Si en tiempos de paz ya eran grandes enemigos de la sanidad pública universal, en medio de una pandemia global que no distingue entre DNI de españoles y no españoles, Vox sostiene una política criminal. El partido de Santiago Abascal ha propuesto que los inmigrantes sin papeles tengan que pagar si quieren ser atendidos en los centros sanitarios.
Éstas fueron sus propuestas parlamentarias: “Durante el estado de alarma y mientras el sistema sanitario español permanezca en situación de saturación como consecuencia del COVID19, los extranjeros que no sean titulares de una autorización para residir en territorio español podrán obtener la prestación de asistencia sanitaria del Sistema Nacional de Salud mediante el pago de la correspondiente contraprestación o cuota derivada de la suscripción de un convenio especial.”
La mayoría son personas que viven en la precariedad y se ven superexplotadas laboralmente, ya que su situación de ilegalidad es aprovechada por algunos empresarios para conseguir mano de obra barata. Ante la ausencia de medidas por parte del gobierno que den una respuesta a su situación, han sido despedidos en plena crisis y sin ningún derecho a prestación de desempleo.
Pero es que las propuestas del partido ultraderechista no se quedan aquí. Si antes ya se posicionaban a favor de las cárceles para inmigrantes que son los CIEs, ahora continúan levantando esa bandera (además de la española, claro). Así, han defendido la prorrogación de la estancia en estos Centros de Internamiento de Extranjeros mientras dure el estado de alarma. Nada mejor que mantener a cientos de personas hacinadas en plena pandemia cuando se está diciendo que hay que mantener una distancia de seguridad, nótese la ironía. A esto, cabe sumarle que se trata de espacios en los que la atención médica ya era reducida antes de la pandemia.
Ante esta situación dramática, no hay otra explicación posible que el cinismo de estos racistas que dedican su tiempo a cantar alabanzas a las fuerzas represivas del Estado.
Entre sus medidas estrellas también se encuentra la ampliación de la ratio de actividad empresarial, cultural o comercial. En principio, esta ampliación estaría limitada a los establecimientos de hostelería y restauración que presten servicio al personal sanitario, transportistas, agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de las FFAA. Teniendo en cuenta que en numerosos puestos de trabajo no existen condiciones seguras, esta ampliación, a decisión de las empresas y no de sus trabajadores por supuesto, significaría que estos últimos pusiesen en riesgo su vida para servir al mismo ejército y policía que tienen un largo historial de represión a las protestas sociales y de los trabajadores. Si hace falta prestar este tipo de servicios a los trabajadores de la sanidad y a los transportistas, lo que hace falta es poner dichos servicios bajo la gestión de sus trabajadores para que lo hagan en condiciones seguras, no ofrecer una carta blanca a sus propietarios para que se enriquezcan a costa de la salud de los asalariados.
Por último, Vox ha aprovechado la ocasión para cargar (otra vez) contra Cataluña, pidiendo al gobierno que aplicara el “artículo 155 o lo que fuera necesario”, según palabras de Santiago Abascal. Al parecer, el virus se sigue extendiendo, y no hablo solo del coronavirus, el nacionalismo español reaccionario, monárquico y católico del partido de extrema derecha parece estar lejos de llegar al pico de su curva infecciosa. | 
