A través de la resolución 51/2020, Sabina Frederic, a cargo de la cartera de Seguridad, resolvió que convocará al personal que se encuentra en situación de retiro a volver a cumplir funciones en las distintas fuerzas de seguridad (Policías Federal y provinciales, Prefectura, Gendarmería, Policía de Seguridad Aeroportuaria) .
Esto no solo pone de nuevo en evidencia que el gran eje del gobierno nacional es controlar la calle aumentando la militarización, sino que, como no podía ser de otra manera muestras que cuando los barrios y ciudades se plagan de policías, gendarmes y prefectos, las consecuencias son muy graves.
Son, como siempre, los pibes de los barrios más empobrecidos los que sufren las consecuencias de la militarización. Son esos mismos sectores a los que les es imposible llevar a a cabo una cuarentena como la que está imponiendo el gobierno nacional, simplemente porque viven hacinados y en condiciones de pobreza que implica además el escaso acceso a elementos esenciales como agua potable. Para ellos, solo palos.
La resolución
En uno de los considerandos, se señala “Que consecuentemente, las tareas encomendadas a las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales dependientes de este Ministerio requieren del empleo de recursos humanos que superan la nómina de personal que revista en actividad”. Para lo cual resuelve la incorporación de aquellos miembros de las fuerzas de seguridad que se habían retirado.
Aclara que deberán tener menos de 60 años ni pertenecer a grupos de riesgo, ni "haber sido condenado por un delito o poseer causa penal en trámite en calidad de imputado por delito doloso, durante el tiempo que permaneció en situación de retiro"; o "haber sido sancionado por falta disciplinaria grave o encontrarse involucrado en actuaciones disciplinarias en tramite por falta grave, durante el tiempo que permaneció en situación de retiro".
Vuelven con el prontuario "limpio"
Pero veamos cuál es la realidad cuando se trata “retirados”. Carla Lacorte es víctima de gatillo fácil e integrante del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CEPRODH), y denunció en sus redes sociales que “Siguen reforzando el aparato represivo, ahora con personal que por la edad puede haber participado en los últimos años de la dictadura cuando se utilizaban las comisarías como campos de concentración”.
A esta grave denuncia agregó a este medio que también “hay una gran cantidad de casos de gatillo fácil que quedan impunes, los policías son absueltos o les dictan falta de mérito”, y por lo tanto “tienen el prontuario limpio y siguen en actividad, o se retiran sin sanciones. A esos son a los que van a convocar a volver”.
Carla Lacorte hizo hincapié en el caso de lo que se conoció como la "Masacre de la Comisaría primera de Quilmes". “Los familiares de las víctimas denunciaron que el policía Fernando Pedreira, exonerado en 2007 por la muerte de los cuatro adolescentes, ingresó en la Policía Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires ocultando esta información”. En definitiva, todos vuelven con el prontuario limpio y libres de antecedentes, poniendo de evidencia también que el Poder Judicial en la mayoría de los casos es cómplice de las fuerzas represivas.
Por su parte, María del Carmen Verdú indicó que la resolución del Ministerio de Seguridad "autoriza reincorporación de personal con causas en trámite por delitos no dolosos, lo que incluye el enorme universo de imputados por gatillo fácil que jueces y fiscales benefician con calificaciones menores, como homicidio culposo y otras variantes".
Lacorte apuntó que “la nueva resolución y estas medidas para volver a integrar las fuerzas represivas ocultan una parte enorme de la realidad que es que la mayoría de esos casos donde son los familiares de las víctimas de gatillo fácil los que denuncian estos casos, si no fuera por ellos la impunidad sería mucho mayor” y agregó que “estamos a la puertas de una verdadera escalada represiva”,y llamó a repudiar “la escalada represiva que vamos a presenciar debido a estas medidas y la militarización de los barrios.
Grandes ejemplos como botón de muestra
Señalemos en primer lugar, que en este momento hay 282 miembros de la Policía Metropolitana que cumplieron tareas durante la dictadura genocida.
En segundo lugar, es bueno recordar que quien detenta el cargo de comandante general de Gendarmería, Andrés Severino, dirige la fuerza que todavía debe muchísimas explicaciones sobre la desaparición y muerte de Santiago Maldonado. Severino en el momento en que desaparece Santiago era titular de la Región VII de Gendarmería, una de las más importantes de la Patagonia.
Finalmente, otro que tiene experiencia en criminalización de la protesta y represión a los que luchan, y que debe bastantes explicaciones es Mario Farinón, jefe de la Prefectura Naval. Fue designado en marzo de 2017 por Patricia Bullrich al frente de la Jefatura Regional Viedma, desde donde controlaría las zonas Lacustre, Comahue, Mar Argentino Sur y Mar Argentino Norte. Sin dudas, conoce al detalle los pormenores del crimen del joven mapuche Rafael Nahuel, ocurrido el 25 de noviembre de 2017 en Villa Mascardi (cerca de Bariloche).
La salida a la crisis y la pandemia no puede ser la represión
El problema no son los que están en la calle porque no les queda otra, porque tienen que trabajar o porque sus hogares son precarios y viven hacinados, sino la falta de una política a fondo e integral que centralice todo el servicio de salud y realice testeos rápidos y masivos para dar respuesta a esta pandemia, junto con un plan de medidas de protección a las y los trabajadores que que pertenezca a servicios esenciales o precaricarizados y desocupados, que incluya la prohibición de despidos y rebajas salariales. Estas y otras medidas como el no pago de la deuda vienen siendo planteadas por el PTS en el Frente de Izquierda.
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