La crisis actual a la que nos enfrentamos no es únicamente biológica causada por un virus, es principalmente una crisis de sistema, de modelo socio-económico. Esta crisis vírico-sistémica hace tambalear los ya corroídos cimientos del sistema capitalista.
Desde el comienzo de esta doble crisis hemos ido observando multitud de efectos colaterales, desde problemas en las familias para cuidar de sus hijos e hijas tras el cierre de los centros educativos, el acaparamiento de comida y productos de primera necesidad, la psicosis colectiva o la huida de las grandes ciudades de millones de personas hacia zonas turísticas.
De forma paralela hemos sido testigos de las perversiones del sistema, tales como el aumento de los precios del gel desinfectante, las mascarillas y la comida, el aprovechamiento de multitud de empresas para realizar despidos y Expedientes de Regulación de Empleo, el sensacionalismo de los medios de comunicación o el afán de lucro de las clínicas privadas y laboratorios farmacéuticos ofreciendo pruebas por cientos de euros.
Pero esto es tan solo el comienzo de una gran cadena de acontecimientos, protagonizados por infinidad de perversiones y efectos colaterales.
Ya se han tomado decisiones entre los sindicatos, patronal y el propio gobierno progresista´´ para agilizar y permitir el {{despido masivo y los ERE temporales que afectarán a millones de trabajadores y trabajadoras de todos los sectores empresariales, teniendo un impacto indirecto incalculable que se acumulará a los efectos de la crisis del 2008}}, todavía no superada.
Esta semana hemos visto cómo los diferentes gobiernos autonómicos y el gobierno central en sus numerosas intervenciones y comunicados intentaban transmitir una falsa sensación de control y tranquilidad frente a esta nueva crisis. Pero durante todos estos intentos de calmar a la sociedad se percibía una clara falta de coordinación política, a menudo con contradicciones que no hacían sino contribuir al desconcierto y temor ciudadano.
No hemos tenido que esperar demasiado tiempo para que la Comisión Europea o el FMI se pronunciaran respecto al impacto económico (lo principal es la economía con mayúsculas; el resto de cuestiones siempre son secundarias). Desde el FMI se ha reconocido quelas consecuencias económicas del coronavirus serán muy graves´´ y se plantea la subida de impuestos o redirigir gastos para mitigar el impacto, pero ya se prevé que esta crisis sea semejante a la del 2008 aunque se adopten medidas de urgencia como que la banca tenga más capacidad de crédito para las empresas. Dice el FMI que ante las importantes desigualdades socio-económicas que se siguen observando en España, la reducción de la contratación temporal "debe ser la piedra angular" para alcanzar una mayor igualdad. Mensajes de buenas intenciones que acabarán chocando con las prácticas psicópatas a la que nos tiene más que acostumbrados este organismo internacional.
En cuanto a la Comisión Europea, tal como ha admitido su presidenta, Ursula Von der Leyen, el plan de inversiones presentado esta semana 25.000 millones de euros, no tiene la vocación´´ de resolver todos los problemas económicos que va a provocar el coronavirus, sino que simplemente se trata de una medida complementaria a la flexibilidad de la fiscalidad y las ayudas de Estado. Ya en el informe sobre España integrado en la fotografía de la situación macro-económica, social y laboral de los países miembros de la UE, la Comisión Europea realizaba dos claras advertencias: la insostenibilidad de las pensiones y las consecuencias negativas derivadas de desmontar la reforma laboral del 2012. Es decir, la CE continúa y profundiza sus políticas neoliberales sin ápice de arrepentimiento ni muestra de retroceso en la implantación de su agenda de recortes de derechos y libertades, tanto sin coronavirus como sin él.
Pero volvamos a trasladar el análisis a nuestros contextos más próximos, a nuestra propia realidad: como consecuencia de la declaración del estado de alarma a través del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, gran parte de nuestra sociedad ha hecho unaparada de emergencia ´´ para contener el virus y proteger al sistema publico sanitario.
Se da por hecho ya que esta crisis va a provocar una avalancha de despidos y personas afectadas por Expedientes de Regulación de Empleo, afectando a millones de personas directa o indirectamente. A todas esas personas hay que sumar los más de 3,25 millones de personas desempleadas y las miles de personas que no reciben ningún ingreso.
Se echan en falta medidas sociales suficientes para paliar los efectos derivados de la dispersión del virus y del estado de alarma. El citado Real Decreto 463/2020 que declara el estado de alarma regula en su artículo 15 las medidas para garantizar el abastecimiento alimentario, reflejando que las autoridades competentes delegadas adoptarán las medidas necesarias para garantizar el abastecimiento alimentario en los lugares de consumo, pero nada dice del cumplimiento del derecho a la alimentación sin dependencia de la capacidad de ingresos para acceder a él.
