En la noche de este jueves, el Gobierno nacional anunció una cuarentena general para todo el país. La misma regirá desde las 00 h. de este viernes hasta las 23.59 h del 31 de marzo. Esto se estableció por medio de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), sin pasar por el Congreso de la Nación.
La decisión implica una fuerte restricción a los movimientos del conjunto de la población. Para garantizar la misma, el oficialismo -con el apoyo de la oposición patronal de Juntos por el Cambio- establecerá un control callejero, apelando a las fuerzas represivas, tanto federales como provinciales.
En el mensaje que brindó a los medios, el presidente Alberto Fernández definió las cuestiones centrales que implica esta decisión.
Estarán exceptuados de esta restricción diversos sectores. Entre los mismos se encuentran quienes ejercen el poder político en los gobiernos nacionales, provinciales y municipales. También quedarán fuera del mismo los trabajadores de sanidad; de producción de alimentos, fármacos, petróleo, y nafta; de los medios de comunicación. También las fuerzas de seguridad estarán exceptuadas.
Un método medieval
Existe un debate entre los especialistas, acerca de la pertinencia de la medida de la cuarentena. La misma significa, al ser aplicada de forma generalizada y sin testeos masivos, utilizar un método medieval en pleno siglo XXI, en la época de la digitalización y el avance científico permanente.
Muchas voces críticas de especialistas se alzan contra este método. Las razones son varias. En primer lugar, en Argentina -al igual que en otros países que tampoco tomaron medidas a tiempo- se aplican estas medidas brutales, retrógradas, de tiempos de guerra, al mismo tiempo que casi no se realizan tests de detección para evaluar el estado real de contagio entre la población.
En ese marco, resulta preocupante que el presidente Alberto Fernández -durante su discurso de este jueves- no haya anunciado que se va a garantizar la realización masiva de test, medida indispensable para combatir seriamente la pandemia.
Una comparación con Corea del Sur -para citar un país capitalista cuyo régimen político y social no reivindicamos, y de población un poco mayor a la Argentina- lo dice todo: cuando en aquel país había 50 casos detectados, ya se habían realizado 10.000 pruebas. Esto debido a que el procedimiento se comenzó a preparar apenas China hizo pública la secuencia genética del virus. En el caso argentino, cuando se llegó a 56 casos, tan solo habían tenido lugar 433 pruebas.
Un artículo reciente -publicado en el sitio FiveThirtyEight, uno de los portales políticos más importantes de Estados Unidos- da cuenta de los límites que tiene una cuarentena en sí misma. Sin testeos masivos (a todas las personas con síntomas) tampoco se puede saber a ciencia cierta la tasa de letalidad de la pandemia. En este caso, los números que se van difundiendo tienen un carácter arbitrario.
Sin saber donde y como se está propagando el virus, las medidas de aislamiento se toman de manera no coordinada. Es decir, sin saber si los lugares y las personas que están siendo aisladas son las que efectivamente deben serlo. Esto implica no tener fundamentos serios para saber donde concentrar los recursos sanitarios y atender los casos más graves.
Un virtual estado de sitio
Esta medida, que paraliza al país y regimenta la vida de la enorme mayoría de la población, claramente no tiene GPS. Hoy implica imponer una situación de virtual estado de sitio a cuarenta millones de personas, sin que se sepa que viene a continuación. Es decir, de conjunto no hay un plan para enfrentar la pandemia.
En su conferencia de este jueves, el Gobierno pretendió justificarlo por los sectores que se fueron de vacaciones. Sin embargo, la realidad es que la inmensa mayoría del movimiento de personas de estos días se dio por la asistencia a lugares de trabajo. Una postal lo puso en evidencia: el hacinamiento en los trenes que obligó a suspender el servicio en la terminal de Once.
Esta decisión encubre la falta de preparación de los Gobiernos capitalistas para actuar ante estas situaciones. Una consecuencia de los ajustes que se llevaron adelante por décadas, no solo bajo el macrismo. Una consecuencia, también de no querer afectar las ganancias de los grandes capitalistas -como los laboratorios- para utilizar esos recursos en función de apuntalar la salud pública.
Ese es el planteo que hizo la izquierda en estos días. Son necesarias medidas urgentes para enfrentar la pandemia. Como la unificación en un gran sistema unificado de la salud pública, la salud privada y los laboratorios. Hace falta un plan centralizado, que bajo control de los trabajadores, garantice atención a toda la población. Ese plan implicaría, además, reconvertir empresas para ponerlas a producir aparatos de asistencia respiratoria, alcohol en gel, desinfectantes y barbijos que hoy claramente escasean.
La “unidad nacional” que proponen el PJ y Juntos por el Cambio se basa en apoyar esta medida sin cuestionar el estado calamitoso de la salud pública, sin poner en discusión la falta de testeo masivo.
Esta medida antidemocrática llega sin haber pasado por el Congreso, que directamente fue cerrado por el oficialismo. Se hace sin tomar en cuenta otras propuestas, como las que viene planteando la izquierda para enfrentar la pandemia. Esto significa concentrar aún más las decisiones en manos de un Poder Ejecutivo que, a pesar de la crisis, sigue sosteniendo que es necesario pagar la deuda pública.
Ese carácter antidemocrático también está dado por el peligro despliegue en las calles de fuerzas de represión como policía, Prefectura y Gendarmería. Las mismas que son responsables del gatillo fácil constante, de la muerte de Rafael Nahuel y de la desaparición de Santiago Maldonado. Resulta absurdo presentarlos como capaces de cuidar a la población.
Una catástrofe económica
Al mismo tiempo, esta medida genera una enorme incertidumbre sobre la vida de millones de familias. No está claro que ocurrirá con los puestos de trabajo ni cual será la situación de quienes se encuentran en la informalidad, trabajando en negro, precarizados o viviendo de changas. Estos últimos no se encuentran protegidos por derechos sindicales. Si deben asistir o no a trabajar queda librado a las propias patronales, que se detienen a la hora de garantizarse sus ganancias.
Tampoco queda claro que ocurrirá con las personas que viven en situación de calle o quienes sufren un hacinamiento brutal. La cercanía física colabora al contagio del virus. Sobre esto no hay más que preguntas. En la conferencia de este jueves, el presidente afirmó que en los próximos días habrá anuncios específicos para estos sectores. Es decir, hoy se encuentran en la más absoluta de las incertidumbres.
La cuarentena significará una brutal caída de la actividad económica. No hay que descartar que los empresarios la usen para despedir o bajar salarios.
Por eso, como propone la izquierda, son necesarias medidas urgentes también en este terreno.
• Prohibición de despidos
• Subsidios masivos para todos los trabajadores informales y cuentapropistas;
• Para obtener recursos Nicolás del Caño y Romina del Plá plantearon una cuestión de fondo: es criminal pagar un centavo más de la deuda externa. Además, se necesitan impuestos extraordinarios a los banqueros y grandes grupos capitalistas para conseguir todos los fondos necesarios para paliar esta crisis.
Esta situación vuelve a ilustrar una contradicción central. Vivimos en una época de grandes maravillas técnicas y científicas, de permanente avances tecnológicos. Y sin embargo, como decía el revolucionario León Trotsky, la burguesía -con sus métodos medievales y reaccionarios- convierte al mundo en una sucia prisión. Solo acabando con este sistema y construyendo la sociedad socialista, la humanidad podrá salvarse y vivir una vida libre de toda explotación, opresión y violencia.
