Durante la primera hora, los integrantes del gabinete de seguridad, Alfonso Durazo (secretario de Seguridad Pública), Luis Rodríguez Bucio (comandante de la Guardia Nacional), Luis Cresencio Sandoval (secretario de la Defensa Nacional) y José Rafael Ojeda (secretario de Marina) explicaron las medidas que el gobierno ha implementado.
Durazo explicó la reducción en la tasa de homicidios durante el primer trimestre del año, así como la baja en lo que va del sexenio en contraste con las administraciones anteriores. Bucio presentó en qué condiciones se encuentra la Guardia Nacional, cuántos efectivos cuenta y qué equipo tiene a la mano. Sandoval presentó una visión más general de las fuerzas armadas y los operativos que ha llevado a cabo para combatir el narcotráfico y el crimen organizado. Finalmente, el almirante Ojeda expuso las medidas de control aduanero en los puertos y cómo la Secretaría de Marina ha tomado control de los puertos para mantener la seguridad y evitar la evasión fiscal.
Lo que subyace en todo esto, sin embargo, es que se mantiene la política de militarización bajo otro esquema, que aunque pretende mostrar cierta eficacia, continúa con el despliegue de las fuerzas armadas y otros cuerpos represivos del Estado para garantizar la seguridad de la población. El enfoque es completamente punitivo y no propone la erradicación de los grupos del crimen organizado atacando los puntos donde más efecto podría tener, que es por medio de la expropiación de sus bienes bursátiles (que sería atacar la propiedad privada de un grupo de capitalistas ilegales, pero capitalistas a fin de cuentas).
De la mano de esto vimos la semana anterior el lanzamiento de la campaña del presidente en prevenir el consumo de drogas bajo la consigna "en el mundo de las drogas no hay final feliz", la cual tiene un matiz estigmatizante frente al uso de las mismas en lugar de explicar sus efectos y combatir las causas sociales que generan su consumo.
Para realmente combatir el crimen organizado es necesario expropiar sus cuentas de banco y bienes financieros, cortar las redes de mercancía con las cuales se enriquecen (que incluyen otras actividades como la extorsión y el mantenimiento de las redes de trata) e implementar una escala móvil de horas de trabajo para que todas las manos posibles puedan tener empleo, con salarios al nivel de la canasta básica que se ajusten según la inflación, y combatir la degradación social que surge a partir de la falta de oportunidades. Son medidas para realmente transformar la realidad en la que se encuentra nuestro país y que el gobierno de la "Cuarta Transformación" no pretende implementar.
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