En nuestra provincia el Movimiento Popular Neuquino gobierna hace más de 50 años para mejorar las ganancias de las empresas privadas y de muchos particulares que han aprovechado su cercanía al poder político. Pero no muestra efectivas mejoras en la vida de los y las habitantes. Remiten siempre a un “pasado ideal” en tiempos en los que la provincia gozaba de muchos recursos y poca población.
A esto se suma los temores inciertos en virtud de la declaración de la pandemia por “coronavirus” y los oportunismos que genera, tanto de parte de los gobiernos como de las conducciones gremiales adeptas a las definiciones políticas imperantes.
En un contexto, los gobiernos, tanto nacional como provincial, buscan establecer reformas que responden a las presiones de los organismos internacionales, otros estados y polos de concentración económica, y que afectan las condiciones laborales y previsionales, como así también la educación de grandes sectores de la población que se encuentran en procesos acelerados de empobrecimiento.
En medio de un conflicto de las y los docentes con el gobierno provincial y del desarrollo de las acciones gremiales de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén que actualmente han sido frenadas por la conducción actual, se produce la conformación de instancias de organización de las bases de trabajadores y trabajadoras docentes en torno a dos problemáticas. Una, referida a la situación del nivel inicial y, la otra a partir de la concreción de las normativas con respecto a la “inclusión” respecto a la discapacidad.
Esta última cuestión reúne a docentes de todos los niveles y de la “modalidad” de educación especial que tienen que hacer frente, como lo vienen haciendo hace muchos años, al abandono por parte de los gobiernos, y el de nuestra provincia en particular por la educación de la personas con discapacidad.
A partir de la resolución 1256/17 del Consejo Provincial de Educación sobre la educación de las personas con discapacidad, el gobierno respondió a las exigencias de los grupos que defienden los derechos de este colectivo con un discurso políticamente correcto, limitándose a derogar toda normativa provincial que se contraponga a la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con discapacidad.
A partir de ese momento, se generó un vacío normativo a nivel provincial, que se llenó con la aplicación de la resolución 311/16 del Consejo Federal de Educación y con promesas de inversión y reorganización del sistema educativo.
Se ha registrado un incremento en la inversión en educación de las personas con discapacidad, pero se desconoce a qué se han destinado concretamente esos recursos, que, por otra parte, aún resultan insuficientes. Esto nos hace sospechar, una vez más, como ocurre en tantos casos, sobre la utilización de la garantía de derechos para justificar inversiones cuyos destinos desconocemos.
También ha habido una avanzada del gobierno al generar un Anteproyecto de Educación Inclusiva, que, por un lado termina derogando las últimas resoluciones que, de alguna manera restringen el ingreso de estudiantes con discapacidad en las escuelas comunes, las que refieren a la matriculación y, por otra parte enuncia una serie de principios generales que no dicen mucho del compromiso del gobierno en lo concreto y menos de las condiciones laborales de las/os trabajadores/as de la Educación.
Este anteproyecto ha sido rechazado, tanto por las/os docentes como por referentes de los grupos en defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Como así también se ha denunciado la improvisación y el abandono que se ha operado por parte del gobierno en relación con la concreción de lo estipulado en las normativas.
Los funcionarios se amparan en interpretaciones sesgadas de los principios enunciados que esgrimen como concepciones indiscutibles pero que lo único que generan es la descarga de la responsabilidad, en cuanto a decisiones, conflictos y trabajo concreto en los/as docentes.
Cabe mencionar que el paso del tiempo sin acciones concretas favorece los intereses de los sectores concentrados de poder y descarga todas las responsabilidades y todos los perjuicios en los sectores de la clase trabajadora. Lamentablemente no solo los gobiernos son culpables de estas dilaciones sino que también muchos sectores gremiales se hacen cómplices con su silencio, que solo rompen para justificar estas situaciones.
