En el marco de una profundización de la crisis internacional, con caídas históricas en Wall Street y las bolsas europeas, con un dominó de medidas inéditas por parte de los gobiernos (cierre de fronteras de la UE, limitación de movimientos en países enteros, cierre de gran parte de los sectores productivos en algunos países), el Estado español, junto con Italia, se encuentran en el ojo de la tormenta sociosanitaria del coronavirus.
En este contexto, en los últimos días las patronales han aprovechado para anunciar ERTEs masivos que involucran a cientos de miles de trabajadores, un plan acordado entre las patronales, el gobierno y la burocracia de los sindicatos mayoritarios.
Después de un fin de semana donde se produjo una crisis en el gobierno de coalición, acerca de cuáles debían ser las medidas “sociales” para acompañar el “Estado de alarma”, finalmente este martes Pedro Sánchez ha anunciado nuevas medidas.
En lo esencial, se trata de un plan de rescate millonario a las grandes empresas y la banca de una magnitud superior al aprobado en 2008. Concretamente 200.000 millones de euros (un 20% del PIB), de los cuales 117.000 millones serían aportados por el Estado (el resto es una incógnita de qué sectores privados lo aportarán y en qué condiciones).
De ellos, solo 17.000 millones son para destinar en gasto directo hacia “sectores vulnerables”, es decir para subsidios de desempleo, o ayudas asistenciales, mientras que 100.000 millones van a constituir avales para “otorgar liquidez al mercado”, mediante créditos a las empresas. Y sabemos por experiencia que estos seguramente acaben en impago y que nuevamente querrán que esta deuda pública se pague con recortes neoliberales y perdida de derechos. Basta recordar que la banca española fue rescatada después de la crisis del 2008 con 100.000 millones de avales, de los cuales 60.000 hubo que acabar rescatando y 40.000 nunca se devolvieron. Al mismo tiempo, millones eran empujados a la miseria por recortes sociales, reformas laborales, despidos, desahucios y precariedad.
Y si a esto le sumamos la brutal caída que se prevé de la recaudación por la paralización de la economía y el perdón de las cotizaciones a los empresarios, se puede decir que Sánchez ha anunciado a la vez un rescate (con algunas módicas medidas sociales) y una futura quiebra del Estado y la Seguridad Social. Es decir, que está hipotecando a generaciones futuras, porque después de este momento de “medidas excepcionales”, buscarán que la crisis la sigan pagando los trabajadores y el pueblo, recortando pensiones o servicios públicos.
Pedro Sánchez ha asegurado varias veces en su discurso que “estamos en guerra”, como forma de dar respuestas al colapso del sistema sanitario y a la crisis económica y para justificar las medidas excepcionales que se toman. Así se justifica también las medidas de militarización de la vía pública y la limitación de movimientos (algo totalmente contradictorio con el hecho de que este lunes millones de personas fueron obligadas a tomar el transporte público para ir a trabajar).
El presidente ha dicho también que se tomarán “las medidas que hagan falta, cuando hagan falta”. Sin embargo, todo su “plan de choque”, pactado con Unidas Podemos, consiste en rescatar a las empresas mientras el conjunto del pueblo trabajador paga las consecuencias de la epidemia del coronavirus. Ni moratoria de los alquileres, ni prohibición de los despidos. Solo les ha pedido a los empresarios que “por favor” no despidan.
Al mismo tiempo, mientras millones de personas están confinadas y no saben cómo llegarán a fin de mes, la corrupta Monarquía está tratando de que pase desapercibido el enésimo escándalo de cuentas en Suiza. Una institución reaccionaria y parasitaria que sigue llevándose millones del dinero público, que podría ser invertido en sanidad. Por eso, más que nunca, la reivindicación de la abolición de la monarquía se convierte en una cuestión urgente.
Es necesario luchar por un programa de emergencia, para que la crisis la paguen los capitalistas:
Luchemos por un programa para que estas crisis la paguen los capitalistas y no el pueblo trabajador. Porque nuestras vidas valen más que sus beneficios.
· Que se obtengan todos los recursos necesarios para abordar la crisis sanitaria, mediante la expropiación sin compensación y la puesta bajo control obrero y de comités científicos de toda la farmaindustria (laboratorios y empresas farmacéuticas), para combatir la pandemia, producir kits para testear el virus y medicamentos para el tratamiento de la enfermedad.
· Contratación extraordinaria de personal sanitario, administrativo, de limpieza, cocina, etc. para atender el colapso de la sanidad pública y dar atención a las personas dependientes o vulnerables que están en sus hogares. Comités de trabajadores y trabajadoras sanitarios y cuidadoras para controlar las condiciones laborales y el plan de atención.
· No al salvataje millonario de empresas y bancos que nuevamente hipoteca nuestro futuro y pagaremos los trabajadores y sectores populares decretado por el gobierno de coalición PSOE-Podemos.
· Nacionalización bajo control obrero de la banca -que aún debe 40.000 millones del rescate de 2008- y las grandes empresas estratégicas. Impuestos especiales a las grandes fortunas.
· Prohibición de despidos. No a los ERTES. 100% de salario garantizado a cargo de las empresas e impuestos a las grandes fortunas. Moratoria de alquileres.
· Libertad inmediata a todas las personas internas en CIEs, suspensión de la Ley de Extranjería, asistencia y renta de emergencia a todas las personas que lo necesiten, nativas o extranjeras.
· Que todos los sectores económicos necesarios para atender la crisis sanitaria y el sostenimiento de la vida, tanto los calificados como esenciales como otros que se puedan reconvertir, sean puestos bajo el control de sus trabajadores (garantizando jornadas reducidas, condiciones salubres y seguras, servicios y suministros a toda la población...)
· Abolición de la monarquía corrupta y privilegiada. Expropiación de la fortuna de la Familia Real para poner esos recursos para enfrentar la crisis sanitaria. Por procesos constituyentes libres y soberanos en la perspectiva de la república de las trabajadoras y los trabajadores.
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