con un gobierno que se llena la boca hablando de “socialismo”!
Cuarentenas forzosas con presencia militar y mayor control burocrático-policial no son la respuesta que la sociedad necesita. El aislamiento por sí solo es insuficiente con un virus que ya está propagándose, si el sistema sanitario encargado de atender los casos se encuentra en debilidad crítica y expone a sus propios trabajadores al contagio. El pueblo en general, y los trabajadores de la salud en particular, tienen el derecho de exigir y pelear por que se garanticen las condiciones mínimas para proteger la salud y la vida.
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