Un grupo de docentes, tanto de las escuelas de educación especial como de los diferentes niveles, con intenciones legítimas de mejorar las condiciones laborales y la educación de las personas con discapacidad se estará reuniendo este miércoles 18 de marzo para darle continuidad a una organización, en el marco de la Asociación de Trabajadores de la Educación del Neuquén, que pretende exigir a la conducción del gremio y a los gobiernos acciones concretas, efectivas y urgentes que garanticen el derecho a la educación de las personas con discapacidad, entre las que deben ser consideradas, como fundamentales, las condiciones laborales acordes a la magnitud de los principios que se declaran.
Será necesario establecer, con el conjunto, algunas instancias en relación con las prioridades y las dificultades que se nos presentan. Hay aspectos que se refieren a la realidad de las escuelas de educación especial y otros en relación con desarrollo de la escolaridad en escuelas “comunes”. El punto de encuentro se ubica en la necesidad de una articulación entre las dos pero en un marco de condiciones que posibiliten el trabajo conjunto.
Todo lo referido a la educación es una cuestión que no puede ser agotada en unos simples principios con los que podemos acordar, sino que posee la complejidad de las singularidades con las que nos encontramos en el transcurso de nuestras vidas, en lo cotidiano y en la multiplicidad de circunstancias en las que nos encontramos. Por lo cual habría que comenzar a analizar una serie de cuestiones que hacen al logro de una tarea educativa que realmente brinde herramientas para que las personas con discapacidad puedan abrir caminos de participación política en nuestras sociedades.
Necesitamos comprender que no se trata solo de la asignación de recursos o la creación de cargos, sino que se deben modificar otros aspectos del sistema que posibiliten el trabajo conjunto. Como así también el desarrollo de un proceso gradual que reduzca los “daños colaterales” que parecen ser siempre bienvenidos en pos de las pretensiones de los gobiernos.
Necesitamos desmontar la utilización y las interpretaciones falaces y oportunistas que se hacen de los conceptos más aceptados actualmente para que no continúen siendo maneras solapadas de someter a quienes hacen uso de su derecho a exigir otros modos de existencia.
Necesitamos evitar la generalización apresurada de la cuestión de la inclusión que nos empuja al olvido de las particularidades de las diferentes maneras en que opera la discriminación, la exclusión y el abandono en las diferentes situaciones, en las que se conjugan de manera fatal múltiples modos de opresión.
Necesitamos profundizar las desarticulaciones que operan, en el ámbito de la discapacidad (salud, educación, vivienda, trabajo): los gobiernos, las instituciones y los núcleos de poder económico concentrados, para encontrarnos como trabajadoras y trabajadores de los diferentes ámbitos y exigir, en cada uno, lo necesario para llevar adelante nuestra tarea en un marco de acción integral.
Necesitamos descubrir, conocer y analizar los diferentes modos en que se hace uso de discursos a favor de la garantía de la educación de las personas con discapacidad para justificar la asignación de recursos públicos que terminan en los bolsillos de particulares amigos del poder o favoreciendo la proliferación de negociados con sectores privados a cuyos beneficios solo puede acceder un reducido sector de la población.
Necesitamos comprender que no hay recetas, ni “tips”, ni soluciones fáciles, solo el debate y la lucha política constante permitirán seguir abriendo caminos para la vida.
Necesitamos encontrarnos entre docentes, para comprender en profundidad las diferentes situaciones a las que nos encontramos expuestos y para exigir a las conducciones gremiales la construcción de un plan de lucha integral y de conjunto.
Finalmente, necesitamos ponernos en contacto con las personas con discapacidad, no a través de quienes se arrogan su representación, sino hacer el esfuerzo sostenido de construir los espacios de comunicación que permitan encontrarnos para escuchar sus voces. Para que podamos decir todos/as juntos/as, en cada uno de nuestros ámbitos, una de las frases del movimiento de las personas con discapacidad que coincide con nuestras expectativas políticas: “Nada de nosotros/as sin nosotros/as”. | 