Hasta el momento no se ha regulado ni adoptado medidas (más allá de puntuales medidas locales en algunos municipios) para asegurar que se satisfacen las necesidades básicas.
¿Cómo se va a asegurar desde las diferentes administraciones públicas, ya sea la estatal, o las autonómicas o ayuntamientos, que se cubren las necesidades básicas de todas y cada una de las personas que se encuentran dentro del Estado ahora mismo?
Estamos hablando de derechos fundamentales recogidos en la propia Constitución española de 1978 (la misma a la que aluden la mayoría de partidos políticos con representación parlamentaria, que permite aplicar el estado de alarma o que se modificó en 2011 para incluir el artículo 135, anteponiendo el pago de la deuda a cualquier otro pago de cualquier tipo), y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como el que recoge en su artículo 25: derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios´´.
{{¿Cómo y cuándo se va a garantizar que todas las personas tienen acceso a una vivienda, al agua, gas, electricidad, alimento, ropa si no tienen ingresos de ningún tipo? }}
¿Se va a realizar algún tipo de ingreso a cada una de las personas para garantizar que se cumplen sus derechos más básicos? ¿Se va a realizar alguna exención en el pago de impuestos, de los recibos de suministro de luz o agua, en el pago de alquileres o de hipotecas, así como de los intereses de los préstamos hipotecarios y personales?
Tal y como se está apuntando desde hace semanas, las personas sin hogar forman uno de los colectivos más vulnerables al coronavirus, ya que la mayoría sufre patologías previas. No todas las personas pueden quedarse en su hogar y confinarse, ya que no todas las personas tienen una vivienda en la que guarecerse. Se trata de personas de pleno derecho pero no están siendo consideradas como debiera.
La mayoría de los centros de día han ofrecido a las personas en esta situación que pasen la cuarentena dentro de un centro, adaptado a todas las medidas marcadas por el Gobierno central, pero no hay plazas habilitadas ni condiciones mínimas suficientes para garantizar su salud y las de las personas que allí trabajan.
Se trata de más de 35.000 personas según el último informe de laEstrategia Nacional Integral para Personas sin Hogar 2015-2020´´ elaborado por el Ministerio de Sanidad, cifra que conforme vayan transcurriendo las semanas aumentará como consecuencia de los desahucios que se producirán por los impagos derivados del grave impacto económico que esta crisis ya está generando.
Como advierten las asociaciones y oenegés que se dedican a paliar los efectos de este drama social, el modelo mayoritario de ayuda en alojamientos y comedores colectivos no solo es insuficiente e ineficaz, sino que aumenta las probabilidades de contagio. Hoy mismo hemos conocido que hasta el día 14 de marzo se han contabilizado más de 40 personas sin hogar aisladas en albergues de Madrid por síntomas del coronavirus, dato confirmado por el portavoz del Área de Familias, Igualdad y Bienestar Social del Consistorio de Madrid.
Pedro Sánchez en sus últimas comparecencias ha hecho un llamamiento a la unidad, a la solidaridad, al esfuerzo colectivo o al sentido de comunidad, ha afirmado que se está actuando con la máxima solidaridad y eficacia, que el gobierno comprende la necesidad de las familias de tener una certeza de que todo esto pasará, y ha hecho apelación a la confianza de que cuando todo esto pase se trabajará por la recuperación social y económica, y por la vuelta a la normalidad.
No queremos palabras, necesitamos actos. Actos políticos en todos sus niveles, desde las instituciones y administraciones públicas, pero sobre todo desde la propia sociedad civil.
No podemos esperar a que todo esto acabe para garantizar una recuperación social y económica. Es evidente que este modelo sistémico no puede hacer frente a las necesidades básicas mientras siga bajo las presiones del capital y de los poderes fácticos.
No podemos tolerar el abandono de millones de personas a su suerte. Es urgente y vital el cuidado de cada una de las personas, la construcción colectiva de un nuevo modelo social, que apueste por la solidaridad y el apoyo mutuo, que no espere a que un gobierno nos salve, que actúe proactivamente en pos de una sociedad real de los cuidados, en la que nos ayudemos entre nosotros y nosotras, que nos preocupemos de nuestras familias, amistades, vecinos y vecinas, pero también de quienes no tienen a nadie.
Si queremos realmente superar esta doble crisis y salir adelante como sociedad no podemos tolerar que las políticas deshumanizadas del capitalismo neoliberal marquen la agenda política y social, pero por encima de todo, no podemos dejar pasar la oportunidad de crear un mundo alternativo al que vivimos. Que nadie se quede atrás. Hoy más que nunca: solidaridad y apoyo mutuo. |
