"Tenemos un problema con los productores de alcohol, que son básicamente los productores de azúcar, y que han decidido llevar el azúcar a las nubes, y están restringiendo el alcohol", sostuvo el presidente este miércoles.
La declaración del mandatario deja en evidencia una cuestión: más allá de las amenazas verbales y las declaraciones fuertes, el control sobre los empresarios es poco o nulo.
Hay que recordar que ya la semana pasada -con la modificación al DNU de Emergencia Sanitaria- se habían dispuesto cambios en la Ley de Abastecimiento para garantizar ese y otros productos en todos los comercios. Los resultados son escasos.
El doble discurso queda al desnudo: a la población trabajadora se la amenaza con la Policía y el Código Penal; a los grandes empresarios se los trata con guante de seda.
Cada día son incontables los reclamos por faltante de alcohol y de alcohol en gel en supermercados y comercios. También en los lugares de trabajo considerados esenciales hay denuncias por faltante de estos productos y de materiales médicos como guantes o barbijos.
Los empresarios siguen especulando, manejando stocks y precios en función de sus intereses. El Gobierno hace como que los enfrenta.
Remarcación de precios: en toda crisis una oportunidad
La misma impotencia vienen mostrando otras medidas. Este miércoles se cumplió una semana de la medida dispuesta por la cartera de Producción que establece la implementación de Precios Máximos para una canasta de diversos productos.
Sin embargo, la realidad está lejos de mostrar el congelamiento de precios que el Gobierno propone. Grandes supermercadistas y empresarios de sectores de consumo masivo no perdieron oportunidad y aplicaron remarcaciones de precios entre un 15% y 20% en los días previos al inicio de la cuarentena obligatoria. Ellos son “los vivos de siempre”.
En los días que pasaron, los precios no han bajado y el desabastecimiento de los bienes esenciales para la higiene y prevención del virus se sostiene. Obviamente no hay sanciones a estos empresarios que no dejan de lucrar a costa de encarecer el costo de vida de los sectores populares. A lo sumo un reto televisivo, como el de este miércoles.
Compensaciones limitadas
El Gobierno nacional tiene en claro que el hundimiento económico producto de la cuarentena obligatoria ya está afectando con dureza a los sectores más humildes de la población.
Medidas como el redoblamiento de AUH; bonos para quienes perciban la jubilación mínima; prohibición de cortes de servicios y eventual suspensión de aumentos en los alquileres buscan evitar un escenario de mayor crisis y descontento social. El Ingreso Familiar de Emergencia tiene el mismo objetivo: “compensar” a quienes se verán perjudicados por la cuarentena obligatoria. El monto resulta insuficiente: ninguna familia puede vivir con $10.000. El Indec confirmó que en enero una familia necesitó $ $ 40.373 para no ser pobre y $ 16.478,78 para no caer en la indigencia.
Aquí también se evidencia que el Gobierno no quiere tocar los intereses de los grandes capitalistas. Con lo que se paga a los bancos en intereses por Leliq durante 2 meses se podría garantizar un ingreso de $ 30.000 a los sectores más vulnerables. ¿Por qué no se hace? ¿Por qué no se exige solidaridad a los bancos o a los especuladores de la deuda?
Mano dura en los barrios populares
Mientras el Gobierno deja hacer sin sanción alguna a las empresas se apura en aplicar detenciones masivas a quienes rompen la cuarentena. La dureza de las leyes no aplica a quienes especulan o hacen negocios, pero sí a quienes viven hacinados en las barriadas populares o van obligados a trabajar en negro o en la informalidad.
Este creciente poder de las fuerzas represivas tiene su explicación. El único “plan” del Gobierno contra el coronavirus es encerrar a todo el mundo en su casa y amenazar a los que salen.
Sin embargo, como señala la OMS e importantes investigadores internacionales, sin un testeo masivo de la población es imposible saber como evoluciona el contagio del virus. Esta es la propuesta que la izquierda viene planteando hace ya semanas.
Al mismo tiempo, se hace evidente que los empresarios solo pretenden especular y enriquecerse con la crisis en curso. Por eso hay que apostar y desarrollar las iniciativas de la clase trabajadora que puedan intentar dar una respuesta en función de las necesidades de las mayorías.
De esa solidaridad y organización que surge desde abajo ya empiezan a desarrollarse ejemplos. Por estos días, los trabajadores de Madygraf se preparan para avanzar en una reconversión productiva que les permita fabricar alcohol en gel y barbijos. En las fábricas alimenticias, sectores de los trabajadores empiezan a cuestionar a las patronales y reclaman producir alimentos esenciales en vez de golosinas.
Son muestras esperanzadoras de solidaridad de clase. Ejemplos que hay que seguir y desarrollar. Una reconversión de la producción bajo control de los trabajadores y las trabajadoras es lo único que puede garantizar que no se trabaje en función de las ganancias sino de las necesidades de las grandes mayorías.
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