En circunstancias normales, nadie se preocupa por ello. Uno compra lo que necesite o pueda permitirse y sigue adelante con su vida, sin mayores reflexiones; pero en mitad de lo que algunos llaman una “crisis civilizatoria”, es importante pensar en ello, aunque sea por recordar que son las y los trabajadores quienes hacen funcionar el mundo.
Invisibilizadas desde hace muchos años, las trabajadoras del campo andaluz son quienes en estos instantes generan gran cantidad de los alimentos que tanto quienes siguen trabajando como quienes estamos en cuarentena encontramos en los supermercados. Su trabajo es fundamental para evitar que además de problemas sanitarios, suframos también de escasez. Sin embargo, ¿estas trabajadoras están protegidas ante la amenaza del coronavirus? ¿Siendo un sector esencial para que la sociedad pueda seguir funcionando, se ha procurado la salud de las trabajadoras y las medidas adecuadas para la seguridad en el trabajo? ¿Se habla al menos de su situación en los medios de comunicación, se les aplaude en los balcones cada noche al igual que a otros colectivos de trabajadores también esenciales en estos momentos? No, no y no.
En primer lugar, veamos por qué se trata de un colectivo invisibilizado, precario, migrante y prácticamente esclavizado según se mire. Cualquiera que conozca un poco la historia del campo andaluz, sabe que los terratenientes y señoritos andaluces no resaltan precisamente por el respeto a sus trabajadores y por sus cualidades humanas. Sin tener que irnos a hace décadas, podemos citar un par de ejemplos recogidos en Izquierda Diario: un patrón que ante la negativa de un trabajador a recoger aceituna sin medidas de seguridad lo apuñala; o un trabajador que muere envenado en Almería porque no existen medidas de seguridad o de higiene laboral como ya denunciaba el SAT desde hacía tiempo. Todo esto nos permite ver que ya antes de la pandemia, la situación era jodida para las y los trabajadores del campo andaluz, con salarios de miseria, sin seguridad o higiene laborales, muchos sin vivienda, con jornadas de 14 o 15 horas totalmente en precario por no decir en régimen de esclavitud. Por no hablar de las agresiones sexuales que sufren las trabajadoras como las temporeras de la fresa.
Uno podrá preguntarse cómo es posible que se den estas situaciones y que los terratenientes andaluces tengan la capacidad de imponer dicho sistema de explotación de una forma tan brutal. Es sencillo, en su amplia mayoría, usan un sistema de contratación en origen (en Europa del Este y Marruecos) cuyos beneficios para la patronal podrían resumirse de la siguiente forma: “Consiguen una mano de obra más dócil puesto que genera una gran indefensión en las trabajadoras contratadas. Éstas son más vulnerables a las presiones de sus patrones porque en cualquier momento se las puede amenazar con devolverlas a sus países, ser coaccionadas con el típico ‘al año que viene no te llamaremos’, además tienen un mayor desconocimiento del idioma y, por supuesto de la legalidad, convenios o derechos fundamentales. Los requisitos para contratar de origen a estas mujeres son: ser originaria de un medio rural con experiencia en la agricultura, estar casada, viuda o divorciada y tener al menos un hijo menor de 14 años. En definitiva, lo que buscan es población femenina más vulnerable para condicionarlas, no solamente a que regresen a su país de origen una vez acabe la temporada de recogida, sino que también someterlas a peores condiciones.”
Todo esto reportaría a la patronal agraria dedicada a los frutos rojos un beneficio de 920 millones de euros en 2018. Mientras que a sus trabajadoras malviven con salarios de miseria, 39 euros diarios por convenio. Una cantidad ridícula que disminuye al cobrarse los 5 euros de desplazamiento al trabajo que no está compensado por la empresa, lo que les deja en 34 euros el salario diario sin contar con la propia alimentación que deben pagar en el lugar.
