Ayer se conoció la resolución de primera instancia que le da 5 días al Gobierno de la Ciudad para que informe sobre las medidas que planificó para las personas en situación de calle o en riesgo de estarlo.
Se trata del juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 13, cuyo titular es Guillermo Scheibler. En su escrito fija ese plazo de menos de una semana (mucho tiempo de todos modos para la tasa de contagio exponencial que alcanza el virus) para que el Gobierno de la Ciudad de cuenta de los diversos programas que tienen que estar dedicados a los sectores más vulnerables, como quienes no tienen un techo dónde hacer la cuarentena obligatoria.
La pandemia del coronavirus puso muchas cosas al descubierto. La principal es la crisis en el sistema de salud, algo que el pueblo trabajador ya conoce por ser quienes recurren a los hospitales públicos.
Son precisamente las grandes mayorías las que durante muchas décadas vienen padeciendo progresivamente la falta de insumos, la escasez de camas para internación y una infraestructura deficitaria, así como son los testigos del esfuerzo de las trabajadoras y trabajadores de la salud para brindar un buen servicio.
Pero por estas semanas de apelación por parte del Gobierno nacional y provinciales a la “responsabilidad individual” y ahora de cuarentena obligatoria, hay algo de lo que casi nadie habla: ¿cuáles son las políticas desde los diferentes gobiernos para proteger a las personas que no cuentan con una vivienda, que están en situación de calle?, ¿qué pasa con los desalojos en curso? ¿Y con las personas que viven hacinadas?
El último censo de población en situación de calle, que realizan diversas organizaciones sociales, arrojó en julio del año pasado que en la Ciudad de Buenos Aires hay 7252 personas en esas condiciones. De las cuales solo 1839 tienen acceso a paradores y el 11% de esas casi 8 mil personas, son niñas y niños. La cara más cruda de este sistema social en el que vivimos.
Ante estas cifras aberrantes, eso sin hablar de la situación en todo el país, ni el Gobierno Nacional ni Horacio Rodriguez Larreta -como jefe porteño- toman medidas de fondo para evitar que estas personas se contagien.
No solo que a partir del DNU del Gobierno de Fernández se refuerza el poder de policía del Estado, cuestión que de todas maneras no soluciona de fondo el problema del contagio porque al no haber los suficientes kits de reactivos para hacer en forma masiva los test, no hay forma de aislar (atendiendo adecuadamente la evolución de la enfermedad) a ciencia cierta a quiénes efectivamente están infectados. Sino que, como vemos, hay miles que quedan por fuera de poder tener cualquier tipo de prevención frente al virus.
El primer consejo es lavarse las manos en forma adecuada y a cada rato, una cuestión básica que nos puede preservar de la infección. ¿Cómo hacen para higienizarse las personas que viven en la calle, debajo de una autopista o resguardados por el techo de un banco? Para el Gobierno de Larreta, eso no parece tener importancia.
El año pasado muchas personas en esa situación murieron por la ola polar, ahora pueden morir por el coronavirus (además muchos padecen de otras infecciones). Ni el frio ni el virus son los verdaderos responsables, sino las políticas gubernamentales que dejan por fuera de cualquier prevención a estas personas.
¿Cuál es la situación en los paradores de la ciudad?
En Ciudad de Buenos Aires solo hay 5 paradores, llamados cínicamente por el Gobierno “centros de integración”. Son dos para mujeres, dos para hombres y uno para familias. Con una capacidad limitada de camas.
Claudia Enrich, coordinadora de Ciudad sin Techo (una de las organizaciones que realizan el relevamiento), le comentaba a este diario que por ejemplo el único parador que existe en la ciudad para las familias, tiene solo 140 camas y el fin de semana pasado “llevaron ahí solo dos botellitas de alcohol en gel, para todos los que viven o pernoctan”.
