El 19 de marzo, conocidas las medidas dispuestas por Alberto Fernández de endurecer la cuarentena para todo el país utilizando el control y vigilancia de Policía, Gendarmería y Prefectura, habilitó que Gerardo Morales no quiera quedarse atrás y viene resolviendo por medio de decretos, debido al cierre de la legislatura, profundizar el régimen policíaco de la provincia de Jujuy.
La coordinación de gobernadores con el Poder Ejecutivo Nacional solo está fortaleciendo a las fuerzas represivas y medidas punitivas que van en contra de medidas sanitarias.
Por medio del decreto Nº 696-S/2020 de fecha 12 de marzo de 2020 se crea el C.O.E., organismo presidido por el Gobernador y compuesto por funcionarios del poder ejecutivo provincial de seguridad y sanidad, que otorga plenas facultades para discrecionalmente sacar normas y resoluciones, siendo el Comité Operativo de Emergencia quien se encuentra gobernando actualmente la provincia.
Esto motivó a que se publiqué un compendio de normas que rigen en Jujuy que atentan gravemente contra la constitución y las libertades democráticas. Es el caso de la última resolución N° 7 que dispone: "la contención de las personas en situación de calle, para lo cual deberá habilitar el predio ubicado en calle Alberdi S/N acceso al Barrio El Chingo.(Vieja Estación de Ferrocarriles)"...invitando a concurrir a dicho predio, cuyo caso contrario el art. 2 establece "de encontrarse merodeando por las calles de esta ciudad, será trasladado por las fuerzas públicas".
Gerardo Morales bajo el argumento de la emergencia sanitaria toma esta medida que implica en primer lugar hacinar a las personas en situación de calle, lo que fomenta la propagación del virus.
En segundo lugar y lo que resulta más grave es que la "solución" a las personas con bajos recursos es condenarlas a un galpón "requiriendo la colaboración del Ejército Argentino para asistir en la contención" como resuelve el art. 4°. Dándole un marco de legalidad a la injerencia del Ejército Argentino en cuestiones de seguridad interior, lo que se encuentra prohibido por legislación nacional, a partir de la constante lucha de organismos de DD. HH. por los delitos cometidos de lesa humanidad.
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Esas medidas de encierro y persecución se toman dejando de lado medidas sanitarias mínimas como hacer test a las personas en situación de calle y dar alojamiento en condiciones dignas, comida y medicamentos mientras dure la pandemia. Habilitando desde el Estado todos los inmuebles ociosos que no estén habitados en la provincia.
Asimismo considerando que el sistema de salud se encuentra en estado crítico podrían abrirse fuentes laborales para asistir en los centros de salud por ejemplo.
Sin embargo la salida del gobernador siempre es la represiva y más en un contexto en que todos los partidos políticos, salvo la izquierda, están fogoneando alternativas feudales para combatir una "peste", sin embargo en estos momentos en que problemas estructurales salen a la luz son necesarias salidas estructurales afectando a los que siempre ganan. | 
