Con la pandemia del coronavirus ha quedado claro que las políticas neoliberales que mantienen la sanidad como un negocio no se pueden permitir. La falta de medios y la precariedad de la sanidad pública ha generado gran indignación social, así como el reconocimiento unánime de la importante labor de las trabajadoras y trabajadores que se están jugando su propia salud.
Ya son más de 400 trabajadoras y trabajadores de los hospitales los que se han visto contagiadas por el virus, según los datos aportados por el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, en la rueda de prensa de este martes.
Cada vez son más las voces que plantean que es preciso establecer un plan coordinado para poner todos los recursos sanitarios a disposición de toda la sociedad.
Para reestructurar la sanidad no basta sólo con exigir la intervención estatal de la privada o la religiosa. Ante la situación de caos que se ha generado, es probable que el gobierno pueda hacer algo de esto. Siempre parcialmente, ya que cuestionar estos intereses privados siempre es su última opción.
Debemos garantizar que esa intervención sea precisamente cuestionando las ganancias de este negocio de la salud. Por ello toda intervención debe ser sin indemnización y sin que el Estado se tenga que endeudar por hacer uso de esos recursos.
Una intervención, que sólo puede tener garantías sociales si el sistema sanitario pasa a estar controlado por comités de trabajadores sanitarios y usuarios. No podemos depender de la gestión de los mismos partidos y burocracias que han implementado durante años la privatización y los recortes de la sanidad pública.
Esto debería implicar la nacionalización bajo control de sus trabajadores de todos los recursos de la sanidad privada. Lo mismo habría que hacer con todos los laboratorios y empresas que producen medicamentos y elementos de cuidado y prevención para combatir la pandemia.
El sector sanitario privado cuenta con 460 hospitales, 266.728 profesionales y 51.373 camas (el 32% del total). Hemos visto como la sanidad privada trata de hacer negocio ofertando pruebas de coronavirus, hay que poner fin a esta situación.
Entre quienes hacen negocio con nuestro salud encontramos también a la Iglesia Católica, que cuenta con la gestión de 59 hospitales y con 11.599 camas hospitalarias según datos de 2018, un 7’3% del total. Una institución religiosa que goza de una relación privilegiada con el Estado. No sólo en el ámbito educativo, sino también en el sanitario. Además de sus conocidas ventajas a la hora de no pagar impuestos.
Esta crisis la resolvemos juntas, pero juntas las trabajadoras y trabajadores, que somos quienes sacamos adelante la vida y sobre quienes quieren cargar las consecuencias sociales de la pandemia. Nuestras vidas valen más que sus ganancias.
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