En la zona de Retiro hay otro parador: “la misma cantidad de alcohol en gel (dos botellitas de 650 ml cada una), pero en ese “Centro de Integración”, hay 199 personas. La lista sigue. ¿Y los dispositivos de Niñez? (N.R.: se pregunta Claudia) Cómo cuidan del coronavirus a los niños y niñas que les quitan, cual cacería de brujas, a las familias que viven en situación de calle?”
Mientras escribíamos esta nota, la referente de Ciudad sin Techo nos decía en un audio de whatsapp: “termino de confirmar que la gente sigue estando en las mismas ranchadas, en los mismos lugares. Nadie fue a hacer lo que publicitó ayer Telefé, que el gobierno iba a llevarlos a paradores, a hoteles, es mentira. Sumale a eso que no tienen comida”.
Ese es el combate al coronavirus que realiza quien según los dichos de Alberto Fernández en cada aparición, trabaja codo a codo con Nación. Pero ese sector de la población, los que nada tienen, ni siquiera el elemental derecho a guarecerse frente a una pandemia, no entra por estos días en los cálculos de ninguna política, por más a mitad de camino que sea.
Recién a últimas horas de la tarde de este viernes Daniel Arroyo, ministro de Desarrollo Social de la Nación, informó que "las personas en situación de calle serán trasladadas a hoteles, inquilinatos y paradores". Arroyo afirmó en declaraciones a TN que pronto se establecerán "los distintos mecanismos en los cuales pueden sostenerse las personas en situación de calle". Esto tendría que abarcar a los casi 8 mil que están en esa condición, además de las personas sin techo en condiciones de salubridad de todo el país.
También a última hora el Gobierno de la Ciudad emitió un comunicado informando de diversas medidas para esta población. Lo más urgente, que cuenten con un lugar dónde estar a resguardo, lo van a cumplir a medias. En su comunicado el Gobierno de la Ciudad habla de la habilitación de tres nuevos centros. Se trata en realidad de tres clubes con 200 camas cada uno, que todos los años forman parte del "operativo frío".
Esto es lo mínimo imprescindible para hacer, que lo están anunciando varias semanas después de que el coronavirus se instalara entre nosotros. Además de que estas medidas no abarcan a la totalidad, siguen faltando políticas habitaciones de fondo.
Una trabajadora del ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat también contaba a La Izquierda Diario que los habían enviado días a tras a cubrir situaciones de las personas sin vivienda.
Nos relataba que a una joven con un hijo de 2 años, que apenas subsistía como vendedora ambulante en el barrio de Once, desesperada buscando un lugar dónde vivir, porque ahora lo hace debajo de la autopista del barrio de Constitución (a veces puede bañarse en lo de una amiga, o en un hotel a escondidas -donde viven conocidos-), presentó todos los papeles que le exige el gobierno para darle un subsidio, le rebotaron el presupuesto que llevó, con el argumento de que era demasiado caro. Tenía que buscar otro más barato, mientras tanto sigue en situación de calle.
Los montos que dan como subsidios para pagarse una pieza en un hotel alojamiento van desde $5000 –para una persona sola- hasta $8000 para cuatro o más integrantes de una familia. Mientras una habitación está entre $10.000 y $12.000 por mes.
Esto pasa mientras en la misma ciudad hay más de 350 mil inmuebles ociosos, mientras la Iglesia Católica tiene varios terrenos que son de su propiedad. Estos son los lugares que rápidamente pueden alojar a estas familias y garantizar que también se protejan del coronavirus. Pero para eso es necesaria una política gubernamental para expropiar esos terrenos y usarlos con esa finalidad.
Ahora vemos patrullar las calles a la Policía, Gendarmería y Prefectura para garantizar la cuarentena obligatoria, pero brillan por su ausencia políticas que atiendan a estos sectores extremadamente vulnerables.
Como bien dijo la diputada de la ciudad Myriam Bregman del PTS en el Frente de Izquierda, frente a la ola polar del año pasado, donde murieron 5 personas en situación de calle: “no es el clima, no es la ciudad, son los gobernantes, son sus políticas” | 