Huelva: sus beneficios valen más que nuestras vidas
Volvamos pues a las preguntas formuladas anteriormente ¿Estas trabajadoras están protegidas ante la amenaza del coronavirus? ¿Siendo un sector esencial para que la sociedad pueda seguir funcionando, se ha procurado la salud de las trabajadoras y las medidas adecuadas para la seguridad en el trabajo? El lector habrá adivinado que no, pero por si faltaban dudas, la semana pasada el colectivo de Jornaleras de Huelva en Lucha denunciaba a la Inspección de Trabajo de Huelva que nueve grandes empresas onubenses del sector de frutos rojos no daban acceso al agua, mascarillas o guantes ni se guardaba la distancia de seguridad. En su denuncia expresaban lo siguiente: “no han analizado esta situación como riesgo, previendo esta situación o alguna situación en este sentido, en su estudio de riesgos laborales. No han adoptado medida alguna para prevenir o aminorar este riesgo. No han organizado el trabajo de modo que se reduzca el número de personas trabajadoras expuestas, estableciendo reglas para evitar y reducir la frecuencia y el tipo de contacto de persona a persona. No han adoptado, en su caso, medidas específicas para las personas trabajadoras especialmente sensibles. No han facilitado las medidas higiénicas, como lavarse las manos con frecuencia, no compartir objetos, ventilación del centro de trabajo, y la limpieza de superficies y objetos. No han contestado de ningún modo a las denuncias que le han hecho los trabajadores respecto de este riesgo. Se han opuesto a la paralización de la actividad, cuando se le ha propuesto por los trabajadores”
Una situación también denunciada por Oscar Reina, secretario general del SAT, quien ha expuesto la situación en Huelva desde su cuenta de Twitter. Reina ha denunciado como incluso hay trabajadoras enfermas obligadas a ir al curro sin ningún tipo de medida de seguridad y cómo la situación se da con la complicidad de las autoridades judiciales y policiales de Huelva que hacían la vista gorda y no intervenían. La policía aparentemente está más pendiente de multar transeúntes que de proteger la seguridad de quienes alimentan a la población.
Por otro lado, Pastori Filigrana, abogada y activista andaluza, además de sumarse a la denuncia de lo anterior, nos recordaba hace poco las precarias condiciones de dichas trabajadoras, denunciando la situación en los asentamientos de chabolas (creados debido a que los empresarios se niegan a dar viviendas dignas a sus trabajadores) de las trabajadoras y trabajadores temporeros, sin acceso al agua; una situación inhumana ya en circunstancias normales pero que se agrava si tenemos en cuenta que estamos en mitad de una pandemia.
Esta falta de acceso al agua también ha sido denunciada por el Colectivo de Trabajadores Africanos, quienes han mandado una carta el pasado viernes al ministerio de Sanidad, pidiendo que se garantice el acceso al agua en los asentamientos chabolistas de la provincia de Huelva para evitar el riesgo de contagio de coronavirus.
El colectivo explica como en Huelva existen 49 asentamientos chabolistas sin suministro de agua donde habitan miles de trabajadores temporeros, en su mayoría subsaharianos, durante la campaña de recolección de la fresa de Huelva que se desarrolla ahora mismo. En ningún asentamiento hay acceso directo al agua potable ni a la energía aun cuando las redes de distribución se encuentran a metros de ellos en muchas ocasiones. Tampoco existe una red de saneamiento ni de recogida de basuras. Todos factores que hacen más peligrosa una crisis sanitaria como la que azota en este momento a muchos países.
Por ellas y por nosotros, control obrero y expropiación de los expropiadores
Las trabajadoras del campo andaluz son conscientes de las necesidades derivadas de su propia actividad productiva. Como las y los trabajadores sanitarios, también ellas están en la primera línea de combate contra el coronavirus. Pero para librar esa lucha en medio de esta crisis, para seguir manteniendo la producción de comida sin poner en riesgos sus propias vidas, deben contar con medidas de sanidad y seguridad, deben trabajar menos y no hacerlo hasta la extenuación como esa ahora, deben contar con salarios que les permitan vivir dignamente a ellas y a sus familias. Es decir, deben contar con todo lo que les niegan los capitalistas.
Conquistar esas condiciones de trabajo sólo es posible bajo control de las propias trabajadoras y no en manos de unos parásitos que juegan con sus vidas en busca de beneficios. Quienes producen y están al frente de esta batalla deben ser quienes tomen las decisiones de cómo se produce.
“La esperada UME llega en definitiva a echar una mano a las fuerzas de seguridad y no a amparar y proteger a los desamparados e invisibles que lo seguirán siendo a pesar de la situación aun cuando esto puede ser un grave riesgo de salud pública para toda la población.”, decían el 20 de marzo en su página de Facebook el Colectivo de Trabajadores Africanos.
Las trabajadoras del campo deben organizarse para forzar las medidas necesarias no solo para su propia seguridad y salud, sino como ellas mismas expresan, por el bien de la población en general, que al fin del cabo somos alimentadas gracias a su trabajo. Una perspectiva que nos devuelve a la necesidad de expropiar latifundios del campo andaluz y acabar definitivamente con el virus de los terratenientes y señoritos. |
