El pasado martes, y con el oportunismo descarado de aprovechar la crisis sanitaria como “cortina de humo”, el Sindicato de Empleados Públicos de la provincia de Córdoba acordó con el Gobierno un aumento salarial del 16 % hasta agosto próximo. Y por las dudas esto suene a poco, se tomó la molestia de asegurar que el promedio es del 17%, por las dudas a alguien se le ocurra quejarse. El aumento será en tres tramos: el primero retroactivo a febrero, el segundo a partir de mayo y a partir de julio el tercero llegando entonces al 16% en relación a enero.
Ni lerdo ni perezoso, José Pihen, secretario general del SEP y legislador por el PJ, logró pactar una suba que lejos está de ganarle a la inflación que se viene registrando, lo que constituye un verdadero robo al bolsillo de las y los trabajadores estatales en favor de las arcas del Estado provincial, uno de los más grandes precarizadores que existe. Sin embargo, a nadie le sorprende que quien fuera de los primeros del arco político cordobés en expresar su apoyo en la campaña a Alberto Fernández, hoy paute a la baja en sintonía con la bajada de línea nacional, la misma que atacó la clausula gatillo para “desalentar el espiral inflacionario”.
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Basta señalar, como botón de muestra, que la inflación subió un 297 % desde noviembre de 2015 a igual mes de 2019. Además, en los últimos doce meses los precios aumentaron 50,3 % respecto del mismo mes del 2019. A esto se suma la abrumadora situación económica del impacto del coronavirus en las familias trabajadoras.
Coronavirus y burocracia sindical
Mención aparte merece la responsabilidad del SEP en la crisis que atraviesa la salud pública y que se ha puesto en evidencia de forma aguda al calor de la emergencia de la pandemia a nivel mundial. El vaciamiento del sistema público en favor de los sectores privados lleva décadas profundizándose producto de las políticas neoliberales que se implementaron en los ’90 y que ningún gobierno ha revertido.
Por el contrario, particularmente en el caso de Córdoba, y con más de 20 años del PJ en la provincia, se podría decir que el estado de situación es crítico: la salud está en terapia intensiva. Nada de esto hubiese sido posible sin la complicidad absoluta del SEP, gremio mayoritario en la salud pública, cuyo dirigente José Pihen (también legislador de Hacemos por Córdoba) esta atornillado a su sillón desde 1991 (si, leyeron bien, 1991). La lista de traiciones a las y los trabajadores excede las posibilidades de esta nota, pero cabe mencionar que esa burocracia sindical es la responsable directa de haber dejado pasar todos y cada uno de los ajustes que llevaron a la salud pública al estado de crisis en la que se encuentra: precarización laboral, dejar pasar despidos, no reclamar ante la falta de personal y de insumos, quedarse de brazos cruzados ante los problemas edilicios.
Una burocracia a la medida de las necesidades del PJ, que tiene responsabilidad directa en que hoy entre en crisis la salud pública cuando más la necesitamos. Y por si fuera poco, hace uso de la situación de pandemia y la enorme necesidad de dotar de mayor personal de enfermería al sistema público para imponer a la provincia que tome en primer lugar al personal formado en su institución en detrimento de otras instituciones.
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